¿Cómo podría poner en venta los recuerdos de mi vida, de mi niñez, de los padres cariñosos que habitaron esta casa donde nací, de las habitaciones que nos vieron crecer, del brevo que retoñaba en el patio trasero, llenando de verde y de dulces brevas la existencia, del solar donde jugaba a las escondidas con mis hermanas, de la sala donde mi madre rezaba cada tarde el rosario con esa fe infinita que solo tienen las madres, donde vi crecer y llenarse de mundo a mis hermanas y hermanos, donde velamos a nuestros padres y a uno de nuestros hermanos?
Sin embargo, ahora nos llega una nota cruel, firmada por un alcalde cuya alma tal vez quedó atascada en el fondo de un escritorio, la cual dice en forma perentoria que un Proyecto de Renovación Urbana, llamado Alameda Entreparques, ha decidido que por estar nuestra casa localizada en un lugar estratégico de la ciudad, será demolida y en su lugar se haría un edificio que no solo destruiría el jardín y las 4 paredes de nuestros recuerdos sino también que si nos negamos a venderla, será expropiada.
Pero no solo es esta casa, son cientos de casas más, más barrios enteros, comunidades completas, las que Peñalosa quiere destruir como si sus habitantes fuéramos seres desechables, amparándose en el dudoso Decreto Distrital 671 de 2017, para que una compañía sin escrúpulos de capital mixto (públicos y privados) del distrito llamada Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano (ERU), se apodere de todas estas propiedades y en su lugar construya edificios hasta de 18 pisos y de paso haga unas ganancias billonarias desalojando sin motivo alguno a sus legítimos dueños, bajo la farsa de “darle mejor uso a la tierra” y absurdamente de “mejorarles la vida” a sus habitantes, cuando en realidad se las estarían arruinando.
El fusil de la expropiación apuntándonos entre los ojos
Los habitantes, en su mayoría de estrato 3, serían reemplazados por habitantes de estrato 4 y 5, ¿es esto un beneficio público o un daño irreparable, que rompiendo todas las leyes pretende apoderarse de propiedades ajenas basándose en un decreto dictatorial e ilegal? Tanto es así que la misma Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano (ERU) ya le puso precio a las manzanas afectadas y seguramente estará alistando al ESMAD para sacar a sangre y fuego a quien se niegue a vender, con el fusil de la expropiación apuntándonos entre los ojos.
El proyecto, fruto de una mentalidad ya sea inconsciente, criminal o sencillamente desquiciada, llamado Alameda Entreparques, pretende destruir 185 hectáreas de la zona de los Barrios Unidos de Bogotá y arrasar con bulldozeres 12 barrios con la excusa de crear una alameda que una al parque Simón Bolívar con el parque del Virrey. El equivalente a lanzar una pequeña bomba atómica en un sector de la ciudad para crear 185 hectáreas de desolación y escombros.
Un gran acto de etnocidio
¿No se da cuenta el señor Peñalosa que lo que está proponiendo es un gran etnocidio? Un etnocidio es la destrucción violenta de una comunidad, arrebatándole su tierra y su derecho a existir según sus tradiciones, desbaratando el tejido social que ha creado a lo largo de su existencia. Un etnocidio urbano, como el que propone Peñalosa, destruiría comunidades que llevan décadas formándose, acabando con relaciones de amistad, parentesco, apoyo mutuo, y lo peor de todo, arrebatando por la fuerza una propiedad, negando el derecho a la propiedad privada, para entregársela a un tercero privado para que se beneficie de ella. Con ello crearía potencialmente 60 mil desplazados, que aún si llegaran a vender sus propiedades no les alcanzaría ni para comprar un apartamento, diminuto, en el mismo sitio donde vivían antes, ya que no les pagarían el precio comercial por su vivienda sino el del catastro. En resumen, lo que tratan de disfrazar como un proyecto de “utilidad pública”, sería el daño público más grande causado a una comunidad en la historia de Bogotá, equivalente solo a lo que ha pasado en los campos de Colombia, donde terratenientes avaros y ambiciosos han desalojado de sus tierras a indígenas y campesinos asesinándolos y amenazándolos por medio de paramilitares para apoderarse de ellas y meter sembrados y ganadería. Aquí el del proceder paramilitar es nada más ni nada menos que Enrique Peñalosa que viene a decirnos, no como los paramilitares, “le compramos a usted o a su viuda”, sino algo peor, “si no vende lo expropiamos”. Los beneficiarios serían los casatenientes urbanos, quienes estarían recibiendo de manera gratuita lo robado por decreto, para su peculio personal.
