El objetivo de este artículo es darle elementos para la formulación de los Planes Departamentales y Municipales a todos aquellos Alcaldes/as y Gobernador@s que se han sentido por fuera de la Implementación del Acuerdo de Paz de 2016.
Por supuesto también para quienes han sido llamados municipios PDET de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.
Surge de mi experiencia en la negociación del Acuerdo desde centros de investigación, organizaciones de derechos humanos y de los pueblos étnicos y campesinos, de su su impulso en las instancias de más alto nivel del Acuerdo en medio de las dificultades durante los gobierno de Santos y Duque y del trabajo en su implementación en la Administración Petro.
Se presenta por punto del Acuerdo unos mínimos que les permitiría a las autoridades locales, aún de las grandes ciudades, acudir al Gobierno Nacional para financiar o co-financiar o generar concordancias para el impulso de iniciativas en lo local, desde un balance de los retos para hacer posible la ambiciosa agenda del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 que integró por primera vez desde la firma del Acuerdo, su implementación como prioridad.
A modo de presentación:
El Acuerdo de Paz de 2016 no está limitado a los 170 municipios PDET. Esa fue una primera priorización que se reglamentó bajo el Decreto Ley 893 de 2017 y unos criterios específicos pero que para nada incluye la totalidad de la aplicabilidad del Acuerdo.
Esa interpretación minimizó la importancia de lo firmado y dejó huella en la interpretación de su potencial, ante la débil arquitectura y adecuación institucional que dejó instalada Juan Manuel Santos para cumplir lo pactado y el mantra de “hacer trizas la paz” del gobierno de Duque, que dejó por fuera la oportunidad de entender la magnitud y la potencialidad de ese Acuerdo de Paz para la transformación profunda de Colombia.
Hoy día una gran mayoría de los municipios PDET no vieron los cambios soñados si bien hubo importantes transformaciones que hay que destacar y profundizar.
Como ya se municionó con este artículo no se espera desestimar la necesidad de transformaciones en esos territorios que se atienden de manera exclusiva con la Agencia de Renovación del Territorio, sino dar elementos para potenciar en el resto del país la oportunidad para apalancar, gestionar y poner en agenda los recursos necesarios y suficientes del orden nacional, para cumplir el PND 2022 - 20226 con el apoyo como nunca de la comunidad internacional el cumplimiento de lo pactado en 2016.
Bajo la formulación de los Planes de Desarrollo Departamental y Municipal en curso y la voluntad específica del gobierno nacional de la política de Paz Total a partir de la Implementación de Acuerdo de Paz como principio, bandera y una de las Transformaciones del Plan Nacional de Desarrollo 2022 2026, es urgente poner a disposición de las autoridades locales y la ciudadanía y los Consejos de Planeación, unas consideraciones mínimas para que si son bien recibidas sean tenidas en cuenta en marcó del proceso de formulación que será liderado por las Secretarías de Planeación alcaldías y departamentos.
Acá partir del principio que el Acuerdo de Paz tiene el potencial de llegar a todo el territorio nacional a través de varios instrumentos y desarrollos del mismo.
Punto a punto del Acuerdo vamos a reseñar los siguientes:
Punto 6: Implementación del Acuerdo: Enfoque de Género y Capítulo Étnico.
Para darle la relevancia y el alcance que merece voy a empezar por el Punto 6 del Acuerdo con dos elementos fundamentales para los planes de desarrollo municipal y departamental y que superan la territorialización de los PDET.
Es posible dejar un Capítulo de Paz dentro de los Planes Territoriales de Desarrollo en los 1103 municipios del país dada la transversalización del enfoque género que se complementa con denominado en el Capítulo Étnico como de género mujer familia y generación. En palabras castizas con indicadores específicos del Plan Marco de Implementación - PMI y compromisos de Estado, tiene la potencialidad de llegar a todo el territorio nacional donde habiten mujeres o se pueda afirmar la diversidad de género.
