Los medios abiertos nos han dado a conocer el enfrentamiento, disputa, entre dos (2) personajes que tienen funciones de administración estatal (presidencia, fiscalía general de la nación) como son el señor presidente, Gustavo Francisco Petro y el señor fiscal Francisco Barbosa. El primero elegido por voto popular y el segundo elegido por la corte suprema de justicia de una terna[1] enviada por el señor presidente de la república (Iván Duque Márquez).
Tanto el uno como el otro, el desempeño en sus cargos, están orientados a demostrar la legitimidad de estos órganos del Estado. Legitimidad entendida como el consenso entre los miembros de una sociedad para aceptar que las funciones administrativas de esos órganos son válidas y confiables.
Para ir entendiendo más el tema, los órganos (poderes) del estado[2] son: el legislativo (congreso: senado, cámara), ejecutivo (presidente) y judicial (cortes, tribunales, fiscalía general de la nación). Entre ellas debe existir una autonomía administrativa, pero eso no significa que no pueda existir una comunicación amigable y coordinada entre ellas.
De lo poco que he leído en la constitución de los Estados Unidos (Titulo IV, 1787) incluye un sistema de controles y equilibrios entre los tres (3) órganos del estado. Su fin es poner límites al poder (facultades) y no ser un medio de control (métodos de vigilancia). Da a entender que si alguno de esos órganos se excede en su autoridad sobre los otros órganos o actúa en contra de los intereses sociales (nacional), los otros órganos pueden verificar sus acciones. Esto señala que no se ha establecido (o por lo menos no lo he leído) un diseño, estructura, normas, de las relaciones entre estos órganos de poder, con el fin de proteger y defender sus propias facultades de las intromisiones de los otros poderes, en Colombia.
Bueno, pero lo que se ve en este enfrentamiento, no es el desbordamiento de las funciones y podres de estos órganos, la calificación o evaluación de sus resultados o formas de administración del órgano de poder, en el que se encuentran al frente. Aquí lo que se refleja o manifiesta es un conflicto en las relaciones interpersonales, un enfrentamiento de personalidades y una falta de asertividad para resolver el conflicto.
Esas perspectivas o visiones de vida, en política, de intereses personales como colectivos, de una comunicación asertiva, de conocimiento de las problemáticas sociales, etc., se pueden ver afectados, al profundizar y distanciar aún más; si se le da mucho valor a las creencias, estereotipos y sesgos cognitivos. En consecuencia, las valoraciones y afirmaciones que se hacen o “comparten” entre ellos son modelos de vida social, netamente intrapersonales (autoconceptos totalmente diferentes a los de sus interlocutores), donde la desconfianza, el odio, la culpabilización, la enemistad, las rivalidades, sus ideologías, funcionan como catalizadores.
En consecuencia, la actitud y comportamiento del señor fiscal es de una persona paranoica, ve enemigos que le van a hacer daño a él como a su familia. Igualmente se podría decir que tiene una personalidad histriónica pues su estado de animo se encuentra asociado a su imagen, prestigio social y deseos de ser adulado (ególatra), pues es una persona que afirma: “Yo soy una persona que probablemente tengo la mayor formación de personas de mi edad en este país, yo soy doctor, yo tengo dos maestrías, yo tengo una profesión, yo soy historiador, yo he escrito 10 libros, yo he sido profesor en más de 10 universidades en el mundo, 20 años de experiencia, he sido columnista, escritor, etc.….” (entrevista en Inírida – Guainía).
La actitud del señor presidente se puede calificar como de una persona obsesiva compulsiva, pues no quiere que de sus manos desaparezca el control, la rigidez y la aplicación de las normas, como el poder otorgado por sus votantes. Todas las cosas las quiere racionalizar, eliminado la subjetividad y otras formas de representación de la realidad. Se encuentra confundido, intercambiando la autoridad por el poder mal direccionado y aplicado. Una cosa es reconocer la legitimidad de las competencias de una persona y otra la de coaccionarla para que se cumpla su voluntad. Se debe tener cuidado para que el poder no se torne como una adicción. No perder los valores sociales, morales y éticos. El conocimiento intrapersonal como el interpersonal, deben ser claramente coherentes y racionales, sin perder el contexto o realidad social.
