Queda demostrado que sí es posible la meritocracia constitucional en el Estado con voluntad política y actos de grandeza democrática. Y expropiar (verbo de moda en este gobierno) los empleos públicos de la clase política clientelista.
La decisión del recién elegido contralor general de la nación de nombrar en los cargos directivos a quienes le siguieron en el concurso de méritos es un acto que marca un hito en la administración pública y la meritocracia.
Tradicionalmente, por regla general, y como resultados de las componendas clientelistas que garanticen la "gobernabilidad", los nombrados para esos cargos eran los recomendados de los políticos que votaron a favor del elegido, en un claro tráfico de influencias.
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Es, además, un ejemplo para la selección de los próximos contralores municipales, personeros municipales, procuraduría, defensoría del pueblo, etc. y la oportunidad meritocrática para los que superaron las pruebas y no les alcanzó pero demostraron capacidades para ocupar un cargo directivo.
Ejemplo que debería seguir con mayor razón la Comisión Nacional del Servicio Civil, órgano creado por la constitución para velar por el cumplimiento integral del mérito y la carrera administrativa.
Mérito que lo ha reducido solo a los concursos de carrera administrativa y no tiene en cuenta que el mérito constitucional comprende las otras categorías laborales.
Razón por la cual, al interior de esta entidad, todos los cargos directivos, asesores y contratistas de prestación de servicios deberían ser vinculados por procesos meritocráticos y no al arbitrio clientelista de sus comisionados.
Un ejemplo en consonancia con lo expuesto debería ser que los que superen ese proceso de selección de los comisionados, que es como para trabajar en la NASA, deberían ser tenidos en cuenta para estos cargos directivos o contratos de asesoría.
Sin embargo, esta tarea parece que será el talón de alquiles del presidente Petro, pues al respecto no ha habido claridad en la conformación de las estructuras administrativas de todas las entidades públicas que componen el Estado. Se le abona que ha eliminado muchos cargos de corbata que no deberían existir.
En relación con los contratos de prestación de servicios, el gobierno ha patinado en si se eliminan, se reducen o se amplían las plantas para que se vinculen meritocráticamente. Hasta el momento ese clientelismo continuará, pero reducido.
