Imagínense ustedes la “menuda” contradicción: dos versiones totalmente distintas entre dos de los funcionarios más importantes del Estado sobre los hechos más graves que han ocurrido en materia de seguridad y orden público en lo que va de este gobierno.
Ya no se trata de dos versiones encontradas sobre un episodio más de las brutalidades que cometen las milicias organizadas por las economías ilegales en todo el país. Muy posiblemente, la noticia más importante de esta semana fue la decisión del juez 131 penal militar de dictar una orden de captura contra el coronel jefe de la policía de Caquetá por no haberles dado apoyo a los 76 policías que fueron secuestrados en Los Pozos (Caquetá). Mejor dicho: esto ya dejó de ser un tema meramente periodístico y se convirtió en un caso judicial.
- Lo que uno no sabe es hasta dónde pueda llegar porque no se sabe el grado de decisión y de formación que tiene el juez.
No sabe uno si se trata de un trámite episódico, tomado en medio de la emocionalidad del momento, o si se trata una decisión más meditada, tomada con el fin de llegar a asumir las consecuencias que el caso amerita a la luz de la Constitución y la ley.
De lo que no cabe la menor duda es que si el juez llega a resultar serio y valiente, el caso da para que la justicia pueda poner orden en lo que deben ser los límites democráticos que ningún gobierno puede vulnerar y puede poner orden, también, en los deberes constitucionales que ningún militar o policía debe dejar de cumplir.
No son lo mismo las noticias que llegan y pasan en las dinámicas del periodismo de las redes sociales que los alcances que pueden llegar a tener los hechos cuando se convierten en objeto de un proceso judicial. Amanecerá y veremos.
Porque los hechos telúricos de Los Pozos dejaron serias averías en el andamiaje institucional del país:
1- ¿Al fin qué fue lo que hubo allí: secuestro, como lo afirma el director de la Policía, o cerco humanitario, como lo afirma el ministro del Interior?
2- ¿Al fin qué hubo allí: unas medidas posiblemente prudentes del presidente Petro frente a unas movilizaciones campesinas o el arrodillamiento del Estado democrático frente a las milicias armadas por el narcotráfico?
3- ¿Al fin qué fue lo que pasó allí: el gobierno salvó del secuestro y del asesinato a 76 policías mediante la negociación política -porque al subintendente Ricardo Arley Monroy Prieto de todas formas lo asesinaron-, o el presidente permitió la derrota y humillación de los policías mediante la paralización de las unidades de ejército y policía que hubieran podido acudir en su ayuda?
4- ¿Al fin qué era lo que había allí: unos campesinos planteándole unas reivindicaciones sociales justas a una empresa petrolera expoliadora o unas milicias que extorsionaban a una empresa que venía cumpliendo con los contratos legítimamente obtenidos con el Estado?
5- ¿Al fin quién ganó y quién perdió allí: los cinco o siete mil campesinos a quienes el presidente Petro dijo proteger o las milicias del narcotráfico que ejercieron a cabalidad su estrategia del control territorial con el que terminaron secuestrando a 76 policías, expulsando a la empresa que escogieron como enemiga y dejando sin trabajo a las personas que trabajaban en ella?
Uno no sabe a dónde va a parar este caso. Pero lo que uno sí sabe es que para casos como este es que debería servir la justicia.
