Creo que en estos ocho meses de gobierno lo hecho por el presidente Iván Duque frente a la negociación lograda con la minga indígena fue acertada.
Más allá de la rabia publicada por el senador Álvaro Uribe por tal acuerdo —de ser cierta y no ser la estratagema del bueno y el malo, tú lo haces, yo lo critico para que quedes bien—, fue un acto de responsabilidad para con la minga misma, con las finanzas públicas, con el derecho a la protesta social que no se puede estigmatizar.
La responsabilidad a la que aludo tiene que ver con algo tan simple como no comprometerse con lo que no puede cumplir. En últimas, cualquier ciudadano agradece más que le digan sí se puede o no se puede o hasta dónde se puede, en qué tiempos se puede.
Que fueron de 400 a 600 mil millones lo pactado en acciones de corto plazo, más la política de inversión para las comunidades contempladas en el plan de desarrollo que aprobará el Congreso en las próximas semanas, es lo que hoy se indica que podrán costar esas nuevas inversiones para esas comunidades.
Partamos de un hecho irrefutable. Los indígenas tienen razón en lo que reclaman desde hace 150 años. Ellos son pueblos originarios de ahí. Sus tierras les fueron robadas, luego el Estado legalizó el robo a través de leyes, normas, decretos y regulación, por lo que estas fueron entregadas a los descendientes de los criollos, dejándolos por fuera de las áreas productivas en su inmensa mayoría y llevándolos solo a áreas protegidas o de conservación.
Su acceso a la tecnología, educación, protección de su acervo está más en el papel que en la realidad. Claro está. Tienen derecho a protestar porque la protesta es consustancial al ser humano cuando se siente menospreciado, injustamente tratado, abandonado o quiere llamar la atención frente a sus reclamos. Eso no quiere decir que tengan el derecho a bloquear vías o destruir propiedad privada o estatal, pero tampoco que se les quiera tildar por su inconformismo y el uso de la fuerza de terroristas.
Además, lograron no solo un acuerdo parcial para sus necesidades y reclamos, sino que el país recordara que existen, que son parte de nosotros, que son un pueblo ancestral que merece todo el respeto, igual que el de quien esté en las ciudades o zonas urbanas del país.
Así como que recordáramos, según lo expresaron ellos mismos y el propio gobierno nacional, de que llevan más de 20 años de reclamos, pactos e incumplimientos. Eso quiere decir que todos podemos ahora decir y recordarle tanto al expresidente Santos, al senador Uribe, a Pastrana, Samper y Gaviria que son unos mentirosos frente a lo que se comprometieron a dar y hacer por los pueblos indígenas.
En fin, dicho esto frente al acierto de Duque, cabe decir que nuestro alcalde de Ibagué luce cada día más errático en sus decisiones en la recta final de su mandato. Por ejemplo, la empecinada obtusa del bicicarril, cuya utilidad nadie desconoce; claro, si esta fuera una ciudad con vías o mejor con vías grandes o con nuevas arterias viales en construcción por donde se pudieran implementar sin generar traumatismos, congestiones, desmejorando el nivel de vida y los desplazamientos.
Y es que no nos digamos mentiras, hasta los usuarios regulares de bicicletas con los que uno habla expresan que fue todo un desacierto colocar ese bicicarril por la calle 42 y por la carrera Primera desde el centro, cuando debería haberse ubicado incluso por la carrera Quinta, Picaleña o Ambalá. O el otro empeño de reconstruir las piscinas olímpicas de la calle 42 pero sin piscinas. Una más, llamar a empresarios y el sector privado ahora que ya se va y cuando el desempleo se disparó en la ciudad con el propósito de buscar supuestas alianzas, cuando fueron sus medidas, choques y peleas con ellos en sus tres años anteriores los que contribuyeron a desencadenar esta situación.
