Aunque la Constitución Política establece que el periodo constitucional de los alcaldes populares es de cuatro años, también permite a través de los mecanismos de participación ciudadana que sean revocados si el pueblo considera que no lo está haciendo bien.
A raíz de la aprobación de la Ley Estatutaria 1757 del 2015 que los reglamenta, en varios municipios del país los ciudadanos decidieron adelantar procesos revocatorios, aunque ninguno ha sido positivo hasta la fecha.
Y Barrancabermeja (Santander) no ha sido la excepción pues aquí se constituyeron cuatro comités revocatorios que adelantaron un proceso de recolección de firmas para revocar el periodo del alcalde liberal Dario Echeverri Serrano, recogiendo 24 mil firmas de las cuales la Registraduría validó 18 mil de las 9 mil que se requerían bajo el argumento del incumplimiento a su programa de gobierno. Varios de esos comités son integrados por quienes apoyaron su campaña política, como es el caso de la exparlamemtaria Yidis Medina, ex candidatos al Concejo y líderes que creyeron en su campaña y que hoy se encuentran en la otra orilla.
Pero más allá de ese argumento se unieron varias cosas. La primera, el estilo autoritario del gobernante quien es visto como una persona soberbia, rencorosa y excluyente, motivo por el cual muchos de sus aliados hoy son sus contradictores.
La segunda, en las pasadas elecciones al conocerse el resultado que lo daba como ganador, anunció que sería el alcalde de la reconciliación, pero sus decisiones autoritarias demostraron lo contrario, pese a que obtuvo 32 mil votos que fueron inferiores a la sumatoria de los 70 mil obtenidos por los tres candidatos con mayor votación que en orden le siguieron. Su votación sirvió para triunfar pero no fue representativa finalmente.
La tercera, aunque llego a gobernar con el apoyo de seis de las 17 curules del Concejo —y antes de empezar su mandato había logrado el respaldo de otras organizaciones políticas que no lo apoyaron— hoy se esfuerza por tener mayorías políticas en el Concejo representadas por varios concejales que lo apoyaron pero que no están de acuerdo con su modelo autocrático, imponente y autoritario.
Para la muestra está que de las seis curules que lo acompañaron en campaña, tres son leales en el Concejo. El resto de concejales ha protagonizado debates de control político candentes, uno de los cuales por poco le significa la primera moción de censura promovida por Concejo alguno para su secretario General, el abogado DIEGO Acosta, a quien una tutela lo salvó de este procedimiento.
Además, hoy lo tienen a la expectativa que le aprueben una adición presupuestal por 84 mil millones de pesos de recursos del balance para apoyo de programas sociales y también para gastos generales. Lo cierto es que el año pasado utilizó la misma estrategia de mezclar la inversión con el gasto, influyendo ante los medios de comunicación y la comunidad, para presionar a los concejales quienes finalmente aprobaron una adición presupuestal por cerca de $30 mil millones, so pretexto de apoyar programas sociales, pero ademas contemplaba la adición a obras del gobierno anterior que el tanto criticó y que hoy aún están a medias.
En campaña anunció que construiría cuatro mil viviendas, que cerraría los rellenos sanitarios autorizados por la Corporación Autónoma Ambiental de Santander (CAS), en un área protegida por el DRMI y que —según la denuncia de ambientalistas— estaría contaminando la ciénaga San Silvestre de donde se surten los 300 mil barranqueños; prometió acabar con los convenios, una figura a través de la cual se fugaron muchos recursos en el gobierno anterior y prometió en el primer semestre cuatro mil empleos para jóvenes pero ninguna de sus promesas ha cumplido pues de cuatro mil viviendas se pasó al anunció de proponer dos mil lotes con servicios, aunque en el 2015 fue cerrado por la CAS uno de los rellenos sanitarios al servicio de Rediba, la empresa recolectora de basuras, un decreto de emergencia sanitaria aprobada por el anterior gobierno aún permanece vigente; los empleos para los jóvenes no se dieron y se le critica porque muchos profesionales contratados bajo la modalidad de OPS son cuotas políticas de los Cacique liberales: el congresista Edgar "el pote" Gómez Román y el exgobernador Mario Camacho Prada, de hecho un sobrino de el pote es el secretario del Medio Ambiente Alejandro Bohórquez.
Aunque denunció que hallaba una dministración quebrada y en banca rota por el empréstito injustificado de 158 mil millones de pesos para obras no prioritarias iniciadas por el gobierno anterior, cerca de 70 mil millones de pesos fueron utilizadas en su administración. Además, el valor de los canones de arrendamiento para la ubicación de oficinas se disparo de 30 a más de 100 millones mensuales bajo el argumento que mejoraban el entorno laboral, pero que coincidencialmente esos inmuebles corresponde a personas que apoyaron o colaboraron en su campaña política.
Este movimiento que pudo neutralizarse bajo la cultura de la reconciliación, ha tomado un gran auge.Ahora, fuerzas políticas simpatizantes de los candidatos que le siguieron en votación, respaldados por antiguos ex líderes de su campaña adelantan en los barrios su campaña por revocar el mandato en una ciudad agobiada por el desempleo, con un índice de pobreza extrema que supera las 100 mil personas de las 300 mil qué hay en la ciudad.
Sus decisiones como restituir el espacio público, controlar el mototaxismo se vieron afectadas y la ciudad se debate entre los que desean revocarlos y sus grupos leales al gobierno —entre ellos la Unión Sindical Obrera (USO)— que son favorecidos por OPS y contratación.
Como si fuera poco, algunos avezados políticos aprovechan la coyuntura para pescar en río revuelto, como quiera que encuentran una oportunidad especialmente cuando se aproximan las elecciones al Congreso.
El alcalde Dario Echeverri aunque dijo que no iba a inmiscuirse en el proceso revocatorio, aumentó su presencia en los barrios y su gobierno en los dos últimos meses ha organizado un sinnúmero de actividades que dejan entrever que su discurso no fue del todo cierto. Por lo pronto, varias tutelas interpuestas por su grupo de abogados contra el proceso han sido negadas pero el gobierno sigue esperanzado que antes del dos de julio van a tumbar el proceso, esta vez porque las cuentas presentadas por el Comité revocatorio no son claras ante el CNE, pese a que el organismo ya las avaló.
