“La ciudad cree: que fuera de ella no hay más que paisaje, patatas y leche; ignoran que también existe una cultura noble, antiquísima e insobornable”.
Esta acertada frase del escritor español Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao cae como tinta indeleble a los habitantes de la ciudad de Popayán debido a los últimos acontecimientos salvajes contra el patrimonio cultural de payaneses y colombianos, además de la profunda molestia por la presunta omisión en el cumplimiento de las leyes y normas de la salvaguarda y protección de un Bien Cultural Mueble de la Nación y un Patrimonio Cultural Arqueológico.
Alcalde de Popayán, de tumbo en tumbo
Definitivamente el alcalde de Popayán no tuvo “luna de miel” con los payaneses, ya que se terminó la paciencia de los habitantes de la ciudad con la administración que dogmatizó el eslogan “Creo en Popayán”. A esta instancia de su mandato, “los payaneses no creen en el alcalde”, ya que este tiene el defecto de no considerar la complejidad de las situaciones; primero, porque tiene la necesidad de combinar el protagonismo político y la apariencia a la hora de tomar decisiones; y segundo, porque desconoce que tiene límites y por tanto no puede desbordarse en sus funciones. Un día actúa en un sentido y al siguiente en el contrario, siempre convencido de que tiene la razón, y en muchas ocasiones contra toda evidencia.
Ello explica por qué en los últimos nueve meses ha pasado ante la Procuraduría, la Fiscalía, la ciudadanía en medios de comunicación, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), y, ahora último, en reunión con los indígenas guámbianos, en La María (Piendamó), presentando descargos y justificaciones de sus actuaciones.
Crónica de un derribamiento anunciado
Primero: la polémica nacional por el contagio del alcalde con el COVID-19 y la probable omisión de información al palacio presidencial.
Segundo: el día 21 de febrero/20, la Sociedad de Mejoras Públicas expresó una “alerta temprana” sobre el estado de deterioro de la Pirámide Prehispánica-Morro de Tulcán al alcalde de Popayán en reunión en el despacho, ante el director de Patrimonio del Ministerio de Cultura. El alcalde de Popayán "expresó que el día lunes 24 de febrero de 2020 se tomarían las medidas solicitadas", pero nunca se hizo.
Tercero: el fracaso del gasto de $385 millones de pesos en la campaña "Vive Popayán en Bogotá", en el marco de la declaratoria de pandemia.
Cronología de hechos
Hecho No. 1: Movimiento clandestino amenaza el Patrimonio Cultural de la Nación
El día jueves 18 de junio de 2020, al rayar el alba, recibimos la noticia y a su vez un panfleto con un extenso comunicado de un grupo que se autodenomina: “Movimiento Clandestino 13 D”.
Sí, efectivamente, este nuevo movimiento en la cima del Morro de Tulcán cubrió con una inmensa tela negra con la inscripción "A.C.A." el Monumento ecuestre de Sebastián de Belalcázar, obra elaborada por el artista español Victorio Macho.
Al mismo tiempo, este “movimiento clandestino” lanzó pendencieras amenazas contra el Patrimonio Cultural de la Nación con afirmaciones como: “…Que tiemble todo lo que tenga que temblar, que caiga todo lo que tenga que caer y que arda lo que tenga que arder”. Y añadió: “…hacemos presencia, tapando a un Belalcázar que representa el clasismo, el racismo y el dominio de unos sobre otros, lo tapamos de negro porque negra es nuestra sangre, negro es el luto de los estudiantes que lloramos, luchamos y recordamos a nuestros amigos muertos y mutilados, del afro, del indígena, del líder campesino, del líder social, asesinado por el Estado, por los paramilitares al servicio de sus señores…” .
No hace falta ser un experto en inteligencia para advertir la inminente amenaza el Patrimonio Cultural de la Nación y desde luego contra el monumento ecuestre de Sebastián de Belalcázar. Ante los posibles actos propios de espíritus destructores, hicimos un llamado a la Alcaldía de Popayán, a las autoridades estatales y civiles de la ciudad, al Misterio de Cultura, a la Universidad del Cauca, entre otros, para salvaguardar el Patrimonio Cultural de la Nación.
