A veces es peor el remedio que la enfermedad, dice un refrán de nuestro bello idioma español, con toda su carga de profundidad. Otro dicho nos previene: cuando las cosas van mal, son susceptibles de empeorar. Se preguntan miles de personas en la región Caribe si es justamente lo que está sucediendo con la empresa AIR-E luego de la pesadilla de dieciséis largos años que padecimos con la multinacional española Gas Natural Fenosa, dueña de Electricaribe, hoy camuflada detrás del nombre de Naturgy.
El contexto para entender por qué se llegó a tener la tarifa eléctrica más alta del país es el siguiente. A principios de 2019 las mayorías parlamentarias aprobaron el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 a instancias del presidente Iván Duque, con los votos negativos de muchos congresistas alternativos. En él insertaron un capítulo de salvamento de Electricaribe con casi diez artículos, todos a contrapelo de los intereses de más de once millones de habitantes de la costa atlántica. El artículo 318 del PND, Ley 1955 de 2019, crea un nuevo Régimen Especial Tarifario para la región Caribe, porque, según se lee en la ponencia para primer debate, “en la costa caribe las tasas de energía son las más bajas en comparación con las demás regiones del país. Por lo anterior (…) las tasas deben subir para que esta región también se ayude”.
Dicho y hecho. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), dependencia del Ministerio de Minas y Energía y cuyos nueve directivos son designados por el presidente de la República, reglamentó el artículo con la Resolución 010 de 2020. La estocada vino con la expedición de la Resolución 078 de 2021 de la misma entidad, que materializó posición dominante el negocio del siglo para los inversionistas de Caribesol trocados en AIR-E, porque los activos de Electricaribe de Atlántico, Magdalena y La Guajira, comprados en 285.000 millones de pesos, a precio de huevo, pasaron a valer 2.44 billones de pesos, base del nuevo aumento tarifario aplicado en estos días. También se aprobó el plan de inversiones que será cargado en forma anticipada a los usuarios vía tarifas y las pérdidas eléctricas se incorporan en el costo unitario del kilovatio hora aumentada en un 500 %. No está leyendo mal, 500 %, como lo vamos a ver*.
El llamado costo unitario del kilovatio hora es lo que vale un kilovatio en pesos, el cual se desglosa en seis ítems, a saber: Generación (G), es la parte del KWH que le corresponde a la empresa generadora a la que le compra AIR-E para venderles a los usuarios porque esta empresa no genera ni un solo KWH; Transmisión (T), es lo que le corresponde a la empresa que transporta la energía del sitio de generación hasta donde se consume; Restricción (R), es el riesgo de lo que ocurra en el camino y también va a la tarifa; Pérdidas eléctricas (PR), son las pérdidas técnicas, por mala infraestructura, y las negras, por fraudes; Distribución (D), costo de las redes locales que llegan al consumidor final y Comercialización (C), la facturación, cobros y quejas y reclamos. La sumatoria de los seis rubros nos da el valor del costo unitario de un kilovatio hora y se multiplica por el número de KWH consumidos en un mes, la suma que hay que pagarle a la empresa local según la facturación.
Es necesario entender cuál es la tarifa plena, la del estrato 4, porque no recibe subsidios como los estratos 1, 2 y 3, pero tampoco paga la sobretasa de la contribución del 20 % sobre el consumo mensual, como lo hacen los estratos 5 y 6 y comercial. En octubre de 2020, cuando llegó AIR-E a martirizar a la costa caribe, el estrato 4 pagaba 497,90 pesos el KWH y en agosto de 2021 pasó a 761,76 pesos el KWH, un aumento impresionante de 53 %. Pero como si cobraban de golpe todo el aumento hubiera ocasionado una explosión social, el gobierno nacional y la CREG se inventaron la llamada opción tarifaria con la Resolución CREG 012 de 2020, que difiere el aumento en cuotas mensuales durante varios años de 7,5 %, aproximadamente. Por eso al estrato 4 le llegó el cobro de septiembre a 569,70 pesos el KWH. Este infame aumento proviene fundamentalmente del rubro de pérdidas eléctricas, que pasó de 41,49 pesos a 247,23 pesos, casi un 500%, lo cual se puede comprobar en las facturas de AIR-E de los dos últimos meses.
En comparación con las principales ciudades del país, la tarifa de AIR-E quedó por encima de todas, ya que en Bogotá la empresa Enel cobra 576,78 pesos el KWH, EPM de Medellín, 623,97 pesos; Emcali, 580,16 pesos y ESSA-EPM de Santander, 569,05 pesos frente a 761,76 pesos de AIR-E que lo cobrará gota a gota, a razón de 7,5 % mensual durante años.
Tiene toda la razón la Mesa de Usuarios de Atlántico-Magdalena-Guajira al entregar un derecho de petición colectivo a AIR-E con plantones en las ciudades de Barranquilla, Ciénaga, Santa Marta, Riohacha y Maicao, respaldado por 30.000 firmas. Los usuarios exigen que no se continuara colocando el sistema de medición avanzada AMI, o medidores inteligentes, por ilegales y costosos, que dejara de cobrar las deudas viejas con Electricaribe por no tener sustento legal, y rechazando el exorbitante aumento tarifario y otras demandas. Las peticiones no fueron tenidas en cuenta en la respuesta evasiva de AIR-E, que no respondió los fundamentos legales y fácticos y que solo aceptó una posible reunión con la Mesa de Usuarios el 5 de octubre, extrañamente citada para la ciudad de Maicao, en la frontera con Venezuela.
La justa queja de los cinco millones de usuarios de los tres departamentos continuará con variadas formas de lucha, combinando las movilizaciones y plantones con reclamaciones jurídicas en las diferentes instancias, uniéndose con los otros seis millones de usuarios que atiende Afinia-EPM en Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar, también objeto de atropellos sin cuento.