Para el estudio de las autoridades locales y de los Consejos de Planeación, el Acuerdo de Paz, integrado en el PND determina explícitamente medidas específicas para la protección, reafirmación y restitución de derechos y protección y formulación de políticas para la construcción de paz, donde se hayan perpetuado afectaciones por el conflicto armado basadas en violencias basadas en género o sea necesarias medidas de fondo para avanzar en la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres y otras identidades de género y estamos hablando de proyectos productivos, lineas propias de comercialización, agenda específica de inversiones territoriales y participación y ejecución de mediadas en todos los puntos del Acuerdo.
Por su parte en este mismo punto del Acuerdo de Paz en el numeral 6.2 está contenido el Capítulo Étnico. De manera sencilla se entiende que el Acuerdo cobija con medidas específicas contenidas en la literalidad de lo firmado, así como con 100 indicadores del Plan Marco de Implementación - PMI a la totalidad de los hasta ahora 115 Pueblos Indígenas de Colombia, los Pueblos Negros Afrocolombianos Raizales y Palenqueros, que podemos decir es una población que se estima puede llegar a ser más del 20% de la población del país y al Pueblo Rrom Gitano.
Esta aplicabilidad del Acuerdo de Paz no está exclusivamente atada a los territorios PDET y para municipios del pacifico o de la Amazonía donde habita mayoritariamente los pueblos étnicos es fundamental para sus Planes de Desarrollo Territorial. También en las grandes urbes y otros municipios en donde habiten por razones de territorialidad ancestral o en relación del conflicto que hayan sido desplazados y que no estén en los PDET es posible hacer exigencias precisas de aplicabilidad del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz que va atraviesan todos los puntos del Acuerdo con medidas específicas y no limitadas a territorios específicos.
El Estado y más este gobierno que delego directamente a la Vicepresidenta para el cumplimiento con el Capítulo Étnico hoy prioridad de Estados Unidos, México y Canadá como garantes, género responsabilidades exclusivas con los pueblos étnicos y así poder tener una aplicabilidad en todo el territorio nacional donde habitan estos pueblos, especialmente porque reconoce que hay una especial protección ante la urgencia de resarcir las afectaciones del conflicto armado.
En este caso el mensaje es claro para los alcaldes/as y gobernador@s y su secretari@s de planeación, es posible tener Capitulo de Paz en sus Planes de Desarrollo en todo el territorio nacional donde habiten y/o existan territorios de pueblos indígenas y afrocolombianos en contextos rurales, urbanos y de ciudad y hay una posibilidad exigencia de derechos desde ese escenario y la posibilidad de trabajar en coordinación con el Gobierno Nacional en marco del PND 2022- 2026.
En términos de desarrollo institucional ahora el Capítulo Étnico y el Enfoque de Género tiene un mandato especial en cabeza de la Vicepresidenta Francia Márquez y de la CSIVI donde convergen el Alto Comisionado para la Paz y la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz en Presidencia y el Ministerio de Interior.
Punto 1: Reforma Rural Integral: Planes Nacionales de la Reforma Rural Integral
En la Reforma Rural Integral destacar los 16 Planes Nacionales de la Reforma Rural Integral - PNRRI que si bien han sido la gran deuda que ha tenido los gobiernos anteriores con implementación del acuerdo de Paz y se han confundido en su mayoría con la histórica oferta institucional de los 10 ministerios, entidades y sectores del Estado colombiano encargados de estos planes, tienen un alcance específico diseñado en el acuerdo de Paz, con indicadores específicos en el Plan Marco de Implementación.
Estos 16 Planes específicos para resolver los conflictos estructurales que buscan solucionar las condiciones que en el campo dieron origen a la guerra, van desde la soluciones concretas de Acceso y Formalización de tierras, incluidos los predios de la SAE que pueden ser de interés para los entes territoriales.
