El alcalde de Medellín Daniel Quintero viene implementando una serie de políticas inéditas en la ciudad y ha emprendido una ruta progresista que le ha costado la franca oposición del uribismo. La gota que rebasó la copa fue el reclamo de 9.9 billones de Empresas Públicas de Medellín a los contratistas por irregularidades en Hidroituango. Dirigentes nacionales de las distintas orillas políticas han respaldado esta decisión.
Considero que las siguientes políticas públicas deben fortalecerse y consolidarse a largo plazo:
Educación pública:
La implementación de la Matrícula 0 en beneficio de 24.000 estudiantes de las instituciones de educación superior municipales (Instituto Tecnológico Metropolitano, Institución Universitaria Colegio Mayor y la Institución Universitaria Pascual Bravo) con una inversión de 20.000 millones de pesos, es un gran avance en el fortalecimiento de la educación pública en Medellín y el país. Felicito al alcalde por reconocer e impulsar una de las banderas claves del movimiento estudiantil colombiano: La gratuidad y la garantía del acceso a la educación como derecho fundamental consagrado en la Constitución de 1991.
Es clave que se conforme una mesa de educación en Medellín y cogerle la pita al alcalde y comprometerlo para que esa matrícula 0 no sea solo durante la contingencia del COVID-19, sino que sea una política pública durante todo su mandato y en adelante, permanente del municipio de Medellín, teniendo en cuenta que el alcalde fue quien propuso la idea. Si lo logramos, sería un verdadero hito a nivel nacional y un ejemplo a seguir.
Salud pública:
La reapertura de la Clínica de la 80 antigua Saludcoop, que ajustaba más de 530 días cerrada por el manejo corrupto, negligente y por la mala calidad del servicio, avaluada por 92.000 millones de pesos, con 297 camas hospitalarias, representa la antítesis de la política neoliberal: revertir de lo privado a lo público. El cumplimiento de los derechos fundamentales es responsabilidad del Estado que debe garantizar acceso y calidad del servicio, no el mercado, que es indiferente ante la inequidad y la desigualdad social.
La inversión de la alcaldía fue de 13.000 millones de pesos en adecuaciones —ya que fue tomada en comodato y en forma gratuita— y el Hospital General de Medellín será el operador de esta clínica. El propósito manifestado por la administración municipal es anexar esta clínica de manera permanente al hospital y así convertirlo en uno de los más grandes del continente.
Es clave conformar una mesa de salud con los distintos directores de hospitales e IPS públicas, los trabajadores, sindicatos y los usuarios para potenciar esta política de la mano de la Alcaldía y consolidar a Medellín como la ciudad pionera que empiece a reversar el modelo de salud actual por uno donde se privilegie la red pública hospitalaria y donde cese la precarización laboral de los trabajadores de la salud por cuenta del modelo de exacción y despojo impuesto por la ley 100 a favor de las Entidades Promotoras de Salud, EPS.
Empresas públicas:
Hubo todo un remesón en la Junta Directiva de EPM, pues según expertos, había allí una puerta giratoria de funcionarios de alto rango del Grupo Empresarial Antioqueño, además también se plantean que las anteriores juntas directivas y gerencias tenían conflicto de intereses por su cercanía a ese grupo económico. Andrés Bernal, por ejemplo, fue directivo de Sura y Argos. Tres exgerentes de EPM provenían de Conconcreto, Integral y Argos: Juan Felipe Gaviria, Federico Restrepo y Juan Esteban Calle. Al respecto, David Racero, Representante a la Cámara, publicó una lista de directivos y gerentes que estuvieron vinculados a: El Grupo Éxito, Bancolombia, Sura, Nutresa, Argos, Conconcreto, entre otras y alcaldes de Medellín que han sido financiados por estas mismas firmas en época electoral.
