Desde el inicio de los acuerdos y ahora durante su implementación el gobierno ha sido mezquino con todas las corrientes de opinión e incluso con las demás ramas del poder público. Esto ha generado un ambiente de desconfianza en torno al tema de la paz y de los acuerdos, algo no propio de un Premio Nobel de Paz.
Si bien muchos colombianos consideramos que la salida negociada es la mejor alternativa frente al conflicto interno, ha sido el propio Gobierno y las FARC quienes se han encargado de crear un ambiente de escepticismo en torno a estos acuerdos, sin hacer nada para cambiar la percepción negativa de un gran sector de la opinión pública.
Partiendo desde la misma conformación de la mesa de diálogos, no se tuvo en cuenta para incluir entre sus plenipotenciarios a miembros de las demás ramas del poder público, incluso por lo menos a un delegado de los partidos de oposición. Solo hasta la etapa final de las negociaciones se nombró a un senador y no por parte del Congreso como debería ser, sino directamente por el gobierno, designando nada más ni nada menos a uno de los más cuestionados, el miembro del partido de la “U” senador Roy Barreras. Solo hasta después de que triunfara en el plebiscito la campaña del No se le día participación a la oposición en unas mesas relámpago con el Gobierno; lo que permitió incorporarle mejoras importantes a los acuerdos, la principal de ellas que la Jurisdicción Especial para la Paz se integrara a la rama jurisdiccional del Estado.
Una vez firmados los acuerdos por segunda ocasión en el teatro Colón de Bogotá se establecieron unos plazos concretos para el desplazamiento de los diferentes frentes del grupo rebelde hacia las zonas veredales de concentración y puntos transitorios de normalización. Iniciado el desplazamiento de los guerrilleros que se encontraban en 77 zonas de reagrupamiento, la sorpresa fue que el gobierno no estaba listo para recibir a los desmovilizados “aún hay diez veredas que no cumplen con los requisitos y que se irán habilitando paulatinamente, indicó el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.” La mayoría de ellas, ni siquiera contaban con baterías sanitarias.
Uno de los primeros aspectos que causó indignación, en general, fue que entre los miembros de la ONU se encontraban delegados de Venezuela y Cuba. No teniendo estos países una vocación democrática, algunos consideran que se trata de un despropósito. Sin embargo, quienes defendieron esa designación lo hicieron con el argumento de que esos países facilitaron la iniciación de las negociaciones.
Pero lo que más inconformidad y desconfianza ha generado entre la opinión pública y en particular entre la oposición y los postulados a los diferentes cargos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIV~IRNR) es la conformación y el desempeño del Comité de Escogencia para la selección de los diferentes cargos, el cual se encargó no solo de seleccionar a los magistrados que integrarían la JEP, sino también la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD) y al "Director o Directora de la Unidad de Investigación y Acusación" en la Jurisdicción Especial para la Paz.
Desde su propia conformación se inició la polémica, puesto que se acordó conformarlo de la siguiente manera: El Comité de Escogencia será definido por invitados como "el papa Francisco, el secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon; la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ) y la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado". Una vez aceptada esta invitación, cada uno elegiría a un integrante para este comité, quienes según el acuerdo "deberán ser personas de altas calidades éticas, y reconocidas trayectorias profesionales".
Hechas las invitaciones, el vaticano advirtió que el pontífice declinó la invitación para participar en ese proceso de selección. En consecuencia, los plenipotenciarios del Gobierno y las Farc invitaron a la Corte Europea. El presidente de ese tribunal, el italiano Guido Raimondi, de inmediato aceptó la invitación para que esa entidad ocupara el espacio dejado por el papa.
En efecto, una vez conformada esa alta comisión se procedió a nombrar a los cinco delegados así: tres de ellos extranjeros, Juan Méndez de nacionalidad argentina, expresidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ); Diego García-Sayán, peruano, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Álvaro Gil Robles, español, excomisario de derechos humanos del Consejo de Europa. Por Colombia fueron designados Claudia Vaca, profesora de la Universidad Nacional; y Francisco Acuña Vizcaya, magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema.
Las críticas no se hicieron esperar, pues se especuló que por su naturaleza los miembros escogidos tendrían un sesgo bien definido para favorecer a las Farc; quien más recibió críticas fue la señora Claudia Vaca a quien calificaron de una simple expendedora de medicamentos, situación que fue justificada en razón al equilibrio de género.