Acá se cuentan las 1.5 millones de hectáreas que se se están comprando en este gobierno y la formalización masiva que tiene por meta 7 millones de hectáreas, Planes Nacionales de Vías Terrestres, Fluviales y aéreas, de Vivienda, Agua Potable, Salud y el Electrificación Rural, hasta fomento de la Economía Popular. Para su implementación tienen una mirada integral para la transformación del campo y son una oportunidad única para poder de fondo afrontar las necesidades de los territorios identificadas en el 2016.
En este sentido con los 16 Planes de la RRI, superamos la priorización de los PDET que si bien son territorios que deben seguir siendo acompañados, con una oferta institucional amplia, puede ahora cobijar el resto del territorio nacional y que no quedó en esa territorialización de los 170 municipios.
Desde los Planes de Desarrollo Territorial de pueden hacer una demandas específicas para poder transversalizar los Planes Nacionales de la Reforma Rural Integral dentro municipios que han venido reclamando la importancia de poder entrar dentro de la aplicabilidad de Acuerdo de Paz.
Esa conexión es hoy directa con el PND 2022-2026 y la principal tarea desde lo local y regional es poder hacer ese ejercicio de conocer, apropiar y adquirir los instrumentos y alcance de los Planes Nacionales de la RRI, que muchos requieren de responsabilidad en la co-gestión o concordancia desde el ente territorial.
En el escenario internacional los acompañantes del Acuerdo y Embajadas y otros cooperantes están interesados en los Planes Nacionales a partir del interés de de la administración Pétro de vitalizarlos por lo que es posible hacer un ejercicio de construcción de propuestas desde el territorio para poder tener inversiones que transformen los territorios afectados por el conflicto armado y más allá.
Acá un ejemplo con el PDET Bogotá, una forma de apropiar el Acuerdo de Paz en la administración de Claudia López, se logró para el Sumapaz unas inversiones de más de 160 mil millones en concordancia con el Ministerio de las TIC. Derivado de esta experiencia y con mi experiencia, he invitado a la Gobernación de Boyacá y del Vichada a y con este articulo a que formulen PDET para sus territorios y municipios o dejen Capítulos de Paz en sus Planes de Desarrollo que les permitan apalancar cambios claves para sus regiones.
Punto 4: Reforma Rural Integral y Solución al Problema de Drogas Ilícitas desde la Reconverción Productiva.
Del Punto 4 de Acuerdo, que es subsidiario del Punto 1 y así se debe entender dado que sin Planes Nacionales de la Reforma Rural Integral sería imposible poder resolver el problema del campesinado cocalero y que cultiva marihuana y amapola, es fundamental entender 2 potencialidades del PND 2022 - 2026 y de los logros del gobierno Petro.
1. Con la Nueva Política de Drogas que permite ver temas gruesos como los del consumo de sustancias psicoactivas, el desmantelamiento de la estructura criminal del narcotráfico y una agenda que para municipios y departamentos por fuera de los PDET es fundamental. Desde esta política desde municipios especialmente afectados por el impacto del narcotráfico es clave dejar concordancias en sus Planes de Desarrollo Territorial. Hoy día Colombia lidera la agenda internacional para ir mas allá del tratamiento militar de la War on Drugs, (Guerra contra las Drogas) impulsada por los Estados Unidos desde los años 70s.
2. Con la nueva Política de Reconverción Productiva, que incluye el compromiso del gobierno Petro de concluir y culminar los acuerdos derivados del PNIS Programa Nacional Integral de Sustitución que en más de 56 municipios, tuvo una oportunidad histórica de avanzar en el problema de drogas ilícitas, pero que lastimosamente derivado de los incumplimientos de los gobiernos anteriores con el Campesinado cocalero, rompieron las confianzas y dejaron deudas acumuladas y se concibe generalmente como un fracaso, se retoma una agenda amplia centrada no solo en la la sustitución sino en una agenda de transformar territorios a economías lícitas.
