Antes de entrar a calificar la decisión del gobierno municipal de Cali de realizar la poda controlada de 19 árboles y la reubicación de otros 18 ubicados en la Autopista del Sur es importante entender que el derecho a disfrutar de un ambiente sano y adecuado hace parte de los derechos que la Constitución le otorga a los ciudadanos como titulares de esos derechos.
El desarrollo urbano de una ciudad no puede ir en detrimento del medio ambiente, especialmente de la naturaleza, que le otorga bienestar al ser humano y a la comunidad que convive en su entorno; por ende el gobernante tiene la obligación constitucional de proteger los recursos naturales, para mantener el equilibrio ambiental y poder entregarle a las nuevas generaciones una ciudad más pura ambientalmente y reconciliada con la naturaleza.
Mientras los voceros del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) manifiestan que esta intervención se soporta en la necesidad de proteger los canales de aguas lluvias en primer lugar, en la prevención de que los árboles no afecten las redes de energía de alta tensión y en facilitar el ingreso de las máquinas para cuando se realicen obras de mantenimiento a los canales; los ambientalistas están denunciando que esta medida se toma a solicitud de Corfecali para aumentar el número de graderías durante el desarrollo de los eventos de la Feria de Cali, especialmente el Salsodromo, generando mayores ingresos económicos a los promotores de los eventos en el sector de la Autopista del Sur.
Además, Claudia María Buitrago, directora del DAGMA, para justificar estas medidas decía "nos encontramos en medio de una ciudad, no estamos en el campo"; mientras que el alcalde de la ciudad Maurice Ermitage, en declaraciones a los medios de comunicación, afirmaba que no se podía armar una pelea por los arboles de la Autopista del Sur, los cuales necesitaban moverse para abrirle camino al Salsódromo, resaltando la importancia del evento para la ciudad.Cabe anotar que ambas declaraciones aumentaron la inconformidad y el rechazo de ciudadanos y organizaciones defensoras del medio ambiente.
Por su parte, la Personería Municipal de Cali se ha manifestado contraria a la decisión de intervenir los 45 árboles, por encontrar injustificadas las razones manifestadas por la autoridad ambiental municipal, recomendando no otorgar los respectivos permisos a Corfecali. Para el Órgano de Control el desarrollo urbano no se puede hacer por encima de los árboles y plantas, atropellando la naturaleza y por el contrario insta a la entidad ambiental para que implemente acciones de control ambiental, con el fin de que se proteja de manera especial y se conserve la oferta arbórea existente en la zona de la autopista del sur.
El desarrollo y crecimiento urbano no puede condenarnos, bajo el argumento de que no estamos en el campo sino en una ciudad, en convertir a Cali en un desierto o en una selva de cemento, afectando los recursos naturales y la calidad de vida saludable a los caleños, rompiendo con el equilibrio que debe existir entre los seres humanos y la naturaleza.
