En Colombia estamos frente a una situación particular y compleja que requiere nuevas soluciones, nuevos sujetos sociales y nuevos actores políticos.
El denominado “proceso de paz” ha entrado en una fase de estancamiento. La correlación de fuerzas así lo determina. Ni el gobierno ni la guerrilla se van a parar de la mesa de negociaciones de La Habana pero los avances en ella serán mínimos. Además, la gente quiere la terminación del conflicto armado pero tiene grandes desconfianzas en ese proceso de diálogo.
El pulso que se está jugando es por el cese de fuegos bilateral. La insurgencia pretende obtenerlo sin mayores condiciones; el gobierno sólo lo acepta después de firmar el acuerdo definitivo; el uribismo, hábilmente, recoge la propuesta de la guerrilla pero exige la concentración de los combatientes en sitios especiales y verificación internacional.
Podrán pasar varios años de lentas negociaciones sin que se llegue a feliz término. La guerrilla no va a aceptar una justicia transicional que incluya penas de cárcel para sus comandantes y tampoco va a entregar las armas. El gobierno de Santos tendrá que negociar con el uribismo –como ya lo viene haciendo– para fortalecer su posición. El “chico” va para largo.
Lo que es real es que la correlación de fuerzas no va a cambiar a corto plazo. El pueblo no se va a movilizar en las calles y carreteras en forma contundente contra el régimen neoliberal, aunque, esporádicamente, se expresen algunas fuerzas sectoriales –especialmente rurales– en contra de políticas específicas, pero sin ir más allá de sus reivindicaciones parciales. El mismo conflicto armado bloquea el desarrollo de un fuerte, masivo y decisivo movimiento popular.
Lo interesante del momento es que, a pesar de esa situación, en el terreno eminentemente político y electoral se empieza a conformar un movimiento democrático civilista, deslindado totalmente del establecimiento oligárquico y también de la insurgencia.
Ese movimiento democrático civilista ha ido adquiriendo forma debido a dos causas: la primera es la incapacidad de Santos para desligarse del uribismo. El actual proceso de re-unificación entre Santos y Uribe alrededor de una estrategia de paz que coloca el énfasis en la fuerza militar y minimiza las concesiones políticas a la guerrilla, echó por tierra las ilusiones en Santos.
La segunda, es la conciencia de que para acceder al Gobierno Nacional debe deslindarse de las posiciones de la insurgencia, especialmente de su militarismo y de su incapacidad para entender que los crímenes cometidos por ella contra la población civil –fruto de haberse dejado degradar moralmente–, los ha convertido en una fuerza negativa a los ojos del pueblo, o sea, en un actor identificado con la guerra y no con la paz.
Los sectores sociales que apoyan ese movimiento democrático civilista están compuestos por las llamadas clases medias de las ciudades, entre ellas, los “profesionales precariados y precarizados”, en su mayoría jóvenes, que no están dispuestos a cargar con resentimientos heredados ni con venganzas históricas. Ellos quieren “pasar la página”, están cansados de la polarización entre violentos y buscan en el verdadero perdón la base espiritual de una reconciliación depuradora y sincera.
A nivel político el movimiento democrático civilista está compuesto por tres grandes vertientes: las fuerzas políticas surgidas del proceso de desmovilización del M19, EPL, PRT y Quintín Lame, hoy encabezadas por su líder indiscutible: Gustavo Petro; un sector de militantes comunistas y liberales sociales que evaluaron a fondo la inconveniencia de la estrategia de la “combinación de las formas de lucha” que hoy se identifican con Clara López; y las fuerzas políticas que nunca estuvieron de acuerdo con el tipo de lucha armada que se desarrolló en Colombia que se expresan como MOIR-Polo y PTC-Progresistas, que lideran el senador Jorge Enrique Robledo y el actual alcalde de Magangué, Marcelo Torres, en compañía del Concejal de Bogotá, Yezid García Abello.
Ese movimiento democrático civilista y pacifista está en condiciones de disputarle el gobierno a las fuerzas del establecimiento en el año 2018. Todo depende de la claridad que tenga y de su verdadera unificación táctica y estratégica.
Las ilusiones que tenían algunos de estos sectores políticos en una supuesta burguesía “democrática” encabezada por Santos, se han diluido. Así mismo, las expectativas que tenían otros sectores de izquierda en una “burguesía nacional”, también se han ido deshaciendo. Se entiende ahora que el sector dinámico son los pequeños y medianos productores del campo y la ciudad (algunos de ellos empresarios pero no grandes burgueses), y que los grandes industriales y/o burgueses agrarios no van a enfrentar decididamente la política imperial y oligárquica.
De esa manera la prioridad va a ser la lucha por la democracia. Así sea la democracia burguesa, que en Colombia nunca ha tenido concreción real. El tema de la paz será tratado en forma general: se apoya la salida política negociada del conflicto armado pero los detalles se les dejan a los actores armados. Se rechazan las acciones terroristas de la insurgencia pero también los crímenes de Estado y la violación de los derechos humanos.
El principal detalle a saldar entre estas fuerzas es la evaluación del proceso constituyente de 1991. Todo ese balance es necesario de cara a lo que se viene con el nuevo proceso de paz.
Las fuerzas del M19 deben reconocer que sobrevaloraron los logros constitucionales y legales plasmados en los derechos fundamentales, sociales, económicos y culturales, sin tener en cuenta que la esencia económica neoliberal de la Constitución de 1991 y la hegemonía oligárquica neoliberal en el poder, iban a impedir que esos derechos tuvieran materialización y desarrollo real. Por eso la Acción de Tutela terminó siendo el único instrumento para hacer respetar los derechos fundamentales, con el contraproducente efecto de la “judicialización” de los derechos sociales, económicos y culturales y la “individualización” de la lucha y resistencia popular.
Las otras fuerzas políticas tendrán que reflexionar sobre su papel en esa coyuntura. De lo que se trata ahora es de impedir la utilización oportunista de la “conquista de la paz” para vendernos la idea de una supuesta “apertura democrática” que en realidad quiere ser utilizada como cobertura para implementar una segunda oleada de neoliberalismo.
También hay que combatir la idea de que del proceso de negociaciones se podría obtener una “paz con justicia social”. Esa idea es una ilusión voluntarista. La correlación de fuerzas escasamente da para que se hagan concesiones a los pobladores de las zonas de colonización y a otros sectores puntuales, afectados por la economía del narcotráfico, por el conflicto armado y la desposesión forzada de la tierra y/o su territorio. La verdadera justicia social sólo podrá construirse después de derrotar en civilidad, primero, a la “rosca” politiquera y corrupta que nos gobierna; después, al régimen neoliberal en pleno; y posteriormente, al capitalismo criminal y depredador. Ese logro estructural anti-capitalista sólo podrá ser fruto de un largo proceso de luchas nacionales, regionales y globales encabezadas por los trabajadores y demás sectores sociales “subalternos”.
La principal tarea del momento en Colombia es construir la unidad de las fuerzas democráticas alternativas para derrotar a los partidos y políticos que hacen parte de la “Rosca politiquera y corrupta” en las elecciones locales y regionales de octubre de 2015. Un avance o triunfos parciales y relativos en este terreno, crearán condiciones favorables para el año 2018. Por ello, las fuerzas alternativas, democráticas y de izquierda deben visibilizarse con independencia y autonomía y –ojalá– con unidad, en esas jornadas eleccionarias.
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