“Natanael se quejaba de que los pueblos del norte del Cauca a pesar de aportar al desarrollo del país con el 50 % de la producción nacional del cacao, tuviesen las peores infraestructuras sanitarias y de comunicaciones en comparación con otras regiones del país y de que la mayoría de la gente negra estuviese sumida en condiciones de pobreza. Luchó hasta el cansancio para dotar a Puerto Tejada de acueducto, alcantarillado y luz. Para ello presentó al Congreso de la República un proyecto de ley para superar estas carencias (Díaz, 1947, citado en Ayala, 1997).
Siendo consciente de la relevancia de este proyecto para el bienestar futuro de la gente del Puerto lo defendió a capa y espada con su convincente oratoria. Este era uno de los esfuerzos pioneros por resolver los problemas de dotación de las infraestructuras básicas como el acueducto y el alcantarillado. Para ese momento, Puerto Tejada, Buenos Aires, Padilla, Timba, Guachené, Suárez y Villa Rica, asentamientos nortecaucanos con mayoría de gente negra, no tenían acueducto. Precisamente, Alejandro Peña, cuatro años antes, en el segundo período presidencial de Alfonso López Pumarejo, le había pedido que resolviera estos problemas de infraestructura:
Dígale al doctor López que el primer López nos dio la primera libertad; que la ley de tierras nos dio la segunda y que ahora (…) queremos acueducto y alcantarillado. Cualquier otra cosa sería prematura. Si nos da eso nada más, habrá firmado la tercera libertad de los negros (Sábado, 27 de noviembre de 1943, citado en Pisano, 2012, p. 198).
Sin embargo, en 1959 como parlamentario, Marino Viveros denuncia que por la “negligencia oficial” la construcción del acueducto y el alcantarillado de Puerto Tejada no se había completado.
Natanael argumentó en la exposición de motivos de los proyectos de ley, que las deplorables o inexistentes infraestructuras sanitarias de los municipios nortecaucanos obedecían al abandono del Estado y a su actitud discriminatoria contra la gente negra, y que Puerto Tejada tenía la misma importancia de municipios como Tuluá y Sevilla, en el Valle del Cauca, que poseían mejores infraestructuras y no por coincidencia menos población negra.
Por lo tanto, este tipo de debate no refería a un simple problema de infraestructura, sino que tiene un contenido político cuando Natanael denuncia la actitud discriminatoria del Estado hacia municipios de gente negra y al comparar las diferencias con otros municipios, lo que tiene implícito el llamado al Estado para que otorgue un tratamiento igualitario y no discriminatorio con la gente negra”.
Esta histórica introducción a la presente investigación está contenida en el libro Natanael Díaz, un poeta en los laberintos de la política, de autoría del investigador Luis Carlos Castillo, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas y Secretario General de la Universidad del Valle, publicado por la Editorial Crítica del Grupo Planeta y el Programa Editorial de la Universidad del Valle.
Parece una crónica publicada hoy. Nos demuestra el registro documentado del libro, y las noticias de los últimos días, que la situación sigue vigente, que el Estado colombiano, con intervención de entes nacionales, regionales y locales, a pesar de la infinidad de recursos inyectados en los últimos ochenta años, necesitan mantener sin remedio un problema de salud pública que habría podido solucionarse desde el siglo pasado, si realmente hubiera existido voluntad política por encima de los actos deshonestos cometidos, para favorecer intereses personales o de grupos políticos cómplices, que han logrado permanecer en la impunidad y continuar frescos, descargando nuevos recursos públicos para el mismo fin, con la misma disculpa histórica.
Si los organismos de control oficiales no han podido detectar beneficios pecuniarios ilícitos para los protagonistas de las “inversiones” públicas, la corrupción se evidencia en la acumulación de poder y en la poca eficiencia de la administración pública, potenciada por la carencia de conciencia social y cultura del compromiso.
