Las cuentas alegres que hace Aída Merlano sobre el saneamiento de su fortuna, que según su abogado ascienden a $ 12.000 millones de pesos, llamaron de inmediato la atención del Consejo Superior de la Judicatura, organismo que administra los recursos de la Rama Judicial. El Consejo podría contar por lo menos con una cuarta parte de esa suma para que la excongresista se pusiera al día con sus deudas económicas con el Estado.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia que el 20 de noviembre de 2022 condenó a Merlano a la pena principal de algo más de cinco años de prisión por el delito de violación a los límites de gastos de campaña, le impuso también una multa de $3.430.048.830 millones.
El Consejo de la Judicatura es el responsable de hacer el cobro y si la condenada exparlamentaria logra que sus bienes no sean objeto de extinción de dominio, tendría el camino despejado para ejecutar el cobro de esa deuda y para imponerlo medidas cautelares de embargo, si fuera preciso.
La obligación del pago sería mayor si se hacen cálculos sobre el pago indexado de la multa que podría pasar de los 4.000 millones con intereses por mora.
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