Hecho No. 2: Policía incauta a comunidad indígena “material dudoso” en El Morro de Tulcán
La Policía Nacional, el día 24 junio de 2020, a eso de la 1:30 de la madrugada, en el Morro de Tulcán, sorprendió a indígenas con “elementos pendencieros y peligrosos”. Logró intervenir a miembros del Resguardo Indígena La María, Piendamó, de la etnia guambiana, entre ellos al gobernador indígena Luis Enrique Yalanda Hurtado. No se hicieron capturas, pero sí se impartieron quince órdenes de comparendo por violar medida sanitaria.
Además, los uniformados incautaron material temerario. Al inspeccionar el vehículo tipo chiva y el equipaje de los pasajeros encontraron: una cortadora eléctrica; una soga de aproximadamente 15 metros: cuatro caucheras con cien bolas de cristal; seis armas blancas y cinco palos (Periódico Virtual.com). ¡No hace falta ser experto en inteligencia para saber los móviles de estos personajes!
Hecho No. 3: La Alcaldía de Popayán "autoriza" protesta a comunidad indígena, que terminó en vandalismo contra un Bien Mueble de Interés Cultural de la Nación
El día 16 de septiembre de 2020, la Alcaldía de Popayán autorizó una supuesta “marcha pacífica” a los indígenas guambianos; quienes terminó derribando la escultura ecuestre de Sebastián de Belalcázar, Patrimonio Cultural Mueble de la Nación. Sin existir protección y salvaguarda del Patrimonio Mueble Cultural de la Nación y sin alcanzar ninguna captura.
Hecho No. 4: La Alcaldía de Popayán interviene un Patrimonio Cultural Arqueológico sin el requisito sine qua non de la autorización del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH)
El día viernes 18 de septiembre la Alcaldía de Popayán interviene “Patrimonio Cultural Arqueológico” exabruptamente mediante movimientos de tierra y exploración en el subsuelo, con “maquinaria pesada, un buldócer” y personal no calificado. Un intento de modificación y con la tentativa de abrir una trocha con el buldócer con el fin de llegar a la cima de la Pirámide Prehispánica del Morro de Tulcán, Patrimonio Cultural Arqueológico y Bien de Interés Cultural de la Nación. Esto sin que la alcaldía solicitara la autorización, requisito sine qua non del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).
Hecho No. 5: El mismo 18 de septiembre, a raíz de “denuncia ciudadana”, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), mediante oficio, ordena al alcalde de Popayán suspender inmediatamente la intervención indebida; y le recuerda que no puede intervenir un “Patrimonio Cultural Arqueológico” sin su autorización.
Hecho No. 6: El 18 de septiembre, la alcaldía prohíbe al “suscrito” y a los periodistas acceder al cubrimiento de la noticia de intervención indebida del Patrimonio Cultural Arqueológico-el Morro de Tulcán, con un buldócer, sin autorización por el ICANH; presuntamente transgrediendo la Ley 51 de 1975 del Estatuto del Periodismo, causal de conducta sancionable.
Hecho No. 7: El anuncio con bombos y platillos de la administración municipal de una "recompensa" por $5 millones de pesos para quien permita identificar los responsables del delito contra el Patrimonio Cultural Colombiano.
Hecho No. 8: El día 19 de septiembre, el alcalde se contradice al firmar el “acuerdo de la ignominia”, anunciando que convocará al Comité de Orden Público para evaluar y gestionar: retirar la orden de judicialización y el ofrecimiento de recompensa de $5 millones de pesos para quien permita identificar los autores del delito contra el Patrimonio Cultural Colombiano. Además, decide unilateralmente, sin consulta del Consejo Municipal de Patrimonio Municipal y sin autorización del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), tomar medidas exabruptas como el intentar hacer un muro de contención, a un Patrimonio Cultural Arqueológico.
Presuntas faltas contra el Patrimonio Cultural de la Nación
En Colombia existe la Política Estatal del Patrimonio Cultural de la Nación, cuyos objetivos principales son: la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del PCN, con el propósito de que sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro. También existe un “Ámbito Jurídico y un Régimen Especial de Protección” y los Bienes de Interés Cultural, de propiedad pública y privada, están sometidos al Régimen Especial de Protección, en especial para las Pérdidas del Patrimonio Cultural de la Nación por “intervenciones indebidas”.
