Grotesco sainete montó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, convocando el Concejo a sesiones extraordinarias con el argumento de que necesitaban autorización para vender unas acciones y unas propiedades de Empresa Públicas de Medellín para poder aliviar, en parte, la crisis económica, producto de la contingencia, según ellos, de Hidroituango.
Con este anuncio se montó todo un espectáculo y las declaraciones iban venían para llegar finalmente a la conclusión de que EPM con la autorización de la Junta Directiva, sin necesidad de autorización del Concejo, podía vender esos activos.
Las sesiones del Concejo o Junta Administradora Local fueron clausuradas sin pena ni gloria, con la justificación de que lo importante fue socializar la propuesta de vender activos de EPM porque la empresa se quedó sin capacidad de endeudamiento.
Son tan torpes las personas que están administrando la ciudad que ni siquiera tienen claro cuál es el significado de la palabra socialización. Socialización en la lengua castellana significa transferir al Estado u otro órgano colectivo las propiedades, industrias, etc.
Una de las formas que tienen los alcaldes para corromper a los concejales es convocar a sesiones extraordinarias, que como son remuneradas les incrementan los ingresos. Este es un acto de corrupción revestido de legalidad.
Para que los ciudadanos sepan en cada periodo ordinario de sesiones del Concejo se puede decretar una prórroga por 10 días para evacuar los temas pendientes, pero como estas no las pagan dejan temas pendientes o se los inventan para saquear el fisco municipal.
La ciudad tiene derecho a conocer cuánto les costó a los contribuyentes las sesiones extraordinarias para que los concejales votaran corriente y perdieran su tiempo, y pusieran a los ingenuos a pensar en soluciones.
