Un total de 143 agremiaciones médicas y de pacientes firmaron la declaración pública para exigir al gobierno nacional la derogación de la Resolución 777, expedida el pasado 2 de junio, y en la cual se dan lineamientos para la reactivación económica del país. La comunidad científica afirma que, además de no ser el momento oportuno, dicha normativa desconoce el panorama epidemiológico de Colombia y pone en riesgo la salud de la población.
Según el documento, el impacto social ocasionado por la pandemia del COVID-19 ha sido catastrófico para todos los sectores de la sociedad, pero su mortalidad ha afectado de manera severa a la población más vulnerable y la que está en situación de pobreza. Agrega que los argumentos mencionados en la resolución para dar apertura económica no tienen evidencia científica publicada ni precedentes reportados de manera formal, por cuanto, entre otros aspectos relevantes, se estima que la letalidad reportada a hoy del 3.1% pasará en las próximas semanas de 500 a 800 personas fallecidas por día, los servicios de urgencias tienen una sobreocupación de entre el 200 y el 300% en las principales ciudades del país, el talento humano es insuficiente para cubrir las necesidades de expansión de las áreas de atención en urgencias, hospitalización y UCI; así como es innegable el colapso del sistema de salud teniendo en cuenta el conjunto de indicadores que, superan su capacidad instalada.
Ante esto, las sociedades médicas del país hicieron un llamado a los colombianos y a toda la sociedad para que comprendan que:
1. La pandemia no ha terminado. Estamos en el momento más crítico que amenaza con empeorar.
2. El sistema de salud colapsó.
3. Es imperativo asumir el autocuidado con responsabilidad social, de manera individual y colectiva.
4. El uso del tapaboca, lavarse las manos con frecuencia, mantener el distanciamiento físico, evitar reuniones concurridas en espacios cerrados son medidas que no son opcionales.
5. Cualquier aglomeración de personas aumenta exponencialmente el riesgo del contagio y la circulación del virus incluyendo sus nuevas variantes.
6. La vacunación reduce significativamente este riesgo, pero hasta no conseguir la inmunidad de rebaño, se deben mantener las medidas de autocuidado.
Además, instan al gobierno nacional a que como actores del sistema tienen derecho a participar en la formulación de la política de salud pública en general y de manera especial para resolver la crítica situación actual por la pandemia; es por eso que afirman que se hace necesario derogar la Resolución 777 de 2021 y expedir una nueva norma que incluya medidas que cuenten con la participación y con sustento técnico adecuado por parte de la academia, sociedades científicas, agremiaciones de la salud y otras organizaciones del sector; para adoptar de manera inmediata medidas eficaces para hacer frente a la emergencia sanitaria y humanitaria, y mitigar el colapso hospitalario en el que se encuentra la mayor parte del país actualmente.
“Finalmente, exigimos que se proteja el derecho a la vida a fin de que prevalezca el debido y oportuno cuidado a la población por sobre cualquier otra pauta o interés de naturaleza pública o privada”, agregan las 143 agremiaciones en su declaratoria.
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