“Si, tiene razón. Esto del agua potable en Puerto Tejada es un cuento de nunca acabar, y aun cuando se han presentado mejoras en la infraestructura, estamos muy lejos de llegar a un punto óptimo en el servicio, dado principalmente el hecho de las dudas sobre la calidad del líquido y que la cobertura no tiene aún el alcance que se requiere, y la presión no garantiza el suministro constante más allá del segundo nivel en algunos sectores de la población”: Carlos Arturo Lasso Vásquez, ingeniero mecánico, Universidad del Valle, integrante del comité técnico de la Veeduría del Acueducto de Puerto Tejada.
Y agrega: “En cierta forma me identifico con usted cuando dice que estamos peor que hace ochenta años. Esto porque no logramos contar aún con un servicio de acueducto a la altura de las condiciones que exigen las normas vigentes en el país, pero tenemos la desventaja que ya no contamos con los ríos saludables, llenos de vida, de los cuales proveíamos el vital líquido sin problema alguno”.
Earpa S.A. E.S.P.
Para intentar resolver el acceso al agua potable de las comunidades nortecaucanas, hace más de 30 años (en septiembre de 1991) fue creada en Santander de Quilichao la Empresa de Acueducto y Alcantarillado Río Palo S. A. E.S.P. EARPA, con $800 millones de entonces, aportados por el gobierno holandés. Simultáneamente, siguieron funcionando las empresas locales creadas como caja menor o revendedoras de agua (obviamente, no apta para el consumo humano).
Por su ineficiencia e ineficacia, que desataron continuos paros y protestas de las poblaciones de Villa Rica, Guachené, Caloto, Puerto Tejada y zonas veredales del norte del departamento del Cauca, hace 14 años (en el año 2008) se ordenó su liquidación.
Fotografía: Eder Suarez Quintero y Carlos Arturo Lasso Vásquez, integrantes del comité técnico de la Veeduría del Acueducto de Puerto Tejada.
Cuando parecía inminente su desaparición, en el año 2017, la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo realizó una evaluación integral de la gestión, determinando que EARPA no tenía plan de gestión ni certificación de calidad, ni procesos documentados. Tampoco la actualización requerida del Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos-RUPS.
Encontró la ‘Super’ que los empleados no cumplían con las certificaciones en competencias laborales, ni se daba aplicación a las normas NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) debido a su proceso de liquidación.
Y como certificó, los pasivos siguen creciendo en proporción geométrica, además de que en el componente técnico-operativo no cuenta con concesión agua para la captación del río Palo, incumpliendo con lo dispuesto legalmente.
Detectó además que los predios por donde pasa la red son privados y no gozan de servidumbre formal haciendo difícil cualquier tipo de intervención e inclusive identificación de daños. Que no tiene macro-medidores instalados en el sistema, por lo cual no se calcula el índice de agua no contabilizada, no se conoce el volumen de agua que entra al sistema y se desconocen las pérdidas que se producen en las tuberías, que tienen más de 50 años de uso, hechas, principalmente, de asbesto cemento. Además, no cuenta con plan de mantenimiento de redes.
También dice la Superintendencia (2017) que, aunque EARPA opera con una cobertura de acueducto del 23% en el municipio de Villa Rica, el 100% en el municipio de Guachené y del 20% en Puerto Tejada, no tiene CCU (contrato de condiciones uniformes) publicado y no cuenta con micro-medidores instalados, por lo tanto, no es posible hacer cálculo preciso de consumo, incumpliendo lo dispuesto legalmente. Por esta razón, la empresa cobra un cargo fijo de 18 metros cúbicos per cápita para los 6.381 usuarios (2017). Hoy EARPA tiene 8.402 usuarios.
Además, EARPA no ha formulado mapa de riesgo para ser aprobado por la autoridad sanitaria, ni con plan de contingencia y emergencia.
Y lo más grave del asunto: en cuanto a la calidad de agua suministrada, el prestador no cuenta con puntos de muestreo, por lo cual no es posible realizar muestras de control de la calidad de agua distribuida. La ‘Súper’ determinó que la calidad fluctúa en un nivel de riesgo medio, lo que significa que se suministra agua no apta para consumo humano.
