En menudo problema dejó el expresidente Duque a más del 53 por ciento de los colombianos, hoy afectados por desmedidas alzas en el valor de las facturas de servicios públicos, especialmente en las de gas, pero también en grandes apuros a las empresas prestadoras de los servicios domiciliarios de energía, gas y agua potable, que se han visto obligadas a explicarles a los usuarios el motivo de tales incrementos.
Este exmandatario, actuando con el supuesto fin de contribuir a que los colombianos pudieran mitigar en parte los graves problemas que estaba generando la pandemia del Covid-19, el 14 de abril de 2020 “congeló” las tarifas de los mencionados servicios a las familias más afectadas, las de estratos uno, dos y tres.
Con tal “congelación”, el expresidente Duque escasamente estaba ofreciendo un paliativo al desmadre de la pobreza que entonces se presentó. A la estela de muerte que la Cóvid-19 iba generando con su presencia, sumémosle el desempleo que cundió entre miles de trabajadores, a los cuales les liquidaron o suspendieron sus contratos para evitarles afectaciones a sus patronos, sin importar los costos sociales.
Pues bien, como la mayoría de los integrantes del estrato tres no se acogieron a dicha congelación, han sido los de estratos uno y dos los que han venido percatándose por estos meses de que la cacareada congelación de tarifas no existió, y que lo ocurrido realmente fue un aplazamiento del pago que hubieran debido hacer por concepto de los acostumbrados ajustes mensuales en las tarifas, si la pandemia no se hubiera presentado.
Ante el grueso número de reclamos que las encarecidas facturas están generando en todo el país, la Superintendencia de Servicios Públicos viene realizando reuniones con los usuarios de estos servicios. Desafortunadamente, la de Ibagué, celebrada el pasado 18 de octubre, no produjo ningún resultado. La desacertada orientación que le dio la funcionaria que a nombre de la Superintendencia estuvo al frente de su conducción ocasionó que se desperdiciaran los esfuerzos en que incurrieron los asistentes, al igual que los recursos invertidos por la propia Superintendencia. La infortunada guachafita en que degeneró todo, gracias a que la mencionada funcionaria permitió que el problema grueso de la reunión se deslizara hacia la atención personalizada de los asistentes, dio para que la reunión abortara, sin que de ella se hubieran podido sacar las mejores conclusiones para las partes comprometidas.
Lo que es de esperar ahora es que la Superintendencia enmiende lo ocurrido y proceda a convocar una nueva reunión, la cual tendrá que contar con una orientación mejor proyectada a lo que el problema demanda. Esperamos que así lo haga.
