Un fallo de la Corte Constitucional ordena su reubicación. A más de un año de esta decisión, aún continúan expuestos a que en cada invierno, el río Guatiquía arrase con sus viviendas y sus vidas.
Ante la avalancha —también anunciada— en Mocoa (Putumayo), 212 familias que desde el 2013 viven a lo largo del dique longitudinal, en la margen derecha del río Guatiquía, en Villavicencio, decidieron recordarle al Estado la obligación que tiene de acatar el fallo de la Corte Constitucional que ampara su derecho fundamental a una vivienda digna.
Temen por sus vidas y las de sus hijos. Y esperan que una tragedia como la de Mocoa no se repita en Villavicencio.
El 18 de abril, realizaron una marcha pacífica por las calles céntricas de la capital del Meta, que concluyó con plantones frente a la Alcaldía y la Gobernación.
Sus temores no son infundados. En concepto de la Oficina de Gestión del Riesgo de Villavicencio, “las familias asentadas en el cauce activo del río Guatiquía tienen vulnerabilidad muy alta a un riesgo inminente de inundación”, según se lee en la Sentencia de la Corte.
El invierno arrecia. Este fin de semana ya cobró dos vidas en la capital del Meta, ante el desbordamiento del Caño Maizaro. Pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) anuncian lluvias hasta junio.
Del campo a las orillas del río
Vivían rodeados de aire fresco, respirable. Despertaban con el canto de los gallos y el trinar de los pájaros. Labraban la tierra. Cosechaban sus frutos y se alimentaban de ellos.
Ordeñaban las vacas. Su leche nutría los niños y niñas que correteaban libres por el campo.
Era lo más parecido al paraíso.
De pronto, estruendos de ráfagas de fusil empezaron a irrumpir en el silencio de las noches. Pocos dormían ya tranquilos. A cada tiroteo era mejor meterse debajo de las camas, o irse para la ‘mata e’monte’ (sitio selvático o con muchos árboles o arbustos), hasta que pasara.
Cada vez se acercaban más, hasta que los cercaron. Y los obligaron a irse.
Ahora, desposeídos, desarraigados, por esas cosas inexplicables de la vida, como atraídos por el imán del rumor del agua, fueron asentándose a orillas del río Guatiquía, en Villavicencio. Son, en su mayoría, familias de campesinos que huyeron de las balas de los violentos que se apoderaron de las tierras donde vivían.
Conformaron lo que hoy se conoce como los asentamientos de desplazados Villa Campestre No. 1 y Brisas del Valle No. 2. Son 212 familias, todas víctimas de desplazamiento forzado. Llegaron a la ‘Puerta del Llano’ de distintas regiones del país.
Construyeron improvisados ranchos de madera, plástico y latas, que poco a poco algunos han ido transformando en viviendas de cemento, más firmes. Poblaron la margen derecha de este afluente, que en cada invierno amenaza con arrastrarlos corriente abajo.
Saben que están en zona de alto riesgo. Y también saben que es el único lugar que encontraron disponible en la ciudad para por lo menos no vivir a la intemperie y brindarle un techo a sus familias.
Saben que deben encontrar una solución, y la buscaron por vías legales. Interpusieron una tutela para que el Estado colombiano les amparara el derecho a una vivienda digna.
En decisión de última instancia, la Corte Constitucional ordenó a la Alcaldía de Villavicencio, la gobernación del Meta y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la reubicación de estas 212 familias. Al concederles el “amparo del derecho fundamental a la vivienda digna de las 212 familias”, como consta en la Sentencia T-188 de abril 18 de 2016, la magistrada ponente María Victoria Calle Correa advierte a estas entidades estatales que “adopten medidas tendientes a evitar la ocurrencia de un siniestro en el lugar de los asentamientos”.
Más grave aún es que no son las únicas familias asentadas a lo largo de la margen derecha del río Guatiquía. “Hay más de 150 familias de otros asentamientos de desplazados que se encuentran en similares condiciones viviendo sobre el cauce del río Guatiquía”, asegura Samuel Rojas, representante legal de la Fundación Dignidad y Esperanza, organización a través de la cual tramitó la tutela que ampara el derecho a una vivienda digna a las 212 familias que la conforman.
Hace ya un año y un mes del fallo de la Corte, y los entes gubernamentales han hecho caso omiso.
“No hay una propuesta clara frente a la reubicación de las 212 familias. Ni siquiera para vivienda transitoria mientras se da la de carácter definitivo”, dice Samuel Rojas, al tiempo que anuncia la radicación de un incidente de desacato, acción judicial con la que sigue en la búsqueda de una solución a estas familias desplazadas.
Esta vez espera que sus voces sean escuchadas.