Tanto el uno como el otro confunden la entidad (organización) con el rol, funciones o calidad de la dirección a seguir en esas instituciones del estado y la personalidad.
Soy de las personas que afirman, que lo que no se mide no existe. Una cosa es medir los productos o servicios de las organizaciones, bien públicas como privadas, y otra las competencias, conocimientos y habilidades de las personas.
Las mediciones se elaboran con los indicadores de gestión, que son de tres (3) tipos que responden a las preguntas ¿qué hace? (metas, objetivos), ¿cómo se hace, realiza o ejecuta? (recursos, procedimientos) y ¿para qué se hace, realiza o ejecuta? (cumplimiento de los propósitos: Visón, Misión). En otras palabras, es medir la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos o productos de cualquier organización, y su último fin es garantizar la satisfacción del cliente o consumidor. Para ello existen los indicadores de gestión.
La fiscalía general de la nación (FGN) esta encargada de investigar y acusar ante los juzgados y tribunales competentes a quienes se presuma han cometido algún delito que atente contra la vida, la seguridad o los bienes de otro (públicos o privados); sin discriminación, actos de corrupción; garantizando los derechos humanos y su simetría en la aplicación de la justicia.
En el argot popular se podría decir, que el fiscal esta para acabar con los delitos en general, el fraude, la corrupción, la impunidad, el engavetamiento de procesos, prescripciones, ser garante para que los elementos materiales probatorios (EMP), evidencias físicas (EF) y los escenarios de los delitos no sean alterados o manipulados, sin importar la calidad de su o sus autores y en los procedimientos de capturas se sigan los protocolos establecidos sin importar quién es el protagonista.
Es fiscalizar el comportamiento humano, individual como colectivo, con el fin de no destruir la sana convivencia, acabando con los hurtos, corrupción, atracos, desapariciones, desplazamientos, secuestros, homicidios, violaciones, garantizar la legalidad tributaria y controlar o eliminar cualquier tipo de comportamiento contrario a las leyes, a los derechos humanos y al derecho internacional de los derechos humanos.
La Presidencia de la Republica: se encarga del manejo burocrático, la prestación de los servicios públicos y la ejecución presupuestal. Lo anterior esta sustentado en el título VII, capítulo 1, artículo 189 (28 numerales) de la constitución política de Colombia de 1991.
A este nivel del escrito surge la pregunta: ¿Cuáles son los motivos para que una persona, quiera asumir el poder en un cargo o ser funcionario público (Presidencia, Fiscalía, etc.)? Me pongo a pensar, se requeriría una investigación previa, desde las disciplinas de la psicología (escala de Maslow), sociología (necesidades sociales) y ciencia política (política social), pero creo que pueden existir tres (3) posibilidades: crecimiento y desarrollo profesional (reconocimiento, autorrealización); remuneración y beneficios (seguridad económica y social); o poder (orientar el comportamiento humano hacia la obediencia). (la “o” hace referencia a las posibles combinaciones de esas posibilidades).
Otra pregunta y más determinada, sería ¿Qué es lo que los motiva en específico? Las respuestas pueden ser variadas y usted puede adicionar, algunas más, como: búsqueda de la propia felicidad y la de los demás; construir un espacio social más democrático, acabar con los conflictos sociales, acabar con las enfermedades sociales, lograr el sueño colectivo; incrementar su riqueza, ser reconocidos y pasar a la historia por ser el mejor, trabajar por el interés colectivo (altruista), alcanzar y fortalecer sus virtudes; potenciar las moralidades humanas y sociales, aplicando una verdadera justicia (acabar con la injusticia), ser alguien que puede contribuir al cambio social, se siente ser un mesías (megalómano), etc.
Observando lo anterior de manera inductiva lo que tenemos en estos escenarios es un trastorno de la comunicación social (pragmático), que lo contempla el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, quinta (V) edición (DSM-V).
Su numeral uno (1) define este trastorno como: “Deficiencias en el uso de la comunicación para propósitos sociales, como saludar y compartir información, de manera que sea apropiada al contexto social.”
Finalizando, estas problemáticas y otras parecidas, en el ambiente político, que, por analogía con el ambiente laboral, nos llevan a pensar que se requiere la elaboración de una política y estructuración de un comité de convivencia, en el contexto del ambiente político, para eliminar los ambientes sociales tóxicos y alimentar el compromiso social.
