Un grupo que se hace llamar las Águilas Negras ha dado a conocer un panfleto para amenazar de muerte a 25 dirigentes sociales y populares de Cali y el Valle del Cauca.
Entre los amenazados se encuentran el senador del Polo, Alexander López; el exsenador y actual presidente del partido Alianza Verde, Jorge Iván Ospina; el exrepresentante a la Cámara, Wilson Arias; presidentes y directivos de sindicatos como CUT, Sutev, Sintraemcali, Sintraunicol, Sintracuavalle, Sintragobernaciones, Festralva; organizaciones sociales como Congreso de Los Pueblos, Movice; los movimientos políticos Marcha Patriótica, Colombia Humana y el partido Comunista, Paz Democrática y Alianza Verde.
Las Águilas Negras es una marca que viene siendo utilizada sistemáticamente por todo el país en la caravana de la muerte que la ha costado la vida a más de 300 dirigentes comunitarios y en pleno proceso de paz que se supone ha sido hecho para terminar con la violencia.
Es Gustavo Petro quien ha llamado la atención sobre esta grave situación para sugerir que las Águilas Negras es una red integrada por funcionarios públicos de las Fuerzas Armadas que opera a nivel nacional para amenazar y actuar en diferentes lugares del territorio nacional, bien sea en la Guajira, en Tumaco, en el Cauca, en Antioquia, en Cali, en el Huila, en Arauca o en el Eje cafetero.
En la acción de esta maquinaria de muerte hay un acumulado histórico cuyo hilo conductor son las prácticas contrainsurgentes arraigadas en las doctrinas de los organismos armados del Estado y sus gobiernos.
Lo grave de la situación del Valle del Cauca es que ha sido en su territorio donde se originaron y organizaron las Águilas Negras, financiadas por las mafias del narcotráfico e integradas, según dicen, por la policía y militares activos.
Ahora bien, en una reunión realizada el viernes 16 de agosto, la gobernadora del Valle del Cauca se comprometió a solicitar con el procurador regional de Cali y con la defensora del pueblo al Ministerio del Interior que haga un estudio de seguridad rápido y priorizado para estas personas que están amenazadas, de los sindicatos y diferentes grupos políticos, pero además que se pueda realizar un Cerrem (Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas) antes de un mes en el Valle del Cauca para poder definir cuál es la protección que se les va a dar a los líderes sentenciados por este nuevo sicariato de las oligarquías locales dispuestas a destruir los notables avances del movimiento social en las votaciones presidenciales del pasado mes de junio.
Se hace necesario que las autoridades regionales del Valle con la participación efectiva de los líderes y organizaciones comunitarias implementen medidas en los términos de los acuerdos de paz con las Farc y de los decretos expedidos desde el segundo semestre del 2017 como implementación de dichos pactos. Me refiero a normas como las siguientes:
- Decreto 154 de febrero del 2017 que crea la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en el marco del Acuerdo Final, suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016.
- Decreto 895 de mayo del 2017 que crea el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política.
- Decreto 898 de mayo del 2017 que crea al interior de la Fiscalía General de la Nación la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.
- Creación de Cuerpo Élite de la Policía para enfrentar bandas paramilitares.
- Unidad especial de la Unidad Nacional de Protección para dar seguridad a líderes sociales y exintegrantes de las Farc.
- Decreto 1581 del 28 de septiembre del 2017 que adopta la política pública de prevención de violaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de personas, grupos y comunidades.
- Decreto 2078 de diciembre del 2017 sobre la ruta de protección colectiva de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal de grupos y comunidades.
- Decreto 2124 de diciembre del 2017 que reglamenta el sistema de prevención y alerta para la reacción rápida a la presencia, acciones y/o actividades de las organizaciones, hechos y conductas criminales que pongan en riesgo los derechos de la población y la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
- Decreto 2252 de diciembre del 2017 sobre la labor de gobernadores y alcaldes como agentes del presidente de la República en relación con la protección individual y colectiva de líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y comunales, y defensores y defensoras de derechos humanos que se encuentren en situación de riesgo.
Todas estas normas dan forma a un cuerpo institucional que es necesario trabajar con los líderes y organizaciones sociales para garantizar su utilización efectiva en la protección de la vida de los mismos.
Hay que demandar de los funcionarios departamentales, municipales y de la política la mayor responsabilidad y compromiso en su implementación concreta en el departamento del Valle y en municipios como Palmira, Pradera, Florida, Buenaventura, que hacen parte de la zona más crítica en los actuales momentos.
