Las empresas municipales de Cali se han constituido en la principal entidad estatal de servicios públicos del suroccidente colombiano. Desde su fundación, en 1931, han contribuido significativamente al desarrollo social, económico y urbano de la capital vallecaucana y su área metropolitana. Aproximadamente 2,5 millones de vallecaucanos tienen acceso al agua potable, la energía eléctrica, el saneamiento básico y las telecomunicaciones, gracias a la operación de Emcali EICE ESP.
Reconociendo este importante legado, en el Plan Estratégico Corporativo de Emcali EICE ESP 2018-2023 se definió como propósito fundamental: “Consolidar a Emcali como la principal empresa pública multiservicios, con proyección macro-regional en el sur occidente colombiano, con base en principios de sostenibilidad, competitividad, responsabilidad social, eficiencia y gobernanza con estándares internacionales”.
Sin embargo, la materialización de este plan estratégico y la viabilidad financiera de la empresa, se encuentran comprometidas por cuenta de las decisiones tomadas por sucesivos gobiernos nacionales durante los trece años que estuvo intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos (2000-2013). Los gobiernos de Andrés Pastrana Arango, Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos impusieron a Emcali EICE ESP la responsabilidad del pago de la deuda correspondiente a los créditos internacionales que fueron adquiridos para dotar de infraestructura de servicios públicos al “Distrito Especial de Aguablanca” y contribuir a la descontaminación del río Cauca, con la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Cañaveralejo (PTAR - C) en el año 1997. (ver Cuadro No 1).
A partir de los desembolsos de estos empréstitos internacionales en la decáda de los 90 y la realización de una serie de inversiones que no garantizarían el retorno respectivo, se propició un endeudamiento desmesurado de Emcali EICE ESP, precipitando su colapso financiero. Entre estas inversiones se encuentran: los contratos a riesgo compartido con las multinacionales Ericsson y Siemens (1992); la conformación de la sociedad anónima Termoemcali (1994); la suscripción del contrato PPA (Power Purchase Agreement – 1995) y compra de acciones en ERT celular S.A. (1996). Adicionalmente, en el año 1996, la Junta Directiva decidió trasladar al municipio como utilidades retenidas la suma de 74 mil millones de pesos de las reservas contables.
De esta manera el endeudamiento de Emcali EICE ESP creció de manera inusitada. Así lo reconoció un estudio realizado por el Departamento Nacional de Planeación sobre la viabilidad de la prestación de los servicios públicos en Cali, “la deuda externa de la empresa pasó de 129 millones de dólares en 1995 a 242 millones de dólares en el 2000”. El mismo estudio señala que en este periodo la empresa también accedió a créditos con instituciones financieras nacionales, ocasionando que el endeudamiento interno de Emcali EICE ESP creciera de manera constante entre 1995-1997, hasta superar los 600 mil millones de pesos (ver figura no 1). Esta situación financiera conllevó a la empresa a la cesación de pagos de sus proveedores, entre ellos a los generadores de energía, lo que desencadenó la intervención de la empresa por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Ante la incapacidad de pago de la empresa, le correspondió a la nación, como garante, asumir los pagos de los empréstitos internacionales a partir del año 2000. Desde ese momento, en los gobiernos de Pastrana, Uribe y Santos se suscribieron diferentes acuerdos de pago entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en los cuales Emcali EICE ESP se obligó a reconocer en favor de la nación los pagos de estos créditos más una tasa de interés.
Por cuenta de las decisiones que se le impusieron a Emcali EICE ESP en estos acuerdos de pago —la monetización, el incremento de la tasa de interés y la capitalización de los intereses en el Convenio de Ajuste Financiero Operativo y Laboral (CAFOL)— esta deuda creció exponencialmente. Se estima que la nación pagó por cuenta de estos créditos internacionales 671.804 millones de pesos, sin embargo, le está cobrando a Emcali EICE ESP un billón 119 mil millones de capital, más intereses, en suma, un billón 863 mil millones de pesos en un periodo de diez años (2016 – 2025).
El último acuerdo se suscribió en junio de 2016, bajo la gerencia de Cristina Arango Olaya. Al igual que todos los anteriores, este acuerdo agravó las condiciones para Emcali EICE ESP toda vez que incrementó la tasa de intereses al DTF + 2,6 %, elevando los intereses a 744 mil millones de pesos. Adicionalmente impuso para los años 2024 y 2025, el pago de 700 mil millones de capital y 74 mil millones de interés. Sin duda alguna la empresa no soportará esta presión financiera en esos dos años. (Ver cuadro No 2).
Por cuenta de esta deuda ilegítima e insostenible, los caleños pagaron entre 2016 y 2018, 123 mil millones de pesos de capital y 265 mil millones de pesos de interés, en suma, 388 mil millones de pesos. De esta manera se está limitando gravemente las inversiones en proyectos estratégicos en servicios públicos que se requieren en el Municipio, para superar el rezago impuesto durante los 13 años de intervención por parte del gobierno nacional.
Ante estos hechos, el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca acaba de admitir una acción popular interpuesta por el Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali, Sintraemcali, en contra del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Ambos ministerios serán notificados para que respondan y, si es el caso, pidan las pruebas que consideren correspondientes. En el auto, el tribunal anunció que la decisión será proferida en los 30 días siguientes al vencimiento del traslado.
Tendrá que responder el ministro Alberto Carrasquilla, quien en el 2004 cuando ostentaba el mismo cargo impuso a Emcali EICE ESP el CAFOL, que implicó la capitalización de intereses y el crecimiento desmesurado de esta deuda injusta, odiosa e impagable, que se ha constituido en el “gota a gota” de la nación a los caleños, comprometiendo la viabilidad financiera de la principal empresa estatal de servicios públicos del suroccidente colombiano.