Hoy existen los recursos y la potencia de incorporar una política de Reconversión Productiva en más de 140 municipios donde está rastreado desde la Dirección de Sustitución de Cultivo de uso Ilícito - DCSI en una agenda que va más allá de la simple política de sustitución.
Aquí una oportunidad histórica para que en los municipios donde existan esa simultaneidad de temas asociados a la producción de Coca, Marihuana y Amapola con uso criminal, recordando que son es plantas sagradas, puedan incluir dentro de los Planes de Desarrollo Territorial una complementariedad y concordancia con el Acuerdo de Paz.
En este caso estamos hablando que son cerca de 100 municipios que están por fuera de los PDET y que tienen esta condición de ser municipios con cultivos y con economías que quieran ser reconvertidas a rentas legales, una de las apuestas permanentes del presidente Petro en sus giras regionales.
Punto 2: Participación Política. Hagamos pedagogía de la paz. Estatuto de la Oposición.
Del punto dos de Acuerdo hay que reconocer y es muy importante dejarlo claro que temas como el Estatuto de la Oposición ha permitido la apertura política en el país y ahí se sigue beneficiando ya en este momento en todo el país. Esa pedagogía mínima es importante que se apropie a nivel territorial. El hoy alcalde Galán en Bogotá en la administración pasada entro a liderar también la oposición en el Consejo, así lo hizo Petro en el Senado y ahora pudieron acceder a mover las los riendas de Bogotá y del país.
En este punto del Acuerdo quedaron mecanismos claves que para dinamizar agenda departamental y municipal como los Consejos de Paz y programas de pedagogía para la Construcción de Paz que en medio de la formulación de los Planes de Territorial, tienen una oportunidad también para poder afirmar desde ahí la apertura democrática en el país. Ahí se pueden hacer gestiones desde lo local y regional ante el gobierno nacional que tienen un especial interés en la materia y ante otros actores publicas internacionales y privados con el interés de fortalecer la agenda para la reconciliación. Las Cátedras de Paz, diplomados y otras formas desde la academia y las organizaciones sociales y comunitarias están a la orden del día y de ah la importancia de dejar esos lineamientos en los Planes de Desarrollo Territorial en formulación.
Punto 3: Solución al conflicto y atención a firmantes del Acuerdo de Paz.
Por su parte y no puede ser menor el Acuerdo de Paz tiene la potencialidad de llegar por el Punto 3 a cualquiera de los lugares donde habiten los más de 13 mil firmantes de 2016, así como de procesos de paz anteriores, para atenderlos a nivel municipal tanto en forma comunitaria e individual ya sea en aquellos municipios donde dejaron las armas o aquellos que son receptores incluidos los de las grandes ciudades donde se concentran la mayoría de los firmantes hoy día.
Las y los Secretari@s de Planeación deben saber que a partir de la política de la Agencia de Reincorporación y Normalización - ARN es posible hacer proyectos que agrupen y den respuesta a soluciones de fondo a las necesidades de los firmantes del Acuerdo de Paz y de sus comunidades, que hay que reconocer es una población que tienen un especial potencial en la oportunidad de generar condiciones de confianza para nuevas negociaciones en curso, que con sus dificultades, son una esperanza de Paz Total.
En municipios del Meta o el Caquetá se ha visto el potencial en Ecoturismo y otros proyectos productivos y agroindustriales que han dinamizando la economía regional. La invitación es clara a asociarse con l@s firmantes y desde las administraciones municipales poder hacer gestión conjunta con el gobierno y la cooperación internacional que tiene un especial interés en que esta población haga su reincorporación en total de garantías y para el buen vivir.
Punto 5. Sistema Integral de Paz y Víctimas.