Finalmente, con la información financiera reportada por el prestador en el Sistema Único de Información – SUI, de acuerdo con la metodología definida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, se determinó que la clasificación de EARPA S.A. es Rango III “Nivel de Riesgo Alto”, es decir presenta el nivel inferior de desempeño.
La Empresa Caucana de Servicios Públicos EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. en diciembre de 2021 decidió apoyar la liquidación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Río Palo EARPA por tal motivo le inyectó 1.200 millones de pesos para el saneamiento de los pasivos que implica esta liquidación. Pero la empresa sigue funcionando 14 años después de haber iniciado el proceso liquidatario.
Otras alternativas: Afrocaucana del Aguas S. A.
Ante la grave situación de orden público del norte del Cauca, el abandono del Estado y las necesidades represadas de más de 385.900 habitantes, el 19 de enero de 2013 el presidente Juan Manuel Santos, el gobernador del Cauca Temístocles Ortega Narváez y los alcaldes de los municipios de Buenos Aires, Caldono, Caloto, Corinto, Guachené, Jambaló, Miranda, Padilla, Puerto Tejada, Suárez, Toribío, Villarrica y Santander de Quilichao suscribieron el Contrato Plan Norte del Cauca, para ejecutar una inversión global de 622.684 millones de pesos, presupuestados para el trienio 2013-2015.
Para iniciar se priorizaron algunos proyectos emblemáticos, entre ellos uno que supliera el fracaso de EARPA para dotar de agua potable a la región de los caudalosos ríos. Decidieron entonces, construir otro acueducto regional, tomando aguas del río Guengué, de Corinto.
El proyecto “Construcción Acueducto Regional del Norte del Cauca” fue presentado al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio –MVCT-. El contrato de construcción de la infraestructura fue adjudicado a la empresa Constructora Conconcreto S.A. (29 de octubre de 2013) por la suma de $26.360’344.906, con plazo para la ejecución de doce (12) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio (28 mayo del 2014). Adicionalmente, se asignaron 9 mil millones con destino a la dotación de la respectiva planta de potabilización.
Buscando un operador para este nuevo acueducto, el gobernador Ortega Narváez y los alcaldes Armando Mina, del municipio de Padilla; Francisco Paz, de Guachené; Gustavo Hincapié, de Puerto tejada y James Guillermo Mina Ballesteros (q.e.p.d.), de Villa Rica, en octubre de 2013 decidieron crear la Empresa de Acueducto Regional del Norte del Cauca, registrada con la razón social AFROCAUCANA DE AGUAS. Hizo parte de la empresa, además, el Municipio de Caloto, toda vez que la vereda Quintero, perteneciente a este ente territorial, sería también beneficiada con el proyecto.
El proyecto comenzó a frenarse a los pocos meses de haber iniciado, primero, porque las comunidades indígenas de la parte alta, donde nace el río Guengué, protestaron por el destino final de las aguas, que eran las comunidades negras de la parte plana. En noviembre de 2014, cuatro hombres fuertemente armados detuvieron una máquina retroexcavadora que trabajaba en la construcción del acueducto, y la incineraron. Los hechos ocurrieron cerca de la bocatoma, en la vereda El Barranco, del municipio de Corinto.
Los contratistas de la obra en días anteriores habían recibido un documento exigiendo el pago de “vacunas”, para continuar ejecutando las obras.
A principios del 2015 vuelve y se paraliza la obra por exigencia de algunas comunidades indígenas de Miranda y Corinto, porque según el concejal y exdiputado Evelio Muñoz, de Miranda, “escogieron el río equivocado, el Guengué está moribundo”, significando que la fuente hídrica no está en capacidad para suministrar el agua requerida y que además no socializaron el proyecto con las comunidades de Miranda y Corinto…”
Luego, en el mes de mayo, algunos sectores de la comunidad, que habitan el piedemonte del municipio de Padilla y de la parte alta de Corinto, no permitieron la instalación de la tubería faltante para empatar la red de los municipios beneficiarios, al alegar que el proyecto no había sido socializado con ellos y que se afectan las zonas de regadío de sus fincas y propiedades.
