El último de los cuatro procesos que tiene que afrontar el exgobernador del Meta, Alan Jara, es el pliego de cargos que acaba de abrirle el Procurador Carrillo por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de suministros para implementar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) por cerca de 13 mil millones de pesos, que debían beneficiar a más de 66 mil niños de su departamento.
Este se suma a los distintos procesos que tiene encima, donde resaltan los sobrecostos en la construcción de la refinería del Meta, donde se estima que se perdieron $18.265 millones de pesos. Los supuestos sobornos que recibió por más de 3 mil millones por la compra de equipos médicos en 2015 que adquirió la Empresa Social del Estado de ese departamento y que hoy están arrumados en bodegas o abandonados en pasillos sin instalar y la adjudicación en la construcción de vías en la que Jara ayudaría un contratista para hacerse un contrato de 16 mil millones y por la que al parecer recibió una tajada de 1800 millones.
En su último cargo, director de la Unidad de Víctimas que logró como cuota del Partido Liberal con el respaldo del ministro del interior Juan Fernando Cristo, no alcanzó a completar el año y renunció en medio de la investigación que tenía la Fiscalía en su contra por el trancado proyecto de la refinería.
