La denuncia por el presunto delito de injuria y calumnia es una manoseada herramienta que generalmente el administrador público, sobre todo el que ha sido puesto en evidencia por acciones deshonestas, utiliza de primera mano para afectar el libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, intentando censurar o silenciar al medio de comunicación que no le sirva de agencia publicitaria a su gobierno.
Proclama del Cauca, y su director, ya han sido víctimas de la maniobra en anteriores ocasiones, y siempre han salido inmunes gracias al profesionalismo que se han impuesto para realizar su labor en los últimos cuarenta años. Pero esa quijotada ha tenido altos costos: llamadas amenazantes, anónimos, seguimientos clandestinos, atentado personal y a la infraestructura, reprobación de pauta publicitaria con el interés inútil de acabar con el medio. Y lo más fácil, la habitual denuncia por injuria y calumnia, interpuesta, casi siempre, por el alcalde o gobernador de turno.
Ahora he sido citado para que me presente el miércoles 14 de octubre, a las once de la mañana, a una posible conciliación con alguien, hasta ahora desconocido, que me ha denunciado ante la URI de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de calumnia. La “citación a conciliación” no identifica al supuesto ofendido ni las causas de la denuncia o la citación. No tengo ni idea sobre qué cosa es que tengo que ir a conciliar, ni con quién, ni por qué. Yo quedé despistado porque además, en la boleta me emplazan en calidad de “citante”, no de citado. Bueno, pero así son de enredados los asuntos jurídicos, por eso, no los entienden sino los abogados.
Revisando nuestro ejercicio laboral, ya que he descartado de plano que yo pueda injuriar o calumniar de manera personal y consciente a alguien, he concluido que la única entidad que en algún momento, o en muchos, porque son muchas las alcaldadas que se han evidenciado, que podría denunciarme para escudarse podría ser el alcalde de Santander de Quilichao o alguno de los funcionarios por orden suya. Toca esperar hasta el día anunciado para ver con quién tengo que conciliar qué cosa, cómo y para qué. Pero siento que siguen rondando los nauseabundos olores de los últimos cuatro años.
Con temeridad me imagino, o mejor, apresuradamente, que desde la Alcaldía de Quilichao es que me han demandado por “calumniador”. Entonces me puse a buscar una posible calumnia, escudriñando por lo menos en el pequeño listado que hago al final de este escrito, pero concluí, de nuevo, que si se trata de alguna de esas cosas, me ratifico y exijo a las autoridades competentes celeridad para pronunciarse en defensa de lo comunitario, porque inclusive, algunos casos penales han ‘adornado’ ésa gestión pública en Santander de Quilichao. Y advierto: si con la presumida demanda en contra nuestra se pretende presionar al periodista para que cambie lo publicado, sin tener por qué hacerlo, o evitar que siga publicando lo que al demandante le incomoda, ‘tacó burro’. Eso nunca puede ser conciliable por un periodista. La ética no es negociable, como algunos creen olímpicamente. Por ello, el personaje de marras ya había intentado silenciarnos por otros medios y lo habíamos detectado, por ejemplo, cuando algún amigo se prestó de “payaso” para tantear una transacción con nosotros, o como cuando nos ofreció pauta publicitaria públicamente a través de la emisora Proclama del Cauca cuando se mostraron los entuertos que rondan el frigorífico municipal. Las grabaciones de ése día del programa “Notas al Día”, que dirige nuestro colega Martín Rueda Sánchez están disponibles para la curiosidad o por si alguien quisiera averiguar cómo se intenta un soborno en público.
La cruzada de algunos políticos, alcaldes o gobernadores contra la prensa son asuntos que han sido ampliamente debatidos ante los tribunales de Justicia, tanto que yo no creo que exista medio de comunicación o periodista que no haya padecido su furia. Ni para qué recordar los casos de Vicky Dávila, Néstor Morales, Juan Pablo Barrientos, Jorge Eliécer Orozco, Cecilia Orozco Tascón, Salud Hernández, María Jimena Duzán, o el caso del gobernador de Casanare Raúl Flórez, que denunció por injuria y calumnia a ocho periodistas de los noticieros “Contacto Noticias” en la emisora Violeta Estéreo y “La Voz del Casanare” en la emisora La Voz de Yopal, etc., con resultados todos favorables al periodismo libre, que comprueban, a pesar de ello, que a diario estamos expuestos a ser citados por la Fiscalía General de la Nación, para responder por el delito clásico que le asignan al periodista: la injuria y la calumnia. Pero son muchas las sentencias de la Corte Constitucional que indican, entre otras cosas, que la opinión de un periodista tiene especial protección frente a denuncias penales, mucho más cuando versa sobre asuntos de interés público o sobre funcionarios públicos. Inclusive, se advierte que las denuncias penales deben ser la última medida para limitar la labor de los periodistas y que existen otras vías, reconocidas en el ordenamiento, como el derecho a la rectificación, a la respuesta o a la réplica.
Mejor dicho, este asunto de la calumnia adjudicada a periodistas en ejercicio se ha resuelto a través de sentencias de jurisprudencia de la Corte Constitucional y del bloque constitucional del Sistema Interamericano de Derecho, lideradas especialmente por la relatoría de la defensa de la libertad de expresión y no necesariamente a través del derecho o del código penal.
Es que es grave, inclusive, reprochable, que los funcionarios acudan a las acciones judiciales para controvertir asuntos que deben ser el centro de deliberaciones públicas.
Tanto se ha debatido este asunto que la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, está suficientemente documentada para demostrar que “el acoso judicial se ha convertido en una de las principales estrategias de censura contra los periodistas en Colombia. A los comunicadores se les amedrenta con denuncias penales o civiles para impedir que opinen o que informen, algo que no permite la libertad necesaria para cumplir con su oficio”. En éste orden, también es necesario anotar que el estándar de protección internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que “la opinión no puede ser objeto de sanción, más aún cuando se trata de un juicio de valor sobre un acto oficial de un funcionario público en el desempeño de su cargo”.
Los periodistas en el país ya somos conscientes de que estas denuncias contra la profesión, reconocidas como “acoso judicial”, hacen parte de una agenda de censura, tan grave como la amenaza u otros obstáculos. El próximo miércoles 14 de octubre, después de las 11 de la mañana, cuando haya transcurrido la “diligencia de conciliación”, estaremos informando ahora sí, sobre el qué, quién, cuándo, cómo, porqué y para qué… Hasta pronto.
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