Ese es el "gobierno corporativo" la toma de EPM por parte del Sindicato Antioqueño en sus órganos de dirección para realizar negocios donde pierde la empresa pública pero ganan los contratistas:
La hidroeléctrica Bonyic en Panamá, representó una pérdida acumulada de 1,18 billones de pesos. Se presupuestaba en 50 millones de dólares y terminó costando 315, con una pérdida de 140 millones de dólares. Conconcreto e Integral S.A participaron como contratistas en este proyecto, aumentaron sus honoraros de 4,5 millones a 48,2 millones de dólares, también alargaron el plazo que tenían, la primera pasó de 1.020 días a 2073 días y la segunda de 274 días a 2443 días. Así fue como su construcción tardó 11 años, a pesar de ser apenas el 15% de lo que representa Hidroituango, pues produce 32 megavatios comparados con los 2400MW de esta última. Y mientras los contratistas se lucran y producen grandes ganancias, a EPM se la van robando disimuladamente bajo el remoquete de “Gobierno Corportativo”, pues la Junta Directiva de EPM de entonces —2014— no quiso demandarlos —para exigirles una justa indemnización por sus incumplimientos— alegando que eran aliados de la empresa.
El proyecto hidroeléctrico Porce III inició con una inversión de 550 millones de dólares en 2003, luego en 2005 pasó a 920 millones de dólares y finalizó en 1330 millones de dólares. Allí estuvo Camargo y Correa, Conconcreto, Coninsa e Integral S.A los "aliados estratégicos"… Según la concejala María Paulina Aguinaga, hubo pérdidas cercanas al billón de pesos.
Hidroituango debió empezar a funcionar a finales de 2018. En 2015 EPM firmó un acuerdo de aceleración por $650.000 millones. El costo de la hidroeléctrica se estimaba en 7 billones y ascendió a 16 billones. Se evidenció que el derrumbe del túnel auxiliar que produjo la contingencia, amenazando con provocar una avalancha de grandes magnitudes, se debió a una serie de incumplimientos, malas decisiones, falta de planeación, falta de supervisión, indebidas modificaciones en los diseños, etc.
Se necesitó evacuar en 4 departamentos: 12 municipios, 25 núcleos urbanos, veredas y comunidades rurales adyacentes al río Cauca aguas abajo y se puso en riesgo la vida de más de 120.000 personas.
La causa raíz de la catástrofe es similar a la del edificio Space: El uso de materiales por debajo de las especificaciones técnicas malos diseños y una pésima supervisión, por ejemplo: Había 25% menos de los tornillos requeridos en el túnel, no hubo piso de concreto para evitar la erosión, remplazaron la malla original de acero por otras más liviana, entre otras irregularidades frente a las cuales tanto la junta directiva y el gerente de EPM, el alcalde y gobernador debían estar enterados. Pero ocultaron todo e incluso adujeron que todo se produjo por el clima, un caso fortuito de fuerza mayor…
Solo el liberal Luis Pérez, gobernador de Antioquia en ese momento, se atrevió a denunciar las irregularidades, cuestionó los retrasos y los sobrecostos, presentó ante la Asamblea Departamental ocho errores constructivos basados en estudios de la Universidad Nacional bajo el régimen de calamidad pública declarada por el burgomaestre: Fallas en las construcción de dos túneles de desviación, fallas en la construcción de túnel de aceleración, error en el revestimiento del túnel de aceleración, error al cerrar los dos primeros túneles, error al destaponar los dos túneles, impacto negativo de los explosivos en la estabilidad de la montaña, fallas en destaponamiento del túnel que inundó Puerto Valdivia.
Así mismo el gobernador encabezó una demanda de la sociedad Hidroituango S.A. contra EPM por los mencionados incumplimientos.
La Contraloría General de la República, en noviembre de 2019 había denunciado que, con la decisión de acelerar el contrato, construyendo un tercer túnel de desviación para desviar el río, se apartó de los diseños originales y de las recomendaciones de la Junta de Asesores, además se realizó sin la respectiva licencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. El ente también aseveró que Hidroituango no daría ganancias en los próximos 120 años si el costo superaba los $15 billones.
El contralor Edgardo Maya Villazón en su momento manifestó: “son tantos los incumplimientos de EPM a las obligaciones establecidas en la licencia ambiental, que no se explica por qué la Anla no ha expedido ni una sola sanción, y más bien, su posición permisiva contribuye a que los riesgos del proyecto no estén manejados técnicamente como debe ser, para evitar mayores daños a los habitantes y a los recursos naturales”.
La conclusión del ente de control fue: "son incalculables los daños sociales y ambientales producidos por el desastre del Proyecto Hidroeléctrico de Ituango.”