Del punto cinco de Acuerdo de Paz relacionado con el Sistema Integral de Verdad, Justicia , Reparación y Garantías de no Repetición, destacar varios temas. 1. En municipios donde haya habido afectaciones especiales de la fuerza pública comparecientes en la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP y de los firmantes de Acuerdo de Paz y otros actores sociales y políticos que ese están acogiendo en esta Jurisdicción y que se puedan desarrollar de manera individual o colectiva TOAR, los Trabajos y Obras con Contenido Restaurador y Reparador, es muy importante que se pueda integrar ese tipo de articulación dentro del Plan Municipal y Departamental de desarrollo.
En este sentido podríamos ver a partir de esa política de los TOAR una posibilidad para generar espacios de protección de la memoria y de generación de símbolos claros para la no repetición y también de obras de infraestructura y comunitarias en los territorios afectados por las violencias derivadas del conflicto armado. De nuevo entonces tenemos una posibilidad de superar la priorización PDET. La tarea después de incluir en el Plan de Desarrollo Territorial para las administraciones locales y las comunidades Victimas es ir formulando los términos de los TOAR en sus territorios.
Asimismo, hay una potencialidad también a desarrollar en relación con la implementación del Acuerdo de Paz y es hacer gestiones para la incorporación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en todo el territorio nacional, que tiene recomendaciones específicas por varias regiones más allá del PDET, así incorporar como prioridad el valioso trabajo que viene haciendo la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
Este último punto muy importante para cientos de miles de familias que esperan poder saber de sus seres queridos ante el dolor de la desaparición forzada. Aquí también hay una posibilidad para los municipios y departamentos para que prioricen esta conexión directa con el Plan Nacional de Desarrollo, con el Acuerdo de Paz y con la posibilidad de la potencia para la vida en el punto de más interés para las víctimas del país.
A modo de cierre: ¿hay los suficientes recursos para tanto sueño de Paz en en el PND 2022-2026?
La respuesta simple NO. La respuesta compleja es clave que los jalemos desde todos los estamentos del Estado a nivel nacional y departamental. Este gobierno ha destinado el mayor presupuesto en relación con la Implementación del Acuerdo de Paz pero hay que decirlo está fundamentalmente puesto en la compra de Tierras del punto uno de acuerdo de paz donde se ha venido avanzando significativamente como ya se mencionó y en la formalización de Tierras fortaleciendo y haciendo grande la Agencia Nacional de Tierras.
También es clave la política de Reconversión Productiva del Punto 4 que si bien ha recibido críticas por su lentitud en la implementación, tiene un potencial enorme y unos recursos claves para avanzar en la transformación territorial. Temas como los de los PDET y sus Planes de Acción para la Transformación Regional siguen en desarrollo y con acciones claves de de gestión ante las más de 33 mil iniciativas con que soñó el campesinado y los pueblos negros e indígenas de esos 170 municipios para ver cambios para la paz .
La agenda con los firmantes avanza como prioridad en marco de la Paz Total y también ha habido una gestiones importantes para avanzar en un tema fundamental en el Acuerdo que es la reparación integrar a las víctimas, entendiendo que como lo ha dicho el mismo presidente de la República los recursos no son suficientes para poder avanzar en una respuesta integral ni siquiera en el componente destinado a la indemnización administrativa además de 10 millones de víctimas.
Sin embargo, como nunca se ha restituido tierras individuales, de los pueblos étnicos y colectivas y predios antes en poder del narcotráfico a través de la SAE se están entregando a las víctimas. Se acaba de firmar un decreto de compra de bienes de la SAE para la Reforma Agraria del orden de los 600 mil millones lo que permitirá agilizar esta política. Toda esta agenda debe ser apropiada desde los entes territoriales en su agenda de Paz.
Sin embargo y es muy importante también dejarlo claro, si bien el Plan Nacional de Desarrollo, dejó unas asignaciones estimadas de más de 50.4 billones de pesos para la Implementación de Acuerdo de Paz, en un estudio detallado a esas inversiones he encontrado que esos recursos están asociados fundamentalmente a mantener la oferta institucional histórica del Estado y no como lo estipulo el Acuerdo y el Plan Marco de Implementación a asignaciones específicas para su implementación.