En conclusión, el alcalde de la ciudad de Popayán presuntamente podría haber incurrido en las siguientes faltas contra el Patrimonio Cultural de la Nación:
1. Una de las presuntas faltas contra el “Patrimonio Cultural Arqueológico” en que podría haber incurrido el alcalde de la ciudad de Popayán consiste, ya sea por acción o por omisión, en la intervención, modificación, reparación o demolición parcial, con un buldócer, contra un Patrimonio Cultural Arqueológico y Bien de Interés Cultural de la Nación, sin la respectiva licencia o autorización; requisito sine qua non del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Se podrían imponer sanciones previstas en el articulado o en las normas que las sustituyan o modifiquen por parte de la entidad competente designada en la ley.
2. Otra de las presuntas faltas en que podría haber incurrido el alcalde de la ciudad de Popayán contra el Patrimonio Cultural Arqueológico, como es la Pirámide Prehispánica del Morro de Tulcán, consiste en: “Adelantar exploraciones o hacer excavaciones no autorizadas de un Patrimonio Cultural Arqueológico sin el requisito sine qua non de licencia o autorización del ICANH. Se podría imponer multa millonaria por parte del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).
3. Si la presunta falta, en que podría haber incurrido el alcalde de la ciudad de Popayán, consistiese en la intervención de un Bien de Interés Cultural de la Nación, sin la respectiva autorización en la forma prevista en el articulado, se podrían imponer multas millonarias adicionales por parte de la autoridad que hubiera efectuado la respectiva declaratoria. En la misma sanción podría incurrir quien realice obras en inmuebles ubicados en el área de influencia o colindantes con un Inmueble de Interés Cultural sin la obtención de la correspondiente autorización de conformidad con lo previsto en el título.
4. La presunta falta que podría haber incurrido el alcalde de la ciudad de Popayán contra un Bien de Interés Cultural de la Nación, como servidor público, podría ser calificada como “falta gravísima”, de conformidad con la ley del Código Disciplinario Único o las que la sustituyan o modifiquen.
¿Omisión del alcalde de Popayán ante alertas tempranas de la comunidad?
La ciudadanía de Popayán expresa una presunta “falta disciplinaria por omisión” del alcalde de Popayán ante las “alertas tempranas de la comunidad”. Así mismo, se denuncia en redes sociales el incumplimiento de sus deberes legales y constitucionales por no tomar las medidas preventivas ante informes de la inteligencia y ante los nuevos hechos vandálicos registrados. Igualmente, la ciudadana coincide en que se veían venir estos hechos vandálicos contra el Patrimonio Cultural Mueble de Popayán. Y, además, se podría percibir en estos hechos vandálicos una debida planeación para su ejecución sin que el alcalde, como funcionario competente, protegiera y salvaguardara el Patrimonio Cultural Mueble de la ciudad.
Las anteriores denuncias de una presunta “falta por omisión” de la Alcaldía de Popayán se podrían sustentar, tal como afirma Nelly Yolanda Ortiz de Mejía (docente Universitaria de Derecho Constitucional), en la revisión de las normas superiores como: “la prevalencia del interés general”, que es uno de los pilares fundamentales del estado social de derecho. Como también en que “las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y sus bienes”. Por otro lado, en cuanto a la Policía, los alcaldes son autoridades públicas, por lo que “son funciones de los alcaldes conservar el orden público en el municipio de conformidad con la ley”. Además, el alcalde es la primera autoridad de policía del municipio, y por tanto la Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante.
¡En fin, serán las autoridades competentes, como la Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la Nación, quienes tendrán la última palabra!
Para concluir, comparto las recomendaciones de los estudiantes en el Foro Juvenil del Patrimonio Mundial (Pekín, China), que en una de sus conclusiones testifican: “El mundo se mueve a un ritmo tan acelerado que la mayoría de las personas irrumpieron en el siglo XXI, olvidando sus orígenes, su identidad; debiera ser al revés, deberíamos valorizar nuestras raíces y nuestra cultura, y utilizarlas como cimientos para construir nuestro futuro”.
