Entre los años 2004 y 2009 la Corte Constitucional dio un conjunto de órdenes al Estado Colombiano para que protegiera a las poblaciones afrodescendientes como sujetos con derechos, teniendo en cuenta que estas poblaciones han padecido de exclusión estructural, que ha sido obligadas a abandonar sus territorios por la implementación de proyectos mineros y agrícolas, y que existe deficiencia para la protección institucional de su territorios colectivos.
Con estas medidas la Corte buscó aliviar, de manera ineficiente valga decirlo, una situación de extrema urgencia en la que la vida, la integridad y la supervivencia cultural de esta población estaba en extremo peligro. Las acciones de la Corte son un ventilo que expone en términos jurídicos lo que la gente negra del común, los activistas y algunas persona que hacen investigación saben hace tiempo.
Las ordenes de la Corte Constitucional estuvieron basadas en audiencias con las comunidades y trabajos de investigación, que le ayudaron a los Magistrados a entender un poco la situación de las personas y comunidades negras-afrodescendientes en Colombia. Testimonios e investigaciones cualitativas y cuantitativas muestran que a esta población se le han violado, histórica y sistemáticamente todos los derechos; tiene mayores índices de necesidades básicas insatisfechas, son víctimas de discriminación racial y segregación, tiene menos acceso a la educación, se les ha negado la participación política, además los intereses de capital los ha privado de sus territorios, y la guerra que sufre el país hace más de sesenta años se ha ensañado con ellas en las últimas décadas.
Es decir, la situación que padece la gente negra en Colombia manifiesta muchas de las causas, y expresan en carne y piel el conflicto que la Comisión Histórica analizó y describió. Pero, de forma paradójica, como resaltó el profesor Jaime Arocha, para la Comisión no hubo “coincidencia” entre el Conflicto en Colombia y la gente negra.
Por qué nos dejaron por fuera? No había espacio para nosotros en el análisis de la “Exclusión, insurrección y crimen” cuando hemos sido excluidos hasta de la noción de humanidad. No hay nada que decir sobre los afrodescendientes cuando nosotros hemos sido la mano de obra para la “Acumulación capitalista” hemos padecido la dominación de clase y hemos participado o contrarrestado la subversión”. No tiene la discriminación racial y la exclusión social y política que vivimos los afro nada que ver con “Un conflicto armado al servicio del status quo social y político”, o tenemos nada que decir en relación con las “Dimensiones políticas y culturales en el conflicto colombiano", cuando hoy en día no dejan entrar a “negros” a bares, discotecas, restaurantes, no arriendan habitaciones, apartamentos casas a “negros”, no contratan “negros”.
Nosotros hemos sido víctimas de todas las formas y de todos los estados de violencia por los cuales ha atravesado el país, pero además somos víctimas de conflictos y formas de violencia que la sociedad y el Estado colombiano se niega a reconocer. Esa negación sistemática, visible en el informe de la Comisión, significa que los posibles acuerdos para finalizar la guerra actual difícilmente significaran un cambio en nuestra realidad.
Yo me pregunto: ¿estamos dispuestas a esperar sesenta años más?