Por lo tanto, debemos empezar por entender ¿qué es política?
Esta es entendida como los fines y procedimientos a seguir, que están condicionados a los contextos donde estos se van a materializar. Los procedimientos surgen de la comunicación, donde a través del conocimiento claro y preciso de los propósitos y contexto, un verdadero diálogo, consensos, acuerdos, intereses, se debaten las ideas y se ponen en práctica, para obtener un beneficio colectivo o del grupo.
En consecuencia, nos enfrentaremos a políticas donde no hemos participado como en las que sí. Estas políticas pueden ser determinadas según sus contextos en: financieras, educativas, ambientales, criminológicas, culturales, industriales, sociales, económicas, judiciales, organizacionales, laborales, sanitarias, de seguridad, de protección, familiar, etc.
De igual forma para la construcción de estas políticas, se crea o genera un comité o comisión: La RAE, lo determina como un conjunto de personas encargadas de un asunto. Pero ese conjunto de personas tiene una ubicación espacial, como rol (función), aspecto que hace que el asunto sea puntual y que apunta a la defensa de sus intereses.
Los comités en respuesta a lo definido arriba, por su rol, pueden ser comités directivos, ejecutivos, de vigilancia, consultivos, políticos. Por su asunto, pueden ser comité de finanzas, comité de programas, comité ciudadano, comité de convivencia, comité de personal, comité de comunicaciones y relaciones públicas, comité de derechos humanos, comité de seguridad ciudadana, etc.
En consecuencia, el asunto a tratar al interior de los comités es un factor determinante para definir si esos tipos de comités son temporales o permanentes.
Ahora bien, esas políticas y esos comités, sus acciones se deben materializar en la convivencia, acción de convivir.
Vista desde su estructura “con” (prefijo) y “vivir”, no es otra cosa que “vivir con otros”. Y el vivir con otros señala, la existencia de una diversidad de personas caracterizadas por su idioma, cultura, raza, religión, ideología, estudios, edad, sexo, profesión, rol, estatus social, prestigio, etc. que por su contexto determina su interdependencia y libertad.
En este orden de ideas una buena y sana convivencia apunta a una revolución social, que significa crear o proyectar escenarios, contextos, ambientes o como siempre lo he llamado, es el escenario para construir el paraíso terrenal.
En estos contextos la colaboración, la ayuda, la empatía, el intercambio de conocimientos, el trabajo en equipo, el respeto, la ética, la longevidad, la libertad, la justicia (equitativa y proporcional), la solidaridad recíproca, aceptar las diferencias, el reconocimiento de las capacidades y competencias del otro, son los elementos fundamentales para que los miembros de las sociedades sean felices, haya confianza, las necesidades sean satisfechas y en especial morir feliz.
En síntesis, el estado colombiano requiere del comité de convivencia política para enfrentar y dar solución a la convivencia ciudadana, porque las acciones de nuestros políticos, está dañando los ambientes sociales, laborales, familiares, llevándonos entre nosotros a pelearnos, agredirnos, ser opositores, no contrarios; por ideas y sentimientos que no son nuestros y mucho menos extraídos de los espacios que han llamado: encuentros ciudadanos, participación comunitaria, consejos comunitarios, construyendo país, diálogos regionales, encuentros regionales vinculantes, etc.
¿Por qué de ello? Pues veamos la sintomatología que se manifiesta entre nuestros políticos:
- La comunicación es restringida, eliminada o tergiversada.
- Existen límites en el contacto personal como interpersonal.
- Se presentan ataques en la reputación de la persona.
- Descalifican y desprestigian ante los demás (políticos y ciudadanos) su profesión, trayectoria social y laboral.
- Las interrelaciones están cargadas de un trato vejatorio con insultos, gritos y amenazas.
- Invaden la privacidad del otro y tergiversan o descontextualizan su trayectoria personal o familiar como sus actividades políticas.
- Ignoran o esconden los éxitos profesionales alcanzados.
[1] Camilo Alberto Gómez Álzate, Clara María González Zabala, Francisco Roberto Barbosa Delgado.
[2] Montesquieu. El espíritu de las leyes. 1748.
