Bajo mi ventana ocurre un absurdo: el semáforo que les indica cuándo cruzar a quienes vienen por la avenida, también les indica, innecesariamente, a quienes no van a cruzar sino que van a seguir derecho, que deben detenerse.
Quienes saben que si uno no va a cruzar no hay que detenerse en ese semáforo, arremeten estruendosamente con sus bocinas contra todos aquellos que, sin saberlo y cumpliendo con su buen deber ciudadano, se detienen ante la luz roja.
Así, una estridente y no tan breve cacofonía del absurdo se eleva cada dos por tres hasta mi ventana.
A veces, imagino, quisiera proponerle a las autoridades que midan el ruido promedio que causa el dichoso semáforo, que luego corrijan tan tonta falla y que luego vuelvan a medir los decibles de la esquina.
Quizás así, pienso, ingenuo, se darían cuenta cómo podría ser de fácil causar crecientes impactos positivos, medibles y demostrables, sobre la calidad de vida de los ciudadanos; corrigiendo pequeños errores, ajustando leves desajustes.
Entonces, sigo soñando, las autoridades buscarían casos similares —indicaciones de ruido excesivo, de flujos interrumpidos, de altos voltajes en las interacciones humanas— para descubrir las pequeñas fallas que los producen y repararlas.
Sería, alucino, un modelo de gestión de la movilidad y el espacio público consciente de los micromotivos que causan el macrocaos.
Cuando por fin despierto de mis ensoñaciones cívicas —ya sea por cuenta del estruendo de una bocina, o de un contundente freno de aire, o de una de las miles de sirenas innecesarias— reconozco que, antes de poder pensar en un modelo de política pública racional para regular el tráfico de la ciudad, se requiere pensar en un modelo menos trágico de la autoridad encargada de regularlo.
Ahí es cuando recuerdo el caos y la invasión vehicular que, entre enjambres de tramitadores que se codean con funcionarios y agentes, caracteriza a los andenes que quedan frente a las oficinas del DATT.
Es ahí cuando recuerdo al agente de tránsito que por poco arrollo el otro día cuando se voló en su moto un semáforo en rojo.
¡Ah! Y el par de agentes a los que les señalé insistentemente la U prohibida que un motorista grácilmente ejecutó frente a sus ojos, sin que ellos dieran señal alguna de verlo.
… y recuerdo también —como diría mi amada esposa— “la payasada esa” del comportamiento infantil burocráticamente inducido en los conductores que van a 200 y de repente bajan a 20 cuando ven los avisos de Detección Electrónica de exceso de velocidad que pululan en la carretera que de Cartagena lleva a Barranquilla, sin que haya cámara alguna a la vista.
Recuerdo —¿no sé si tú también? — al policía que trató de extorsionarte por una infracción inexistente, o que intentó aprovecharse por tu ignorancia sobre un cambio de señalización no anunciada ocurrido de un día para otro. O la sensación de que algo corrupto repta bajo la estrategia de las cámaras de exceso de velocidad en el departamento de Atlántico, las cuales suelen ser precedidas por avisos que te indican que debes ir a 90 y —de un instante para otro— a 30.
¿Cuántas veces te has preguntado quién fue el improvisador que diseñó los flujos vehiculares de esa rotonda, o de tal o cual calle o intersección?
Ya he escrito antes sobre la necesidad de diagnosticar y concebir la urgente e importante reforma que requiere nuestra policía. En la medida en que gestionar con mucha mayor racionalidad e inteligencia el trágico tráfico de nuestras ciudades no solo contribuiría a evitar muchas muertes y accidentes, sino que además redundaría de manera muy positiva sobre la calidad de vida de todos los ciudadanos por igual, también es urgente e importante realizar un diagnóstico profundo y concebir una reforma contundente sobre nuestra precaria e ineficiente autoridad de tránsito.