Posteriormente, el miércoles 2 de septiembre de 2015, Julio César Tumbo Labio, ex gobernador indígena del resguardo de Corinto, divulgó la advertencia según la cual la empresa Afro-Caucana de Aguas S.A. E.S.P. pretendía privatizar el agua en beneficio de la industria y una embotelladora multinacional que se radicaría en Villa Rica, por lo cual se oponen de nuevo a la construcción de un acueducto regional porque “privatizará el agua de los ríos Guengué y Río Negro”.
Además, una de las fallas técnicas en la planta de potabilización que impidió el manejo del caudal que se requería y que había sido diseñado inicialmente postergó la terminación de las obras y añadió sobrecostos por casi 800 millones de pesos.
El miércoles 30 de noviembre de 2016, la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Elsa Noguera, visitó la obra que llevaba ya un año de atraso, en compañía de los alcaldes de Puerto Tejada, Tobías Balanta; Víctor Hugo Vidal, alcalde de Padilla; Yenny Nair Gómez, alcaldesa de Villa Rica y Oliver Carabalí Banguero, alcalde de Guachené.
El agua potable como fuente de corrupción
A este acueducto, casi 10 años después de su proyección, le siguen inyectando dinero porque tampoco les funcionó con las inversiones inicialmente planificadas. Siguió entonces el festivo carrusel de los recursos públicos, descrestando ingenuos con esa palabrita que tanto les encanta porque les sirve para todo: “Optimización”, obviamente, de lo que no les queda óptimo.
El gerente de EMCASERVICIOS, Julián Andrés Muñoz Imbachí y el gerente Afrocaucana de Aguas, Oscar Eduardo Larrahondo Balanta, anunciaron otra inversión de 1.832 millones de pesos con el contrato CONV -317-2021 para la “optimización de la primera etapa del acueducto regional; se busca mejorar y ampliar el proceso de captación, tratamiento y potabilización de las aguas del río Guengué para abastecer los municipios de Padilla, Puerto Tejada, Guachené, Villarrica y la vereda de Quintero de Caloto”.
Simultáneamente, de manera autónoma, cada alcalde ejecutaba por su cuenta recursos para agua potable. Por ejemplo, en noviembre del 2015, el alcalde de Puerto Tejada, Gustavo Alberto Hincapié Palomeque, confirmó que el Viceministerio de Aguas y Saneamiento Básico, a cargo de María Carolina Castillo Aguilar, le aprobó 18 mil millones de pesos para la renovación de las redes del sistema de acueducto en esta población nortecaucana.
Un año después, el siguiente alcalde, Tobías Balanta Murillo, ratificó la “urgencia” de la reposición de las redes. Una primera etapa fue contratada por Emcaservicios, por valor de 3.730 millones de pesos para obras de construcción, rehabilitación y optimización del sistema de acueducto y una segunda por valor de 18.305 millones de pesos para reponer las tuberías domiciliarias que por su obsolescencia registran pérdidas del 70% y la colmatación de las mismas contamina el 30% restante.
Se construyeron dos tanques semienterrados en concreto de 4.000 psi, la estación de bombeo, instalación de 71 metros lineales para línea de impulsión, 39.608 metros lineales de redes secundarias y 12.000 conexiones domiciliarias.
Pero, en el año 2021 -junio- la Contraloría General de la República (https://bit.ly/3A4VLdt) determinó que las obras no cumplieron con las especificaciones de ingeniería contratadas (pruebas de resistencia para muros y columnas -NTC 673 y INV E 410-13-, por lo cual, esta estructura en su totalidad puede colapsar). Se determinó entonces, un hallazgo fiscal por un valor de $484’986.034.
Además, concluyó: “Como producto de la información recopilada y las visitas a las obras realizada por la CGR en el primer semestre de 2021, se considera que la gestión fiscal y ejecución de los recursos públicos invertidos se vio afectada, por inobservancia de los principios de eficiencia, eficacia, economía, así como inoportunidad en los resultados de la contratación afectando la entrega de los proyectos en los términos pactados inicialmente”.
