En al año 2015 fueron asesinados 54 defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia, de acuerdo con un reciente informe de Frontline Defenders. De ellos, al menos 31 eran defensores que tenían arraigo en contextos rurales. A esto se suman cuatro homicidios a defensores de derechos humanos rurales reportados en el mes de diciembre por la Veeduría Social. Colombia es el país de mayor riesgo en el mundo para la vida de quienes ejercen el derecho a la defensa de los derechos humanos.
Pero no sólo para la vida. Una reciente investigación realizada por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH en el que se entrevistó personalmente a casi 200 defensores y defensoras rurales provenientes de 16 departamentos del país, reveló que 9 de cada 10 han sido objeto de al menos una agresión, amenaza o ataque en su contra por causa de su labor: 6 de cada 10 defensores señalaron haber sido amenazados directamente, hostigados o seguidos; además 2 de cada 10 habían sido judicializados y 8 de cada 10 dijeron haber sido estigmatizados. La investigación del CPDH revela que una parte importante de las amenazas, agresiones y ataques que sufren los defensores y defensoras rurales están relacionadas con la extracción de recursos naturales y la defensa del territorio.
Estas cifras dan cuenta del alto grado de intolerancia existente en el campo colombiano frente al trabajo de promoción y defensa de las garantías consagradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y constituye un verdadero reto para la consecución de una paz larga y duradera en las regiones.
Esta preocupante situación exige respuestas sociales e institucionales. A partir de la investigación, el CPDH elaboró, con la colaboración de expertos y organizaciones sociales y campesinas, una propuesta de protocolo de protección con enfoque diferencial para defensores de derechos humanos en contextos rurales. Esta propuesta ofrece medidas específicas y diferenciadas que van desde medidas políticas, como el reconocimiento y legitimación de la valiosa labor de los defensores o la mejora y fortalecimiento de la interlocución entre instituciones y defensores, a medidas materiales como la creación de sedes de derechos humanos/refugios humanitarios dotados adecuadamente, medios de movilización adaptados (motos, mulas, lanchas) o guardias campesinas. Esta propuesta de protocolo puede convertirse en un elemento clave como garantía de no repetición para avanzar en la implementación exitosa de los acuerdos de paz en los territorios; ahora se hace necesario que el Estado incorpore la propuesta en la legislación.
Aquí se puede consultar el informe
Algunas de las medidas preventivas que fueron destacadas en el proyecto, tienen que ver con el reconocimiento político de la labor de la defensa. Por esto les dejamos nuestro vídeo ¿Qué es un defensor? Donde desde diferentes perspectivas se cuenta en qué consiste este arduo trabajo y por qué es un riesgo defender los derechos humanos en Colombia.