Esta mirada es una interpretación amañada de los gobiernos anteriores especialmente del de Duque que simuló la implementación en el SIIPO del DNP con esta oferta institucional que nada cambia, ni introduce cambios de fondo a las condiciones que generaron el conflicto. Acá la pregunta válida del último informe del Contraloría para el Postconflicto, dónde requieren al Estado de están los supuestamente 70 Billones de pesos reportados en la implementación del Acuerdo desde la firma ? Y porque no se ven transformaciones ni siquiera en los municipios PDET?
La respuesta es sencilla. Asistimos una simulación de la implementación del Acuerdo de Paz. Por poner un ejemplo sencillo todo PAE - Programa de Atención Escolar, un programa que se creó en el 2011, 5 años antes del acuerdo, está reportado como implementación del Acuerdo de Paz. También toda la infraestructura de salud y mantenimiento en municipios PDET, que con Acuerdo de Paz o no ya venían funcionando.
En territorios de los PDET, con los llamados coloquialmente como “cazadores del SECOP” se reportó todas las inversiones en esos 170 municipios para dar cifras de cumplimiento, con oferta propia de los entes territoriales y también de cooperación internacional a las que ni siquiera se les hizo pedagogia de la implementación del Acuerdo. Por eso las comunidades y las autoridades locales en la gran mayoria del país siguen reclamando el Acuerdo de Paz como prioridad y por eso Petro lo incluyo como bandera en su campañara y en el PND 2022-2026.
Esta información ya la conocen las entidades encargadas de la Implementación del Acuerdo y es clave un ejercicio de autocrítica muy importante para evitar seguir con esa simulación. Hoy se reconoce desde los mismos Ministerios y entidades que la mayoría de los Planes Nacionales de la Reforma Rural Integral, por ejemplo, están desfinanciados y que no tienen una agenda específica para la priorización territorial.
Este tema sin embargo se ha puesto en agenda para corregir dado los llamados de atención que viene haciendo el gobierno nacional desde a Presidencia al respecto. También hay un interés de la cooperación internacional, para dinamizar esos planes por lo que reitero existe una oportunidad para seguir impulsándolos desde los Planes de Desarrollo Territorial en la formulación en curso.
En este gobierno con la voluntad política de implementar el Acuerdo podemos avanzar en esta posibilidad de su implementación y con una posibilidad única que tienen las alcaldías municipales y los las gobernaciones departamentales para poder hacer una gestión tanto a nivel municipal como departamental para poder hacer real la materialización del Acuerdo y avanzar hacia la Paz Total.
En lo personal considero que el gobierno nacional tendrá que avanzar rápidamente en buscar recursos exclusivos para la implementación de Acuerdo de Paz, por lo que para finalizar dejo la propuesta para financiar el Acuerdo que ya fue enunciada en un artículo de Las2orillas y que concuerda con estimaciones de la Contraloría del orden de la necesidad de 300 billones de pesos exclusivos para la implementación del Acuerdo de Paz de 2016.
Impulsar desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el Fondo de Reparación Histórica y Crédito Condonable para la Paz en Colombia
En el Plan Marco de Implementación – PMI formulado en 2016 -2017, se estimó los costos de la implementación del Acuerdo de Paz era del orden de unos 129 Billones de Pesos. Hoy sabemos que con las iniciativas priorizadas de los 16 PATR-PDET o con los 16 Planes Nacionales de la Reforma Rural Integral des-financiados, que esa cuenta era realmente insuficiente y estuvo mal calculada por varias razones, entre ellas, la imposición del Gobierno Santos en el PMI, dado que la fuerza en la Mesa de las FARC sin armas (afortunadamente) en ese momento no les permitió dar un debate sólido y tampoco tenían los elementos técnicos suficientes al respecto y el conocimiento de la tecnocracia del estado que tanto le gusta a la derecha neoliberal, que camufló en el PMI, como dicen en las regiones, la “oferta de toda la vida del gobierno nacional” para cumplir el Acuerdo de Paz.
