El anuncio del proyecto de la obra del Metro por la 80 es una noticia valiosa para la movilidad de la ciudad, pero es la peor para quienes tendrán que salir de sus bienes inmuebles y negocios para darle vía libre al “progreso”. Las consecuencias ya las están viviendo las obras complementarias de los intercambios viales de la Avenida Colombia y San Juan.
El discurso con el que les llegaron a los propietarios y comerciantes de los intercambios viales fue: quédense tranquilos que ustedes van a quedar en iguales o mejores condiciones y todo va a estar bien. Sin embargo, cuando les llegó la oferta de compra, fue cuando se estresaron porque les aseguraban que esta era comercial: en otras palabras, esto es lo que dicen los avaluadores y eso ya no es problema de nosotros. Tienen 15 días para aceptar y si no aceptan, los vamos a expropiar.
La administración de Fico Gutiérrez intentó finalizar esta obra, y cuando vio que no iba a alcanzar le dio prioridad a los intercambios viales de San Juan y la Avenida Colombia, que son complementarias al Metro de la 80. Entonces bajo la consigna de que con esta obra usted debe ceder su vivienda o su local comercial, porque se verá más beneficiada la sociedad, ya se empiezan a prender las alarmas de todos los sitios por donde se deberá hacer la gestión predial.
“Primero te dicen que debes salir de su casa con enajenación voluntaria, en la cual ellos hacen una oferta que es “supuestamente” comercial, en este caso es la Lonja de Medellín, ellos determinan un valor y por ese se debe aceptar. Hay algo que contiene la ley que usted debe restablecer sus condiciones que usted tenía antes de la obra, sea un comerciante, un arrendatario o un propietario. El problema es que cuando usted va a buscar una vivienda, en el mismo sector, con el dinero que ellos le ofrecen, este no alcanza”, aseguró Julián Giraldo, afectado por la obra de la avenida Colombia.
En la Avenida Colombia, la EDU (Empresa de Desarrollo Urbano) debía comprar 117 predios, en este momento tiene 64; es decir, 53 pendientes por “negociar”. Mientras sigue realizando las obras, sin previamente haber realizado la gestión predial.
Al que tiene una propiedad, el municipio le paga por ella: mucho o poquito, pero le paga. Pero el comerciante está en el limbo porque la administración lo ve como un simple inquilino, desconociéndolo como empresario con una actividad económica que genera empleo y paga impuestos.
Este tipo de obra genera expectativa en la gente, con el decreto 1189 de 2016, normativa en la cual el Estado no tiene por qué pagar la valorización de más que se hace con el anuncio de la obra. La gente en el mercado empieza a subir los precios, pero los avalúos son muy bajos. En toda el área del Metro de la 80, ahí alrededor hacen descuento porque la obra, es solo por el valor de la tierra y no se mide por lotes.
Lo que la ley dice cuando se anuncia la obra es que se toma unos valores con referencia a ese periodo de tiempo, en este caso al 2016, no a los actuales de 2020. Además, tienen un valor que es comercial, pero cuando los propietarios y comerciantes contrastan esto ven que está muy alejado de la realidad. Cada caso es particular, pero hay casos extremos como en la Avenida Colombia, donde a una casa le restaron un millón de pesos por metro cuadrado; ese descuento obedece a especulación inmobiliaria.
“En la Avenida Colombia ya quebraron a todo el mundo, en San Juan la gente está intentando recuperarse luego de la pandemia y ya los están acosando mucho, a los que dependen económicamente y son comerciantes, con el polvo y la bulla pierden la clientela. ¿Cómo van a empezar una obra sin los predios necesarios? Ya estamos cansados y estresados, la gente está preocupada por lo que se viene. Ellos creen que una obra solo es cemento y las varillas, pero no tienen en cuenta previamente la gestión social y predial de la gente. Si una comunidad brava para la obra, ellos no pierden plata, la pierden los mismos ciudadanos con los impuestos”, manifiesta Giraldo.
La política pública de protección a moradores todavía no ha empezado a funcionar porque el candidato presidencial, Federico Gutiérrez, no la quiso firmar y el actual alcalde, Daniel Quintero, la reenvío a la Universidad Nacional para otra revisión, lo que supone que comenzaría a aplicar a partir de 2021.
“En mi caso particular somos una familia grande, vivimos cómodos en un apartamento de casi 100 metros cuadrados, pero para volvernos a reubicar en un lugar similar, nos tocaría adquirir una deuda o buscar en otro estrato. Entonces no es tan fácil que el Estado diga vea yo le doy esta plata y vaya compre, ellos aplican una cuestión de utilidad pública, llegan a la expropiación y la única manera es asumir un pleito legal para poder restablecer lo que le corresponde a cada morador. Un proceso de estos es lento, no se publicita tanto como las obras y juegan con ese desgaste en la gente que hasta se enferma”, concluyó Julián Giraldo.
Los vecinos de la 80 no tienen eco en el concejo de la ciudad, no tienen el apoyo de los medios de comunicación y ven cómo se publicita una obra que enriquece a los privados como Gisaico, y que así sea una obra de interés público está afectando el patrimonio y el tejido social de sus ciudadanos.
Ante las afectaciones y consecuencias, la comunidad de muchas zonas de Medellín que ha vivido y padecido en detalle la metodología que aplica y utiliza el municipio ya se aprendió el manual de memoria ante las obras públicas:
- Desinformar, confundir.
- Amenazar, infundir miedo, atemorizar, atropellar.
- Dilatar, posponer, alargar.
- Crear incertidumbre, desazón y desconcierto.
- Responder a inquietudes de la comunidad con evasivas.
- Desconocer los derechos ciudadanos y constitucionales de las personas.
- Iniciar obras sin comprar predios, ni indemnizar comerciantes.
- Gerenciar el caos, la improvisación y el desorden.
- Ignorar, incumplir y evadir protocolos, por ejemplo: la labor de socialización es un chiste, un montaje, una payasada.
- Obstaculizar las vías de acceso a los negocios.
- Bloquear las líneas telefónicas, dejando incomunicado el sector.
- Asfixiar económicamente al comerciante y al propietario.
- Esperar paciente que la gente se reviente y que se vayan yendo sin reclamar, sin protestar, sin exigir nada.
