La decisión unánime de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de ordenar detención domiciliaria para Álvaro Uribe Vélez fue un acto de valor. Se produjo en medio de amenazas e intimidaciones, abiertas o veladas, por parte de sus amigos. Hasta el presidente Duque pretendió desdoblarse y en su calidad de ciudadano pidió respaldo para su jefe y mentor.
La polarización política se ha exacerbado en los últimos tiempos en Colombia. En dos años, invocando la “legalidad” este gobierno ha intentado retornar a las oscuras sendas de la Seguridad Democrática de Uribe. El desconocimiento del Acuerdo de paz, la sistematicidad en el asesinato de dirigentes sociales y de excombatientes, precisamente en las regiones con mayor presencia militar, y el retorno de los falsos positivos son expresión de ello.
Las violaciones al Estado de derecho y el atropello a las instituciones son pan de cada día. Las evidencias sobre los vínculos de la élite gobernante con el poder mafioso se han confirmado en esta época de pandemia. Para completar, el fiscal amigo del presidente solo investiga a la oposición y el Congreso funciona a medias.
Sin embargo, la decisión de la CSJ se produjo en derecho y no resulta de la situación política descrita. El acervo probatorio y el fallo de 1.554 páginas así lo demuestran. Por ello, pretender que el expresidente es víctima de la persecución del alto tribunal y señalar que su decisión es política y no judicial, es solo parte de una estrategia mediática.
Una estrategia de engaño y fraude que ha sido práctica reiterada. En 2007, cuando era presidente, estalló el escándalo por los vínculos entre paramilitarismo y política, que involucró a muchos congresistas. La CSJ, en cabeza del magistrado auxiliar Iván Velásquez, investigaba a los implicados, entre ellos Mario Uribe, primo de Álvaro. En esa ocasión, este acusó al magistrado de manipulación a ex paramilitares para que lo involucraran a él mismo.
Sin embargo, todo fue un “burdo montaje” contra Velásquez, como concluyó entonces la Fiscalía. Hubo un intento de soborno a un paramilitar preso en la cárcel de Itagüí, conocido como Tasmania, para que acusara al magistrado, a cambio de beneficios económicos y judiciales. Al poco tiempo, el paramilitar se retractó.
Pero la estrategia no paró allí. Tiempo después se conocieron las “chuzadas” o interceptaciones a los magistrados de la CSJ y a un importante número de dirigentes políticos, sociales, sindicales y periodistas. Se inició también una campaña de desprestigio de los magistrados y de acoso a sus familias. Fue entonces cuando se presentó la famosa visita clandestina del paramilitar Job a la “Casa de Nari”, para presentar evidencias de un supuesto soborno a los magistrados. Pero quedó claro que todo fue parte del montaje.
De acuerdo con la revista Semana, cuando el DAS fue cerrado debido al escándalo, documentos claves de seguridad nacional que comprometían operaciones estratégicas fueron vendidos a guerrilleros, narcotraficantes y gobiernos extranjeros. Algunos de los testigos en contra del expresidente, como Carlos Areiza, desaparecieron como “buenos muertos”.
La historia se repite ahora. En febrero de 2012 Uribe denunció a Iván Cepeda por intentar sobornar a paramilitares para que declararan en su contra, en un proceso que ahora no era contra su primo sino contra su hermano Santiago. Seis años después, el 16 de febrero de 2018, la CSJ exoneró al congresista y el 23 de julio decidió abrir una al expresidente por su supuesta participación en los delitos de soborno y fraude procesal, hechos sucedidos inmediatamente después de la decisión sobre Cepeda.
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Diego Cadena, el “aboganster”, presentó 31 testigos, políticos y paramilitares, para tratar de desvirtuar las acusaciones; las múltiples pruebas llevaron a la CSJ a una sentencia contundente
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En este proceso, Diego Cadena, abogado del expresidente y autodenominado “abogangster”, presentó 31 testigos, entre políticos y paramilitares, para tratar de desvirtuar las acusaciones. Sin embargo, las múltiples pruebas disponibles llevaron a la CSJ a producir una sentencia contundente. El 6 de agosto pasado, El Espectador recogió algunos de sus apartes: “Puede hacerse la inferencia razonable de que por interpuesta persona y en distintos eventos que se ofrecen recurrentes el senador Uribe Vélez efectuó ofrecimientos o promesas de beneficios económicos y/o jurídicos a varios testigos para que declararan falsamente a su favor” (…) “Su rol fue fundamental, trascendente y muy activo en todas las fases que se requirieron para conseguir esos testimonios” (…) fue “determinador, inductor y beneficiario”
Sin embargo, es claro que la medida de aseguramiento no es una condena y que el alto tribunal debe decidir ahora si amerita enjuiciarlo. El expresidente cuenta con todas las garantías para defenderse. El proceso apenas comienza, pero es un buen comienzo. En la CSJ cursan 17 investigaciones adicionales en su contra. Entretanto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acaba de pronunciarse a favor de Iván Velásquez y de Gustavo Petro por las interceptaciones del pasado.
Las huestes uribistas han reaccionado a la usanza de su jefe. Se habla de llamar a los militares en reserva y de convocar una Constituyente para reformar la justicia y dejar una sola corte. Avanza el discurso fascista. El pronunciamiento unánime de las cortes fue importante y mereció el respaldo de los demócratas.
