La gobernanza y la gobernabilidad son dos términos que desde hace un tiempo resuenan fuertemente, pues estos representan la gestión política y administrativa del poder.
Por gobernanza, se entiende que es el conjunto de instituciones a través de las cuales se determina la forma en que se ejerce el poder en un país, para desarrollar sus recursos económicos y sociales.
Mientras que la gobernabilidad es entendida como la capacidad que tienen los gobernantes para satisfacer eficaz y eficientemente las necesidades de sus representados, utilizando para ello herramientas denominadas políticas públicas.
En Colombia, aunque existen diversos organismos de vigilancia encargados del control disciplinario en los diferentes ámbitos sociales, políticos y económicos como la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, el Congreso de la República y la Contaduría General de la Nación, la falta gobernabilidad no ha permitido satisfacer eficazmente las necesidades de la sociedad.
Lo anterior, a causa de un conflicto que durante muchos años ha vivido Colombia y que ha traído grandes fracturas institucionales, como un Estado débil y una fragmentación social que, atravesada por múltiples violencias y situaciones de corrupción, aumenta la falta de confianza y representación hacia el Estado.
Esa violencia y corrupción, en consecuencia, empieza a desplegar en todos los departamentos y ciudades las mismas prácticas, es decir, una violación sistemática a los derechos de los ciudadanos por medio de falta de oportunidades, garantías y seguridad, lo que aumenta la falencia de la gobernabilidad, la ausencia y por ende la desigualdad.
Un ejemplo claro de la falencia de gobernabilidad se encuentra en el sector educativo dado que, aunque existen organizaciones encargadas de la vigilancia, regulación y control de la misma, la baja calidad, poca cobertura y falta de garantías, afectan las políticas públicas que garantizan el derecho a la educación, pues tanto en los territorios más alejados como en la ciudad, a los niños, niñas y jóvenes se les dificulta acceder a la educación, lo que conlleva a un aumento de la demanda educativa.
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Según datos de UNICEF, incluso antes del impacto de la covid-19, unos 262 millones de niños y adolescentes de todo el mundo, 1 de cada 5, no podían ir a la escuela, o completar su formación, debido a la pobreza, la discriminación, los conflictos, el desplazamiento, el cambio climático o la falta de infraestructuras y maestros. (Unicef, s.f.)
Otro ejemplo es el sector de la salud, al igual que en la educación, aunque existen diversas entidades encargadas de la vigilancia y control como el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, entre otros, siguen existiendo barreras que impiden que las personas reciban atención médica en caso de necesitarlo, como la falta de centros de atención, una mala calidad del servicio o la falta de dinero para dichas instituciones.
Entonces, es claro que, aunque en Colombia existe una gobernanza estructurada, pues los mecanismos de control se encuentran establecidos, al momento que el Estado delega la responsabilidad de control a los organismos de vigilancia, los resultados de las diversas políticas públicas se empiezan a perder, dado que, se termina favoreciendo a los intereses personales o de unos pocos, dejando de lado los intereses de la sociedad.
Por tanto, es necesario que el Estado establezca mecanismos que realmente garanticen y articulen la gobernanza con la gobernabilidad, dejando de lado los problemas mencionados en el presente ensayo y los que por añadidura aparecen, para que estas dos en conjunto cumplan las diferentes políticas públicas que satisfacen las necesidades de la sociedad y pueda existir realmente una gobernabilidad.
