La elección del nuevo Fiscal general de la nación es una decisión que va en contravía de los enormes avances que se vienen avizorando en el país a partir del proceso de conversaciones de La Habana y de los acuerdos alcanzados hasta ahora. Es un obstáculo para el desarrollo de la etapa de implementación, pues para que esta tenga éxito requiere de una rama de la justicia trasparente, capaz de hacer de la verdad la garantía para alcanzar justicia y el mayor impedimento para el retorno de la violencia política en el país.
Néstor Humberto Martínez ha hecho su carrera política en medio de su actividad profesional en la defensa jurídica a las grandes multinacionales y de los conglomerados bancarios, lo que explica su promesa de ser un “gerente” para la Fiscalía, es decir administrar la justicia generando ganancias, ¿para quiénes?
Están amenazados entonces, quienes valientemente vienen dando la pelea jurídica por los recursos naturales, los bienes de la nación y los derechos de las y los trabajadores de los monopolios. Amenazadas están las víctimas de la parapolítica quienes esperan resultados de las investigaciones a integrantes del Centro Democrático, pues no olvidamos que el recién electo definió al máximo representante de este grupo político, que es el máximo opositor al proceso de paz como “Un patriota”.
Pero si hay un grupo de personas amenazadas tras esta elección son las mujeres colombianas, pues desde su entrevista ante la Sala Plena de la Corte Suprema, el señor Martínez expuso la idea de descriminalizar la violencia intrafamiliar por ser una violencia de ocasión que atosiga el aparato judicial, argumentando que las denuncias por dicho delito deben ser tramitadas de otras formas, ya que las sanciones carcelarias ponen en riesgo a la familia.
Esta propuesta en el marco de lo que él llama “modernizar” la entidad, en un absoluto contrasentido porque lo que realmente significa es retroceder en el largo camino recorrido y ganado por las mujeres y sus organizaciones en su pelea por la equidad y por la vida digna.
Según Martínez son una cuestión de ocasión los 83.000 casos de violencia doméstica denunciados en Colombia en el último año y medio, la mayoría, cometidos en contra de mujeres, lo que según estudios recoge solo la cuarta parte del fenómeno, pues la mayoría de las violentadas no acude a la denuncia.
Decir que la congestión del aparato judicial se da por estos hechos, es un despropósito cuando por la incompetencia y corrupción de este sistema, los delitos financieros cometidos por las corporaciones bancarias, que el nuevo fiscal ha defendido, alcanzan la cifra de 150.000 procesos por año. La mejor forma de descongestionar los juzgados es cumplir con las leyes que favorecen a las víctimas de estos crímenes de lesa humanidad y despenalizar la protesta social que tiene a miles de líderes y lideresas, defensoras y defensores de derechos humanos tras las rejas o procesados. Eso sí sería modernizar, avanzar hacia los derechos de la ciudadanía.
Pero además, decir que las sanciones carcelarias ponen en riesgo a la familia, es defender la idea de esta como institución “sagrada”, basada en unos roles establecidos y en legitimar y permitir vejámenes, como la violencia física, psicológica y económica, que son naturalizadas para garantizar un orden establecido. No son las sanciones las que destruyen las familias, sino la cultura enraizada en la sociedad proveniente de un modelo que define su función como reproductora de anti valores serviles a las clases dominantes.
Es definitivamente, una postura que tras argumentos metodológicos y técnicos, esconde una aberrante concepción explotadora, discriminatoria, retrograda y patriarcal que hasta ahora ha sido el sustento de la política estatal, pero que a partir de las luchas de los sectores sociales por alcanzar sus justas reivindicaciones, viene en retroceso, aunque muy lentamente,.
Así es que gracias a estas luchas en 2008 es aprobada la ley 1257 que contempla acciones para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres; en ese mismo sentido el país firmó desde 1997 la Convención Belem do Pará, que ordena a los Estados Partes condenar todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia.
Por supuesto no podemos decir que la legislación sea la única solución al problema, esta debe ser acompañada de verdaderas políticas de prevención y acompañamiento a las comunidades que se harán reales solo en una nueva etapa de reconciliación en el país, en la que se de apertura a escenarios participativos y de construcciones colectivas, una nueva cultura basada en el respeto, la inclusión y la equidad.
Desde la sub comisión de género de La Habana, las mujeres insurgentes de las FARC-EP, venimos trabajando en garantizar la participación efectiva de las campesinas, indígenas, negras, obreras, trabajadoras, desempleadas, amas de casa, de diversidad sexual, maestras, estudiantes, desplazadas, en todos esos escenarios. Nosotras mismas a partir del proceso de reincorporación, defenderemos los logros alcanzados por las mujeres organizadas de todos los sectores y trabajaremos por el alcance progresivo de la plenitud de sus justas luchas.
Ante la amenaza de instituciones dirigidas a la regresión de derechos, ante la amenaza de Néstor Humberto Martínez, se requiere de un movimiento de mujeres consolidado y unificado, fuerte y decidido. De nuestra parte, estamos listas a participar en su construcción.