En la evaluación de control interno, se encontraron deficiencia en la supervisión, seguimientos, control y monitoreo a las obligaciones convenidas en los contratos, sin que se realizaran acciones de manera oportuna y efectivas en el marco de la línea integral de la gerencia de los proyectos revisados, para subsanar los atrasos presentados y conminar a los contratistas a cumplir con sus obligaciones contractuales y en su defecto aplicar las sanciones estipuladas en el contrato a que haya lugar.
La contradicción entre lo democrático y lo tecnocrático
El irregular e ineficiente suministro de agua potable está a cargo de una impenetrable burocracia que estimula la politiquería regional, con nido en una serie de organismos que no cumplen con sus funciones a pesar de que son idénticas y coinciden geográficamente: Empresa Caucana de Servicios Públicos EMCASERVICIOS, Empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado del norte del Cauca Afrocaucana de Aguas S.A.S. E.S.P., Empresa de Acueducto del Río Palo S.A E.S.P. EARPA, en liquidación; Empresa Pública de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Villa Rica, EMPUVILLA S.A. E.S.P. (anteriormente Empresa de Servicios Públicos EMVILLARICA), Operadora de Servicios Públicos OPSA S.A. E.S.P. (remplazó a la empresa municipal EMPUERTO, de Puerto Tejada, creada en 1989, entidad a la cual la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en septiembre de 2012, le prohibió la prestación de servicios públicos domiciliarios directa o indirectamente por un término de 10 años), Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Padilla EMPADILLA E.S.P., Empresa de Servicios Públicos Municipales de Caloto – EMPOCALOTO E.I.C.E E.S.P.
En los últimos tiempos los gobernantes se han inventado la estrategia de ser proveedores de argumentos paliativos, de ilusiones, de esperanzas de mejorar que hacen olvidar el verdadero potencial para su propio desarrollo, no ejecutan o realizan cosas de beneficio general que se puedan inaugurar, pero sí manipulan para que no se comprenda la realidad, para que se desconozca información vital, con lo cual la sociedad cada vez se margina más.
El mal es tan grave que no lo ve desde adentro; las mayorías populares están perdidas en su propio mundo, y por eso no faltan quienes marginan, reprimen, persiguen, amenazan, a aquellos que poseen conocimiento que esclarece y a los que honorablemente quisieran de verdad hacer algo que comience a superar la marginación y la miseria. Esa es nuestra paradójica rutina, la histórica fiesta de los astutos que, inclusive, a veces, reciben el aplauso de quienes padecen el flagelo.
Las obras, como se demostró en esta investigación, no se concluyen porque ese es el negocio. En la práctica, los contratos, algunas veces, se obtienen a pérdida, porque los contratistas saben que las ganancias se consiguen después, con sobrecostos, otros-sí y reajustes o presupuestos adicionales, que se hacen interminables, mientras que simultáneamente se van quebrando unas empresas públicas para ir creando otras que las remplazan en el carrusel.
La corrupción como paisaje siguió postergando indefinidamente los beneficios esperados por las poblaciones sedientas, y se volvió normal en el régimen de frustraciones que destruyó los valores cívicos. La fuente de corrupción se instaló en la infinidad de planes (y planos), contratos, recursos y tiempos invertidos, discursos y empresas comprometidas, sin que con ello hayan logrado el único objetivo: suministrar agua para consumo humano a las marginales y marginadas comunidades donde operan.
Conclusión
Si Alejandro Peña Carabalí viviera, el primer negro del norte del Cauca que ocupó un escaño en la Cámara de Representantes, estaría hoy, ochenta años después, todavía pidiéndole al presidente de la república que le conceda la tercera libertad de los negros (Si nos da eso nada más: acueducto y alcantarillado), recordando que el primer López (José Hilario) nos dio la primera libertad y que la ley de tierras nos dio la segunda… ¿Cuándo será ese cuándo de la tercera?
