El Lawfare o guerra jurídica para destruir el gobierno progresista del presidente Gustavo Petro se ha exacerbado al máximo en la actual coyuntura a propósito de la designación de una nueva Fiscal que debe ser escogida en los términos de la Ley por la Corte Suprema de Justicia, una de las instituciones del poder judicial colombiano.
No obstante que el presidente postuló con bastante tiempo las tres candidatas a dicho cargo, la Corte Suprema de Justicia CSJ ha diferido esa decisión facilitando el sabotaje y el ataque artero del hasta estos días titular de dicha entidad, señor Francisco Barbosa, quien ha ejecutado una repudiable campaña de obstrucción política y judicial en contra del presidente Petro y su gobierno, para bloquear las reformas sociales y los cambios políticos democráticos de la actual transición colombiana hacia la paz con justicia social y ambiental.
El comportamiento negligente de la CSJ no tiene ninguna justificación, pues se trata de un desafío a la ley y a la Constitución política que ordena celeridad y transparencia en la definición de un asunto tan sensible para el Estado y la sociedad, pues se trata del correcto funcionamiento de la acción judicial.
Más bien lo que se puede observar es un movimiento oscuro de dicha institución afectada por la corrupción, la impunidad y el más descarado tráfico de influencias. La CSJ ha sido en el pasado reciente escenario de grandes escándalos protagonizados por el denominado “Cartel de la Toga”, que fue o es un cartel judicial involucrado en la venta multimillonaria de sentencias judiciales y en tráficos clientelares para obtener cargos estratégicos en las alturas del poder judicial.
La CSJ, como todo el ámbito judicial colombiano viven una profundo crisis que demanda cambios y ajustes radicales que son los que el presidente y el Ministro de Justicia han tratado de adelantar.
Crisis que se ha reflejado en este momento para escoger la nueva Fiscal provocando la más sentida indignación ciudadana con manifestaciones, plantones y marchas en muchas ciudades del territorio nacional.
Justamente el 8 de febrero y a instancias de la convocatoria de los educadores y de Fecode se realizaron grandes movilizaciones sociales para demandar el pronto nombramiento de la nueva Fiscal, clamor que fue desconocido olímpicamente por los magistrados de la CSP, pues parece han adherido al “golpe blando”, desatando el rechazo ciudadano que se concentró a los alrededores del Palacio de Justicia en Bogotá, sospechosamente infiltrado por un grupúsculo de la ultraderecha uribista para dar pretextos a las fuerzas oscuras que promueven el golpe de estado contra la actual institucionalidad democrática.
De inmediato los grandes medios de comunicación construyeron con mentiras y la más descarada manipulación una “performance” análoga a la protagonizada por Trump y Bolsonaro, en USA y Brasil, para sugerir un procedimiento ilegal y antidemocrático impulsado desde el palacio presidencial lo que ameritaría un proceso de destitución del jefe de la Casa de Nariño que es en lo que han estado desde el 7 de agosto del 2022 cuando se posesionó el presidente Gustavo Petro.
Pero las mentiras de los grandes medios de comunicación tienen las patas cortas, pues la verdad se ha conocido rápidamente.
En realidad, la queja de los magistrados contra las expresiones de rechazo popular, que son presentados como un bloqueo a la división de poderes y a la independencia judicial, es una cortina de humo para esconder los protervos fines de los togados que están dilatando la escogencia de la nueva Fiscal como una manera de negociar cuotas burocráticas, judiciales y presupuestales en la nueva administración del sistema acusatorio.
Mal se puede argumentar que hay presión ciudadana sobre estos funcionarios cuando la decisión que deben tomar es eminentemente administrativa y electoral, más no judicial.
La sociedad civil está en todo su derecho de demandar una definición inmediata de este asunto cardinal para superar la crisis de la justicia colombiana.
Lo cierto es que hay que elevar la presión popular sobre la CSJ que aplazó nuevamente para el 22 de febrero la votación para señalar la nueva Fiscal.
Esa presión y demanda democrática ya tiene el anuncio de la presencia multitudinaria de la Minga indígena para marchar hacia Bogotá con sus exigencias puntuales en esta materia. Igual con los educadores y Fecode, que han sido objeto de persecución y presiones arbitrarias desde la Fiscalía con allanamientos y fabricación de pruebas absurdas para afectar la campaña presidencial del Pacto histórico.
Sectores campesinos, afros, femeninos, juveniles y de trabajadores están ampliamente comprometidos con este clamor ciudadano que debe impedir que la actual Vice Fiscal, señora Mancera, quede en la titularidad del cargo a sabiendas de sus líos criminales por sus relaciones oscuras con las mafias del narcotráfico en la ciudad de Buenaventura.
Después de 17 meses de gobierno y con las grandes reformas ejecutadas por el gobierno del presidente Petro, el movimiento social ha ganado vigor y altura para asumir la actual disputa política en el ámbito judicial, que se niega y obstruye los cambios que demanda la actual transición hacia la paz total con justicia social y ambiental.
Un dato no menor para el movimiento social y para las fuerzas progresistas es considerar que este bloque judicial asentado en la CSJ no es monolítico y tarde que temprano las grietas emergerán para indicar que hay togados ajenos al juego sucio y criminal de los otros que están asociados con la ultraderecha reaccionaria y con las mafias del narcotráfico y la corrupción.
Desde muy cerca a esos poderes sacralizados por las elites, el senador Humberto de La Calle, ha sugerido que, para despejar la ruta de elección de la nueva Fiscal, la Vice Fiscal Mancera renuncie a sus pretensiones continuistas. Por supuesto que es lo más sano y conveniente.
Hace bien el presidente Gustavo Petro en convocar a la movilización contra el crimen y la impunidad. En convocar al poder constituyente para empujar la necesaria reforma democrática del sistema judicial colombiano secuestrado por los poderes de la ilegalidad criminal.
Hay que jalonar la presencia ciudadana en la plaza pública y en los espacios de la expresión democrática. Todo eso es necesario para lograr definiciones estructurales en la disputa político y judicial en curso.
Lo que está en juego es el futuro de los derechos democráticos de millones de colombianos que sufren el acecho de la ultraderecha empeñada en obstruir la paz total y las reformas sociales. Nos quieren regresar a la siniestra época de la guerra sucia y los falsos positivos. A la época de la corrupción rampante en que las fichas del uribismo se embolsillaban gigantescas fortunas. Lo que no quieren es que una nueva Fiscal destape los grandes escándalos de corrupción archivados por el ex Fiscal Francisco Barbosa. Quieren la impunidad de los crímenes del señor Uribe Vélez.
