Durante su paso por el Ejército, el general Alberto Mejía se cuidó de no firmar nada. Hasta el 2014 cuando como comandante de la División de Aviación de Asalto Aéreo rompió su regla de oro en el afán de acelerar la compra de un lote de fusiles tipo M4 con pleno conocimiento de su estado de deterioro que ponía en riesgo la vida de sus hombres. En el 2013, el Ejército había abierto la licitación para la compra de estos fusiles que serían destinados a las Fuerzas Especiales que tiene a los mejores hombres, el mejor armamento y la mejor infraestructura. Hoy, esos fusiles están arrumados en una bodega de Tolemaida.
El contrato se lo dieron a la empresa Global Mark que tenía como representante legal a Ricardo Facio-Lince Restrepo. La primera compra fue de 478 fusiles tipo M4, cada uno a 1.883 dólares que costó en total 900.432 dólares. Posteriormente se hizo una compra de 416 fusiles, también tipo M4, cada uno a 1.844 dólares ascendiendo a 767.420 dólares.
Alberto Mejía, el presidente Santos y el ministro de Defensa Villegas en el 2016, en pleno gobierno Santos
Aunque los fusiles que se le compraron a Global Mark salieron defectuosos, desde la cúpula del Ejército se intentó por todas las vías seguir adelante con la contratación pasando por alto que la única garantía que tiene un soldado para su supervivencia es su arma y si esta no funciona se le envía a una muerte segura al campo de batalla. Es mucho lo que se dice alrededor de esta compra en la que intervino el comandante Mejía a través del capitán Jeisson David Calvo, uno de sus hombres de confianza y un experto lobista, quien era parte del comité que elaboró la ficha del contrato de los fusiles e hizo todo lo que estuvo a su alcance para que el contrato calzara con la propuesta de un único oferente: Global Mark.
Cuando Mejía dejó el Ejército en diciembre de 2019, Calvo salió por la puerta de atrás por mala conducta en los casinos, unidades de casa en donde viven los militares con sus familias.
Villegas, Santos y Mejía, el Ejército en los tiempos de paz. Foto: Leonel Cordero
La Dirección de Armamento del Ejército hizo una revisión técnica en la sede de Indumil en Soacha, su recomendación fue suspender inmediatamente el contrato debido a los múltiples defectos de algunos fusiles. Las pruebas de balística arrojaron que de 340 fusiles, 70 cañones tenían anomalías de fábrica y de 416 fusiles, 28 tenían fallas de precisión y las estrías tenían picado profundo. Sin embargo, el defecto de fábrica más grave estaba en el desgastes del cañón que imposibilitaría a un soldado disparar con puntería corriendo el riesgo de que el arma le estallará en la cara.
El primer dictamen realizado por la Dirección de Armamento del Ejército fue respaldado por el coronel Darío Alfonso Laguado Torres, en ese entonces un intachable comandante de la Brigada de Fuerzas Especiales, que exigió suspender la contratación con Global Mark. Su honestidad la pagó cuando fue trasladado de unidad, nunca lo llamaron al generalato y le dieron de baja. El teniente coronel William Alberto Guevara, otro oficial que denunció la irregularidad con la compra de fusiles, también terminó llamado a calificar servicio. El poder del general Mejía se hacía sentir, bajándole el pulgar a todo aquel que se oponía a sus ordenes. En 2014, envió esta carta en la que ordenaba hacer la compra de los fúsiles defectuosos asegurando que después de evaluarlos, estos eran los que más se adaptaban a las exigencias de las Fuerzas Especiales pues era lo último en avance tecnológico. Mejía había dado la orden.
Con el presidente Juan Manuel Santos como su gran respaldo, Mejía llegó a la comandancia del Ejército el 9 de julio del 2015 para ambientar el tema de la negociación con la guerrilla dentro de las Fuerzas Militares. Ya con el acuerdo firmado fue premiado en diciembre del 2017 para acompañar a Santos en su último año como Comandante de las Fuerzas Militares.
Si bien el tema del derroche en la compra de fusiles defectuosos imposibles de utilizar pende sobre el general Mejía, su paso por la Fuerza Aérea es el que ha dejado una estela de cuestionamientos. De su mano aparece el ingeniero Oscar Billy Lopez Bolaños, presidente de la empresa aeronáutica Aserpa, quien desde el 2011 y hasta el 2017 se convirtió en uno de los grandes contratistas de la Fuerza Aérea. Este colombiano de origen nariñense ha tenido durante décadas la representación de empresas rusas que suministran repuestos para helicópteros de las Fuerzas Militares y el mantenimiento de equipos rusos. En su reconocimiento, el presidente Santos en 2016 le dio el estatus de cónsul honorario de Rusia en Colombia. Ostenta además el rol de presidente de la Cámara de Comercio Colombo-Rusa.