Peñalosa para ello se ha inventado el Decreto Distrital 671 de 2017, que según él, le confiere autoridad para apoderarse como un conquistador moderno de tierras y propiedades que no son suyas, como si él fuera un rey extranjero en épocas coloniales, disponiendo de lo que no le pertenece.
Haciendo malabarismos con leyes, normas y decretos, Peñalosa intenta pasar por encima de la Constitución nacional que garantiza la vida, libertad, el derecho a la propiedad y el derecho a vivir donde una persona tenga a bien vivir. Para ello firmó ese decreto de volteo de uso de la tierra y de las propiedades en Bogotá (tal como lo hacen los alcaldes corruptos de los pueblos para convertir tierras agrícolas en urbanizaciones), para acabar con los barrios residenciales y sustituirlos por moles de cemento, que no solo bloquearían el sol y la esperanza sino que aumentarían la densidad poblacional por cinco, empacando 300 mil personas en un área que se volvería un atascadero más de los miles que hay en Bogotá.
El actuar de Peñalosa es abiertamente ilegal, aquí usan la palabra “expropiar”, pero la palabra real es “robar”, usan la palabra “comprar”, pero la palabra real es “extorsionar”: “O vende o lo expropio” no hay salida. ¿Todo para qué? ¿Para que se construya una Alamaeda Entreparques como se denomina el proyecto que nadie pidió que se construyera y solo causará por décadas caos y devastación en la ciudad?
Violación de derechos humanos
Peñalosa, destructor de parques, envenenador de ciudadanos con humos diésel, que solo vela por los intereses más bajos para arruinar a Bogotá, como por ejemplo con todo el sistema Transmilenio, con su obra de Tranmilenio por la Séptima o con su metro elevado, está aquí actuando no por el bien común, ya que estaría violando los Derechos Humanos y de propiedad de más de 60 mil personas que habitan este sector, sino en beneficio de los fines privados, de algunos bancos, compañías de construcción e inversionistas que desalojarían a los legítimos dueños de casas y edificaciones construidas con el sudor de la frente y el trabajo de varias generaciones, para arrasar con el modo de vida de sus habitantes, destruyendo negocios, jardines, árboles, viviendas, cuyo valor cultural, comercial y social, jamás podrían pagar estos canallas, en primer lugar porque estos barrios no están a la venta y en segundo lugar porque no aceptamos que un alcalde catalogado como el peor de Colombia pretenda cometer este asalto con un decreto ilegal por el cual debería ser demandado y despojado de su cargo, ya que se está excediendo de sus funciones de alcalde y asumiendo funciones de dictador que se cree con derecho a disponer de la vida, propiedades, negocios y modo de vida de decenas de miles de personas.
La Alameda Entreparques es la zanahoria, el embeleco para presentar el proyecto como una obra benéfica, cuando es todo lo contrario, la tal Alameda es lo de menos, lo fundamental es el desalojo, despojo y desplazamiento de decenas de miles de personas, creando miles de desplazados, personas de edad que ya no tendrán a dónde mudarse ni quién los ampare o la destrucción de viviendas que son el único patrimonio de familias enteras, producto de toda una vida de trabajo, para levantar allí gigantescas torres que volverían la ciudad más hostil e invivible de lo que es y apiñando más gente en menos espacio, el doble que el de la ciudad con más densidad de población en el mundo: Mumbai, en la India. Peñalosa propone construir un gigantesco y antiestético ghetto urbano de cemento, deteriorando la calidad de vida de toda la ciudad.
