Francisco es el papa de los pobres, pero eso le importó poco al alcalde encargado de Cartagena Jaime Londoño Zurek, a Zully Salazar presidenta de la Corporación de Turismo de Cartagena, y a Padre Javier Eduardo Rosanía, coordinador de la visita papal en Cartagena. Por un lado a los vecinos pobres de donde dará la misa de despedida los encerraron con muros y rejas, mientras que el escenario escogido es del clan García Romero y de los Parody, las familias más poderosas de Cartagena.
Después del almuerzo, bajo el inclemente sol costero, el papa se despedirá de Colombia con una misa en Contecar, un descampado de 50 hectáreas donde se almacenan todos los contenedores de carga que llegan a la Sociedad Portuaria de Cartagena.
La Sociedad Portuaria tiene poderosos dueños. La familia de la exministra Gina Parody, cuestionada por la adjudicación del otro sí de Ocaña-Gamarra a Odebrecht; los Salas y los Ochoa, familias tradicionales que compraron sus acciones en medio de escándalos en 1993; y la familia García Romero.
El papa, seguramente sin saberlo, se despedirá de nuestro país desde un terreno del cual es socio el primer senador en recibir una condena ejemplarizante por paramilitarismo. Álvaro El Gordo García, uno de los hermanos socios de la Sociedad Portuaria, está pagando 40 años de cárcel por haber diseñado y ordenado el asesinato de 15 campesinos en el sur de Sucre, conocida como la Masacre de Macayepo.
En 1993 se quebró el puerto público de Cartagena, y salió a licitación para que los compraran empresarios privados. Un año antes había sido elegido como alcalde de la ciudad Gabriel Antonio García Romero, hermano del Gordo García. La alcaldía tuvo la oportunidad de comprar más de 200,000 acciones de la Sociedad por unos $137 millones, pero García Romero dijo que no había tanto dinero y solo compró 43,019.
Paralelamente Cecilia Buelvas, la empleada de Stella Sotelo de García mamá de los hermanos García Romero, compró acciones de la Sociedad Portuaria a través de la empresa Tractores del Caribe. La familia García Romero esperó cinco años para apoderarse de esas acciones, pero en 1998 Juan José y su esposa Piedad Zuccardi se hicieron a sus acciones. Luego los otros hermanos tuvieron puestos desde los que ayudaron a conseguir lotes que luego usufructuó la Sociedad Portuaria. Dos de los hermanos - El Gordo y Juan José
La misa de despedida se centrará en los derechos humanos y la dignidad humana. Pero solo la podrán ver los que entren al lote del clan García Romero, a pesar de que linda con uno de los barrios más populares de Cartagena.
Frente a Contecar, desde donde se hará la misa, queda Ceballos y los habitantes del barrio tenían la esperanza de escuchar al papa de los pobres. Pero el miércoles a la madrugada el sueño se les vino abajo: contratistas de la Corporación de Turismo de Cartagena comenzaron a levantar vallas de dos metros y medio de alto.
DENUNCIA: Así tapan a los pobres en Cartagena para que el Papa no vea #PapaEnColombia @Noridaoficial @ismene2 @JUANCAELBROKY @ClaMoralesM pic.twitter.com/k0T3nwy2Mb
— Víctor De CurreaLugo (@DeCurreaLugo) September 8, 2017
Dos kilómetros tenían el muro, pero los habitantes se resistieron a ver una pared y comenzaron a presionar al alcalde encargado, Sergio Londoño Zurek, quien dijo que había sido un exabrupto del contratista. La construcción del muro se hizo con los $5,000 millones de pesos que envió el gobierno nacional y que estaba administrando la corporación de turismo.
La presión se tornó inaguantable y Sergio Londoño mandó a quitar las paredes, pero su solución despertó aún más la indignación, pues detrás del empleado que removía la valla, iba otro poniendo una reja de dos metros de alto. Según el alcalde, tienen que ponerla pues hay un desnivel, pero para Marta Angulo, presidenta de la Junta de Acción Comunal, “nos quieren esconder como si tuviéramos una enfermedad”. Cuando en redes sociales comenzaron a cuestionar las vallas, el alcalde se lavó la manos le endilgó la culpa al contratista y a la Corporación de Turismo, junta directiva que él mismo preside y se olvidó que había sido él quien sacó pecho cuando le hacían los reconocimientos por la organización de la visita papal y no mencionaba la labor de la Corporación.
Juan Diego Perdomo es uno de los activistas que denunció con vehemencia las separaciones del lote con el barrio: “Cambiaron las vayas por rejas tipo campo de concentración durante el Holocausto. Pésimo mensaje que atenta con la dignidad humana.”
Los habitantes no se explican cómo no pueden poner vallas bajas de metro y medio, como las de los conciertos, y un cordón policial. Así han hecho en todo el país. Pero por ahora quieren saber cómo el alcalde Londoño y la presidenta de la corporación Zully Salazar permitieron la encerrona a los habitantes de Ceballos, mientras otros se preguntan cómo el Padre Javier Eduardo Rosanía, el vocero de la visita del papa a Cartagena, dio el visto bueno para que la última presencia del papa en nuestro país se diera en un lote del que son socios los hermanos García Romero, condenados por corrupción y paramilitarismo.