Personalmente, este debate sobre los recursos exclusivos para la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, lo lleve a la mesa de empalme del Sector Paz entre la administración Duque y la de Petro, dado que como lo advertía en ese momento y lo entiendo ahora con más claridad al trabajar en detalle el tema, el Estado Colombiano con Santos y Duque, con Pardo, Cristo y Archila, entendieron la implementación del Acuerdo de Paz con la histórica oferta institucional, NO con el mandato del Acuerdo de recursos exclusivos para la implementación.
Así por ejemplo, de lo previsto para este año del orden de los 14 billones de pesos con “trazador paz” del Departamento Nacional de Planeación del DNP, la mitad son para funcionamiento, y Ministerios tan importantes para la Paz como el de Educación y el de Salud que reportan unos 3 billones, no tienen un peso para inversión.
De lo poco que invierten la mayoría de las entidades, en un seguimiento detallado que he hecho, tampoco hay una correspondencia en todos los casos directa con el Acuerdo de Paz. En honor a la verdad ha sido el Gobierno Petro el único comprometido con recursos sólidos para la Paz a través de la dinamización especialmente del Fondo de Tierras, parte del Punto 1 del Acuerdo y el impulso al Catastro Multipropósito y la inclusión el Acuerdo de Paz como constitutivo del Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia de la Vida.
Ese legado, de falta de recursos exclusivos para la paz, y de una arquitectura instutcional debíl para la implementación de lo acordado le llegó a Directora Ejecutiva Presidencial, la reconocida defensora de Derechos Humanos y artifice de la Paz en Colombia, Gloria Cuartas quien con su equipo, lo ha dejado ver con contundencia, como lo expresó en la última Audiencia en el Congreso de la República citada por la Comisión de Paz y liderada por Alirio Uribe.
Hoy con mas elementos, en su orden de jerarquía, al Estado Colombiano, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y sus representantes de la Misión de Verificación, les traigo de nuevo la propuesta ambientada en el empalme entre Duque y Petro, de un préstamo internacional condonable de 300 billones de pesos, como reparación histórica por la responsabilidad de Europa en el genocidio de más de 500 años en el Abya Yala y de Estados Unidos en la Guerra de Colombia ( así se hizo con el plan de reconstrucción de Europa, luego de la Segunda Guerra Mundial, el llamado o hizo el Plan Marshal, hasta donde sé, esa plata nunca se les cobró, by the way).
Una segunda opción, porque acá no necesitamos nada regalado, somos una sociedad pujante y trabajadora, de un préstamo de esos 300 billones de pesos, destinados exclusivamente para la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 que siente las bases para la PAZ TOTAL, o de cero % de intereses con la banca multilaterales, en un periodo de 100 años. Tal cual como se financian las grandes obras de infraestructura de un país serio y que como forma de reparación condonen los intereses.
Claro, podemos combinar las dos propuestas. Me inclino mas por la primera, en marco de la justicia y se puede sumar a la propuesta del presidente Petro de los Pago por Deuda de Acciones Ambientales que le entregó a la COP y el mundo y urge pone en práctica. En la segunda propuesta el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede hacer mucho, dado que tiene asiento o incidencia directa, a través de sus miembros, del Fondo Monetario Internacional y/o el Banco Mundial.
Este fondo tendría una administración y focalización tripartita: 1. El Estado Colombiano a través del Sector Paz de Presidencia, 2. la Comunidad Internacional como veedora de la implementación, puede ser con la Misión de Verificación y 3. Las comunidades campesinas, y pueblos indígenas y negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, especialmente las víctimas del Conflicto Armado Interno del País, a través de la Alta Instancia de Mujeres, la IEANPE, los Consejos Departamentales y Municipales de Paz y otras delas instancias de participación creadas y potenciadas por el Acuerdo de Paz de 2016.