Retamos a Peñalosa a actuar de forma democrática, no dictatorial y tramposa, para que se decida por voto popular si los habitantes de estos barrios, que en un 99% jamás fueron consultados, decidan mediante el voto en una consulta popular si quieren o no este proyecto, cuya socialización también ha sido una farsa, con una mera publicación en el diario La República, que casi nadie lee y con reuniones de 40 o 50 personas en los barrios a donde llegaron a explicar las “bondades del proyecto”.
Incluso, a un ciudadano que pidió que derogaran el decreto, el distrito le contestó que este no afectaría su vida porque nadie estaba en obligación de vender y que por eso el decreto no sería derogado, lo cual además de ser una gran mentira es un delito, por tratar de engañar sobre la verdadera naturaleza de la situación con una respuesta falsa, ya que el decreto habla concretamente de venta voluntaria o de expropiación.
En resumen
No podemos permitir que Peñalosa continúe asaltando a Bogotá y a los bogotanos para favorecer ya sea a los fabricantes de Volvo o a grandes constructores en perjuicio de la vida, salud, movilidad y hasta de la misma existencia de sus habitantes, como con su leonino proyecto “Alameda Entreparques” que se puede resumir como un gigantesco y criminal robo de propiedades amparado bajo un falso manto legal que terminaría desplazando y arruinando la vida de más de 60 mil personas y tratando de disfrazar eso como un beneficio público.
No, para mí no es ningún beneficio público que Enrique Peñalosa se robe y destruya la casa de mi familia y todo mi barrio, y muchos barrios más, para que un banquero rico se haga más rico construyendo allí un edificio. El Decreto Distrital 671 de 2017 debe ser derogado y Peñalosa enjuiciado por intento de robo por medio de un decreto absolutamente ilegal que pretende saltarse la Constitución y destruir el modo de vida, el tejido social, las viviendas y el sitio donde muchos crecimos junto con los árboles, que hoy maduros dan sombra al parque del barrio Los Alcázares. Como vemos, Peñalosa no solo era un destructor de árboles, ahora se quiere graduar también de destructor de vidas.
Ni nuestras casas ni nuestros recuerdos ni nuestro patrimonio económico y cultural ni el entorno donde crecimos y que le da otro sentido a la existencia están a la venta. Tratar de destruir una comunidad por decreto, sin que esta comunidad tenga ni voz ni voto en lo que va a pasar con sus vidas y propiedades es un crimen, un etnocidio, solo un dictador desalmado se atrevería siquiera a pensar que puede destruir la vida de decenas de miles de personas a su gusto. En Colombia hay una Constitución que Peñalosa parece desconocer y su proyecto “Alameda Entreparques” viola la Constitución y es un atentado contra el modo de vida de miles de personas que no son objetos ni animales para ser expulsados de sus casas a la fuerza y en el peor estilo que hemos visto en Colombia, con amenazas similares de violencia a las que han utilizado los paramilitares para desplazar a más de seis millones de personas en Colombia: Peñalosa con su “o vende o lo expropiamos”, los paramilitares con “o vende o le compramos a la viuda”.
Le decimos un no rotundo a este criminal proyecto. Solo un alcalde prepotente y dictatorial, que ya ha cometido muchas ilegalidades, pretende como un Cortés moderno, quien asesinó y despojó de sus tierras a miles de indígenas, hacer lo mismo en pleno siglo XXI, apropiándose de tierras y casas que no le pertenecen, para beneficio de una minoría y perjuicio de una gran mayoría..
¡No al etnocidio y al proceder criminal de Peñalosa!
Anexos:
1-El “Proyecto Alameda Entreparques” según la ERU http://www.eru.gov.co/es/proyectos/entreparques
2-El abogado Mario Esteban Mora explica las incongruencias de este falaz proyecto: https://www.youtube.com/watch?v=hy9qQcHgl3k&feature=youtu.be