La Contraloría General de la República formuló 35 hallazgos, 29 tuvieron presunta incidencia disciplinaria y ocho penales, que puso en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y de la Fiscalía General de la Nación. Mediante auto de apertura del 8 de noviembre de 2019, la Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un total de $4 billones contra 34 presuntos responsables "como consecuencia de los daños generados por fallas en la planeación y ejecución del proyecto Hidroituango", entre estos presuntos responsables figuran miembros de la junta directiva de Hidroituango, 3 representante legales de EPM, 2 exalcaldes de Medellín, 2 gobernadores de Antioquia y varios contratistas. Sergio Fajardo y Aníbal Gaviria firmaron el plan de aceleramiento que finalizó en la construcción de un túnel que no estaba en los diseños originales y que finalmente colapsó. También se investiga al exgobernador Luis Alfredo Ramos y al exgerente de EPM, Juan Esteban Calle.
Según el informe de la reaseguradora Mapfre, que la junta directiva anterior, y el exalcalde Federico Gutiérrez ocultaron, los contratistas no cumplieron con las especificaciones técnicas que exigía el contrato: No hubo un diseño adecuado paras las condiciones del suelo, no hubo evaluación del cumplimiento de los estándares técnicos.
El acta de la junta directiva que se celebró el 25 de junio de 2019, que ya es de conocimiento público, prueba que sus miembros sí conocían las causas de la catástrofe, pero mintieron y ocultaron al país para proteger los intereses el GEA. Estaban los miembros de la junta directiva: Andrés Bernal, Claudia Jiménez, Javier Genaro Gutiérrez, Manuel Santiago Mejía, Carlos Raúl Yepes, como el gerente de EPM de entonces Jorge Londoño.
Fue la premura de acelerar la obra para lograr incentivos económicos por parte de los contratistas lo que terminó desestabilizando la misma.
Tanto para la exconcejal de Medellín Luz María Múnera, como para exgobernador de Antioquia, Luis Perez Gutierra, los últimos 15 años de EPM han sido pésimos.
Los pasivos de EPM habrían pasado de $2,6 billones a $33,6 billones:
El último aspecto clave en relación a EPM tiene que ver con el detrimento patrimonial y el desangre al que se ha visto sometido por los malos negocios ya mencionados. En estos últimos años, las deudas y pasivos han ascendido a una magnitud tal que no es descabellado pensar que, en manos de la junta directiva anterior, la privatización de EPM se hubiera podido materializar como solución ante una posible y futura dificultad económica de la empresa pública. Tampoco es exagerado concluir que el ocultamiento, las mentiras y todo el manejo oculto que se le dio a la construcción de Hidroituango, sumado a los sobrecostos, retazos y fallas técnicas, de planeación y supervisión, tuviesen como objetivo lleva a la bancarrota a EPM para privatizarla como vía para responder ante las obligaciones, las sanciones y a los acreedores.
Conclusión:
El alcalde Daniel Quintero está librando una batalla fundamental por lo público en Medellín, ha dado pasos concretos y sólidos en educación, salud y defensa de las empresas públicas.
Alrededor de la controversia de EPM se están alineando dos bandos: Quienes defienden lo público y quienes defienden los intereses del GEA y de los grandes capitales privados.
Frente a este panorama, todos los movimientos, partidos y liderazgos democráticos y progresistas deben tomar partido, respaldando decididamente la matrícula 0, la reapertura de la clínica de la 80 y la recuperación de las pérdidas y sobrecostos en favor de EPM por parte de los contratistas y funcionarios involucrados en la corrupción y responsables de la contingencia y catástrofe generada que pudo terminar en una tragedia humanitaria.
Por todo lo anterior, respaldo las políticas del alcalde Daniel Quintero en defensa de lo público y llamo a toda la ciudadanía paisa a que esté atenta y haga uso de todos los medios civiles, constitucionales y democráticos para defender la educación, la salud y las empresas públicas.
¡Adelante, alcalde!
Adenda. Según el Dane entre el 2 de marzo y el 16 de agosto, el 69% de las 135.000 muertes por COVID-19 a nivel nacional corresponde a los estratos 1 y 2. La negativa de implementar la Renta Básica para 9 millones de familias colombianas, la ausencia de inyección de 11 billones de pesos a la red pública hospitalaria y la falta de subsidio a la nómina para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) para salvar el empleo, dan como resultado esta gran pérdida de vidas humanas en los estratos más vulnerables, que pudo evitar el gobierno nacional. Sin embargo, el presidente prefirió girar al sector financiero más de 19 billones de pesos —vía decreto 444 de 2020— y rescatar a Avianca con $370 millones de dólares.
