Si usted compra una libra de café en cualquiera de los puntos de venta de alguno de los 3.000 supermercados de cadena [1] o en algunas de las 250.000 tiendas de barrio [2] que existen en todos los rincones del país encontrará que sus precios son muy similares y no variarían más de un 10%, ya sea hacia arriba o hacia abajo [3]. Lo mismo ocurre con cada uno de los 20 productos que podrían conformar una canasta familiar básica de supervivencia.
Unos alimentos son procesados y empacados por las grandes industrias, tales como: chocolate, huevos, harinas, aceite, azúcar, sal panela, sardinas, pan, salchichas, fríjoles, lentejas, arroz y margarina. Este grupo de productos tienden a tener precios muy similares, pues existen precios públicos de catalogo. Esto significa que un productor de chocolates no le vende a un supermercado y a otro negocio a precios distintos. Existe una ética comercial que impide que los precios y la credibilidad de los negocios colapsen o se disparen, pues la seriedad es la base del prestigio comercial. El tener precios al publico similares estimula también la sana competencia y evitaría que un tendero quiebre a sus colegas de barrio, por competencia desleal.
El segundo grupo de productos (papas, plátano, yuca, , zanahoria, arvejas, verduras, frutas y cítricos) son cultivados por pequeños campesinos y cooperativas que a su vez los distribuyen a abarroteros y mayoristas de las plazas. Este último grupo de productos pueden variar de acuerdo a las cosechas o a las condiciones climáticas. En el peor de los casos, estos productos podrían duplicar y hasta triplicar los precios, pero si esto ocurre las mismas amas de casa no los compran más, lo cual ocasiona que el mercado se autorregule.
En otra palabras, gracias al libre mercado los precios se autocontrolan.
Ahora bien, cuando llega una tragedia como la que estamos viviendo y al propio presidente Duque se le ocurre saltar la cadena de distribución (Productor —› mayorista —› supermercado —› tendero) e introduce un perverso elemento en la ecuación (la cual queda así: alcalde rata o gobernador de alcantarilla —› distribuidor imaginario), ¡el sistema de precios regulados colapsa!
¿Por qué en vez de usar la cadena natural de distribución y las compras directas (alcalde —› distribuidor) con precios regulados se acudió a complicadas licitaciones públicas?, ¿será porque se le adjudican a quien presente el precio más barato entre tres oferentes distintos, cuyos precios están siempre inflados?
De esta manera, para librarse de las garras de la Fiscalía y la Contraloría, el alcalde o gobernador respalda cualquier negocio inflado, mostrándole a estos funcionarios las tres cotizaciones pedidas por “la ley’’ y base de toda la corrupción administrativa que impera en las obras públicas y los contratos de servicios.
Pero si el presidente y el ministro de Desarrollo andan desvirolados, los funcionarios del la Registraduría y la Fiscalía están peor. Resulta que para investigar un presunto delito envían todo un equipo de “investigadores” a descubrir los precios vigentes en las tiendas y supermercados en la ciudad de las sede del contratista investigado. Ellos, por ignorancia, simple retardo mental o mala fe, ignoran que existen listas de precios nacionales sugeridos al público por los mismos fabricantes y distribuidores.
Y luego de esa “concienzuda investigación” llega la parte más risible de todo este proceso: pedir las tres cotizaciones al alcalde o gobernador. Solo hay dos exigencias para bendecir el negocio, la una que se escoja la oferta más barata y la otra es que los cotizantes estén registrados ante una cámara de comercio.
A ellos no les interesa que el oferente no tenga experiencia comercial, ni bodegas, ni capacidad de transportadora, ni referencias comerciales. En este desvergonzado negocio no importa que los precios de los productos estén disparados por las nubes, pues lo único que cuenta es que las tres cotizaciones estén en orden y que las empresas hayan sido registradas ante la Cámara de Comercio. Asi se cocinó Odebrecht y todos los demás contratos de los puentes que se desboronaron o las carreteras llenas de huecos.
Así, por ejemplo, en un municipio del Quindío se descubrió que el oferente ganador había constituido una sociedad comercial ante la Cámara de Comercio solo la semana antepasada; en otro pueblo de Cundinamarca, que un oferente era una bomba de gasolina; que en los Llanos se compraron latas de sardinas al cuádruple del precio; y que hasta el Ejército compró tapabocas N95 a $35.000, a pesar de que su precio en una farmacia es de $18.000.
Este es el típico negocio gana-gana. El presidente obtiene el apoyo de los caciques regionales; los alcaldes y gobernadores se embolsillan una tajadas de esos billones repartidos a la topa tolondra.
Este sistema es por naturaleza perverso, pues solo persigue que el presidente obtenga el apoyo que no tiene entre los alcaldes y gobernadores inventando un patrioterismo cursi.
Si el presidente estuviera bien intencionado concertaría una canasta básica de 20 o 30 productos, con todos los grandes distribuidores y les adjudicaría cupos para todas las ciudades y pueblos del país. A su vez, los productos deberían estar debidamente empacados y con sello de garantía para no ser abiertos.
Uno no entiende cómo un presidente y un ministro de Comercio, Industria y Turismo (con estudios de economía y cargados de posgrados en el exterior) no conocen algo tan elemental de la cadena de distribución de Colombia, por donde circula el 100% de los alimentos.
¿Será que se están haciendo los de la vista gorda para que las ratas de alcantarillas dilapiden en esa forma la comida de los pobres? ¿O será que este es un truco perverso y legalizado para buscar el apoyo político de alcaldes y gobernadores?
[1] Lanota.com
[2] Revista Dinero, octubre 2019
[3] Kartar World Panel