El 2011 fue un gran año para Oscar Billy López, comenzaba así una racha que no se detuvo. Aserpa no sólo se ganó el contrato para entrenar a oficiales con helicópteros M1-17 sino también uno para hacer cursos de entrenamiento de altura en Estados Unidos en un helicóptero B 2010 a 7 mil pies de altura cuando en Colombia se vuela a 14 mil pies de altura. Por entrenar a 171 pilotos en Estados Unidos, Aserpa cobró $ 20.771.645.729. Este entrenamiento se pudo dictar en Colombia pagando únicamente las horas de vuelo, para entrenar a 81 pilotos se hubiera necesitado 3 mil millones de pesos, pagando por piloto $38 millones cuando en Estados Unidos cada piloto costaba $121 millones una diferencia de más de $83 millones.
En 2013 el Ejército estaba en búsqueda de instalaciones para mudar sus aviones pequeños del Aeropuerto El Dorado. Aserpa ofreció un lote de 7.891 m2 que costaba $16 mil millones, valor que duplicó en cuestión de meses a $30 mil millones argumentando que el terreno se había valorizado. Alberto Mejía y Héctor Manuel Beltrán, jefe de Estado Mayor de la Aviación, firmaron el contrato con Aserpa que no se conformó con este negocio.
La empresa de Óscar Billy López también se quedó con el contrato para entrenar a oficiales con helicópteros M1-17 a pesar de que Aserpa no tenía el simulador que se requería dictar las clases. El contrato empezó en 2011 y terminó en 2017, multiplicando su valor de 60.910 dólares a 114.488 dólares. Ante los cuestionamientos de algunos oficiales del Ejército por la carencia de un simulador, el empresario Óscar Billy López aseguraba que en el mundo no existía un simulador para entrenamientos en helicópteros M1-17.
En el 2015 se inició otro proceso de contratación para capacitar a los oficiales en el manejo de helicópteros. La Unión Temporal PTC que tenía a Aserpa entre sus socios, se llevó nuevamente el contrato por un valor de 74.500 dólares. Al año siguiente, de diez empresas que compitieron para aspirar por un contrato de mantenimiento de aeronaves, la alianza entre PTC y Aserpa triunfó una vez más con un jugoso contrato de 93.200 dólares.
En 2015, cuando el coronel Henry Vallejo, en ese entonces comandante del Batallón de Entrenamiento de Aviación, evaluó los sobrecostos en contratación decidió cortar con las irregularidades y redujo el valor de entrenamiento por oficial a 62.842 dólares. De un plumazo Aserpa dejó de recibir 20 mil dólares por piloto. La respuesta del general Alberto Mejía no se hizo esperar y a través del coronel Omar Garzón, otro de sus hombres de su confianza, consiguió que el coronel Vallejo fuera trasladado de la División de Aviación. Pocos meses después fue dada de baja.
El coronel Omar Garzón empezó a moverse por su cuenta en el tema de la contratación y a través suyo se adquirió el combustible para la aviación a la Unión Temporal Vanguardia Faster por un astronómico valor de $5.535.234.706 con el que debía cubrir los puntos de tanqueo ubicados en Norte de Santander, Nariño y Tolima.
El general Alberto Mejía y sus tropas. Foto: Leonel Cordero
Siempre se especuló en el Ejército que la empresa Vanguardia Faster era propiedad de unos oficiales de la institución que se inventaba la necesidad de unos puntos de tanqueo que eran de difícil acceso para que nadie pudiera llegar, con lo cual se justificaba sobrecostos por galón: cada uno 30 mil pesos cuando el valor regular era de 14 mil pesos. El general Mejía sabía hacerse el de la vista gorda mientras las decisiones aparecían en cabeza de su pupilo, el coronel Garzón.
La paz de Santos y la necesidad de contar con un aliado dentro de las Fuerzas Militares fueron aire fresco para el general Mejía que por su talante más democrático, se destacó de otros oficiales más afines a Álvaro Uribe. Con su ascenso en 2015 a comandante del Ejército logró un poder casi absoluto que le permitió quitar y poner oficiales para rodearse de sus alfiles y acercarse cada vez más al presidente Santos como el general de la paz que firmó como parte del Estado el Acuerdo con las Farc. Sin embargo, su paso por la Fuerza Aérea dejó una estela de negocios y privilegios.
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