El cese de fuego pactado entre el gobierno y el ELN, tuvo una vigencia de 360 días con relevantes logros en el desescalamiento del conflicto armado. Se redujeron los hechos de guerra, emboscadas, enfrentamientos, bombardeos, minas antipersona, muertes y lesiones, daños a infraestructuras, al tiempo que la tensión por la disputa del espacio político y la legitimidad de sus acciones, enfrentan al gobierno del cambio con el bloque de ultraderecha. El gobierno tiene el mandato de cambiar las estructuras institucionales y de crear condiciones para una paz negociada y el poder tradicional se aferra a la promesa de que la guerra es la única vía que lleva a la derrota militar del enemigo.
Paz y fin del conflicto definen el objetivo a alcanzar en mesas de conversaciones políticas con las insurgencias y socio-jurídicas con otros actores organizados que usan la violencia. La agenda pactada entre el gobierno y el ELN está en discusión y el cese que recién termina corresponde a un primer momento. La no prórroga puede ser aprovechada por la insurgencia para poner a prueba su accionar de ejército con nuevas tácticas y aprendizajes que mantuvo en suspenso y el gobierno promover fórmulas de ataque con nuevas formas de intervención. En el proceso de conversaciones el ELN dejó al descubierto que no está sometido a rutas previas de continuidad lineal y por tanto son posibles múltiples ceses temporales, sin que se produzcan rupturas definitivas, ni desencuentros absolutos.
El programa fundacional del ELN no ha cambiado; tampoco ha cambiado la agenda social de los sectores excluidos que se mantiene intacta y; lo nuevo es la existencia del tercero históricamente excluido en ejercicio del gobierno, que acosado no logra estabilizar la gobernabilidad ni ejecutar la agenda de inmediato plazo que es la que principalmente influye en la percepción social e impacta electoralmente, ni definir la de largo plazo con las demandas sociales históricamente negadas. El gobierno ha puesto en primer plano la movilización espontánea para legitimar sus actuaciones y la insurgencia reconfigurando sus estructuras como organización. Cada parte conforme a sus modos de acción del poder, suma para derrotar las costumbres políticas del poder hegemónico que incrustadas en las instituciones del estado tratan al gobierno como a su enemigo interno al que deben derrotar, buscando que este a su vez desplace su ataque contra la insurgencia y lo trate como su principal enemigo al que fuerza a romper el diálogo que es el único método efectivo para salir de la guerra.
El cese al fuego, contribuyó a la construcción de confianza y las partes han cumplido a pesar del ataque sistemático y estratégico que las fuerzas de poder hegemónico tradicional adelantan con medios de comunicación, fake news, desacreditación internacional y medidas legales tendientes a afectar sus avances y generar la ruptura entre las partes en la mesa; entre la mesa y el gobierno y; entre el gobierno y la nación. Para el ELN, el cese le permitió mostrar su compromiso con un proceso de paz serio con meta posible de cierre definitivo del conflicto, en tanto los acuerdos se materialicen eliminando las causas que generan su existencia y legitiman sus acciones. Para el gobierno, la continuidad del cese es una prueba de su voluntad política para buscar soluciones urgentes e implantar en el seno del estado, de sus instituciones y procedimientos, las respuestas materiales adecuadas para convertir en realidad cada acuerdo alcanzado y garantizar un monitoreo imparcial.
La eficacia de este primer cese de fuego entre el gobierno y el ELN, tuvo que ver con que el gobierno aceptó basar el reconocimiento de su contraparte conforme ella misma se identifica como interlocutor, definiendo su naturaleza e identidad y en consecuencia acepta responder en adelante. El gobierno no pre definió al otro por voluntad propia, lo que permitió un diálogo directo y honesto, sin intermediaciones ni intenciones de burlar al otro. La confianza construida alrededor de la mesa durante la experiencia de la implementación del cese, es un activo significativo en los futuros ciclos de negociaciones, que tendrán que reiniciar con un nuevo y urgente cese de fuego, que mantenga el avance significativo en la búsqueda de una paz duradera y reafirme el sentido de respeto a los derechos humanos y a las reglas del DIH en virtud de la voluntad política y de la confianza mutua para orientar esfuerzos conjuntos con perspectiva de poder popular hacia la transformación de las realidades que tienen lugar de encuentro en justicia social con respeto a la dignidad humana.
Los desafíos vienen con riesgos que deberán ser superados. La coyuntura social y política global y local es favorable para mantener la vigencia del conflicto y contrario a lo esperado ofrece razones objetivas para mantener la insurgencia. Las causas que incuban y alimentan levantamientos tienden a permanecer. Hay un ascenso de ultraderechas al poder, inestabilidad e intervencionismo en América latina, fracaso de las libertades prometidas por el modelo neoliberal, concentración del capital, saqueo de recursos naturales, debilitamiento de instituciones globales como ONU, CIJ, CPI, ruptura del acatamiento a los sistemas justicia universal, impunidad sobre crímenes internacionales, degradación de derechos, desigualdad, empobrecimiento, reorganización paramilitar, desestabilización en el vecino país, clientelismo y corrupción instalados en las instituciones, poderes mafiosos aliados con clanes políticos. En medio de estas contradicciones fue posible este primero y más prolongado cese del fuego en los sesenta años de historia del ELN. El cese seguramente podrá continuar como lo esperan los alinderados de la paz, víctimas, sectores académicos, populares, trabajadores, organizaciones civiles, sin que ello implique, predefinir que la única ruta posible sea la que conduce a la entrega de armas del ELN, cuya existencia está ligada a las demandas sociales insatisfechas históricamente, pero que además siente la responsabilidad de impedir la acción paramilitar que ha aprovechado la inactividad militar de la insurgencia para reordenar sus vínculos de refundación.
