Esta semana, tanto medios comunicación como redes sociales, estuvieron a punto de colapsar ante la cantidad de opiniones alrededor del surgimiento de la noticia del momento: la legalización del aborto es un hecho hasta la semana 24.
La decisión tomada por la Corte Constitucional estuvo plagada de opiniones personales, aseveraciones jurídicas, cuestiones éticas y morales, pero al final, el resultado fue el mismo: la despenalización. Sin embargo, los magistrados no fueron los únicos que opinaron, diversos colectivos pro vida y pro aborto se manifestaron a las afueras del alto tribunal constitucional ante la magnitud de la noticia conocida.
Ahora bien, ante este escenario, queda, jurídicamente hablando, una controversia, incluso, mayor que la suscitada en la sala plena de la corte, generando nuevas controversias en nuestro sistema jurisdiccional.
El debate jurídico se centra principalmente en la competencia que tenía la corte para despenalizar el aborto, puesto que se desconocería así el preámbulo de la carta magna que deriva en manos del constituyente primario (el pueblo), representado por los parlamentarios en el congreso de la república, voz y voto en las decisiones en donde existe una ponderación de principios y garantías constitucionales.
Ante esta situación, diversos grupos activistas en contra del aborto, además de diversos funcionarios, pretenden por medio del referéndum (mecanismo de participación ciudadana) hacer trizas la decisión de la corte constitucional; el cual, en caso de proceder, deberá ser revisado por esta misma institución.
A pesar de todo, es necesario mostrar ambas caras de la moneda, si bien, para algunos, la Corte Constitucional debió declararse inhibida y solicitar al Congreso legislar al respecto, sabemos todos, lo demorado que suele ser un proceso en el parlamento colombiano, lo que genera, nuevamente, una incertidumbre jurídica y una inseguridad institucional aún peor.
Un claro ejemplo fue lo ocurrido con los derechos de las parejas del mismo sexo para poder protocolizar su relación a través del matrimonio civil, en donde mediante sentencia C-577 de 2011 se exhorta al Congreso para legislar, asunto que se extendió durante varios años sin que hubiera pronunciamiento alguno, hasta que la misma corte lo tuvo que hacer en el año 2016 con sentencia SU-214 de 2016, cuestión que aún no ha sido legislada, pero se ha desarrollado vía jurisprudencial.
En cualquier sociedad, medianamente responsable, un tema de tan alta envergadura, generaría un debate similar.
El asunto de despenalizar hasta las 24 semanas de embarazo ha levantado resquemores en la sociedad colombiana, con opiniones encontradas. Para algunos el tiempo está perfecto, pues hay mujeres que no se percatan de su embarazo hasta una etapa avanzada, y, por otro lado, estamos los que creemos en un plazo mucho menor con los meses de embarazo; aunque la ciencia médica no tenga miramientos a la hora practicarse en un tiempo u otro.
Finalmente, se ha de decir que por lo menos existe una manifestación sobre este asunto, aunque solamente decidieron cinco de los nueve magistrados un tema de alto calibre. Al final, solo queda esperar por una regulación que permita un acceso gratuito al procedimiento, amén de generar una política de no discriminación contra la mujer y lo más importante, una reglamentación para las veces en que se podrá acceder a este derecho.
Cabe resaltar que esta decisión fue o ha sido un hito en toda América Latina, he sido un fiel defensor de una política abortiva debidamente reglamentada, que no puede ser indefinida en el tiempo y que deba ir acompasada a su vez, de una campaña a un más grande de educación sexual; porque de nada sirve abortar si todavía se pueden seguir teniendo relaciones sexuales de forma indiscriminada y sin la debida seguridad o protección.
Posdata: el derecho debe ser visto como un ser viviente, va avanzando a medida que pasa el tiempo y se crean nuevas políticas. El aborto como tema neurálgico, destaco, debe ser debidamente regulado al igual que la educación sexual debidamente impartida.