Lo cierto es que este comité fue revestido de una gran poder durante un periodo de seis meses y con amplias facultades para estos procesos, cuyos resultados no fueron menos polémicos; iniciando por la selección para los magistrados de la jurisdicción especial para la paz, la cual nos dejó un “sabor agridulce”. Mientras públicamente se anunciaba que los procesos se iban a realizar con transparencia, ahora resulta que no se trataba de un concurso de méritos, sino de una simple convocatoria pública, para lo cual se utilizaron según ellos unos criterios de evaluación publicados en el “Instructivo para el Proceso de Selección de Magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz”, buscando un balance entre personas con experiencia en ejercicio de funciones jurisdiccionales, defensores o activistas de derechos humanos, académicos y expertos en diseño e implementación de políticas públicas y garantizar la participación equitativa entre hombres y mujeres con respeto a la diversidad étnica y cultural.
Así se dio a conocer a uno de los miembros del Centro de Pensamiento Libre, quien a través de un derecho de petición solicitó esta información, la cual fue respondida por el comité en los siguientes términos: “En primera medida se hace necesario manifestar que el proceso de selección de los integrantes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, incluido el de los magistrados de Sala de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), no es un concurso de méritos, es una convocatoria pública. El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición se rige por el Acto Legislativo 01 de 2017, el Decreto 587 de 2017, la Convocatoria Pública, el Instructivo de la misma y el instructivo para el uso de la plataforma de inscripciones que aparecen en la página web. Todos los anteriores constituyen ley para las partes del proceso y, en consecuencia, los aspirantes y el Comité de Escogencia se sometieron a los postulados de la buena fe y a la legalidad de las convocatorias”.
Queda claro que los perfiles fueron enfocados para seleccionar defensores de derechos humanos, miembros de etnias y situaciones de género, escogidos entonces no por sus méritos sino por su condición; excluyendo a los demás participantes, lo que de suyo violaría no solo el principio de selección objetiva sino el de igualdad, si se tiene en cuenta que después del triunfo de la campaña del No en el plebiscito se incluyó a la Jurisdicción Especial para la Paz dentro de la rama jurisdiccional. Al estar dentro de ella los requisitos para la escogencia de los magistrados de sala deben ser los mismos que los de selección de los magistrados de Tribunal Superior, los cuales se realizan a través de concurso de méritos. En consecuencia, el acto administrativo que nombre a los magistrados de sala, estaría viciado de nulidad, acción que puede ejercerse en cualquier momento por ser de carácter pública.
Pese a las múltiples advertencias de diversos sectores de la opinión pública y de varias entidades como la ONG Dejusticia quien realizó serias observaciones desde un principio, en el proceso de selección no se estableció “el peso de cada uno de los criterios de selección en la decisión final del Comité de Escogencia a la hora de seleccionar los magistrados que harían parte del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición” de igual manera no acogió la solicitud de que “ los miembros del Comité reconozcan públicamente si tienen lazos de afinidad, parentescos o amistad con alguno de los candidatos y de ser el caso se aparten de algunas discusiones”.
Esto contradice la propia convocatoria porque en ella se decía que se requerían abogados con especialidad en derecho penal y en otras especialidades como el Derecho civil para efectos de las indemnizaciones, incluso se habló de que podían haber personas con experiencia en el sector privado.
Lo vergonzoso del proceso es que al no ser un concurso de méritos sencillamente se escogió a quienes el comité quiso, entre ellos contratistas, asesores para los acuerdos y exfuncionarios del gobierno como el exministro Yesid Reyes entre otros.
Uno de Los cuestionamientos más fuertes se hizo contra Rodolfo Arango, debido a sus duros mensajes en su cuenta de Twitter en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, lo que según sus partidarios le restaría imparcialidad y le generaría un impedimento en determinadas circunstancias.
De la otra orilla, el propio y polémico Jesús Santrich manifestó que “El Comité de Escogencia no hizo su trabajo como debía”, al reiterar su inconformidad por la escogencia de los preseleccionados para esta judicatura, advirtiendo según él, que “en la lista de preseleccionados supuestamente había candidatos que no cumplían con las características para ejercer esa función”.
De acuerdo con Santrich, entre los preseleccionados para el Tribunal especial para la Paz había “tres personas relacionadas con las Fuerzas Militares: Camilo Andrés Suárez Aldana, coronel Presidente del Tribunal Superior Militar; Fabio Enrique Araque Vargas, juez de la Justicia Penal Militar, y Hernán Galán Castellanos, exdirector jurídico del Fondo de Defensa Técnica y Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública, e implicado en el Cartel de los Jueces”. Para las Salas de Justicia, manifestó que “hay cinco personas con conflicto de intereses y falta de imparcialidad relacionados con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional: Alexandra Ladina Pinzón, que fue directora nacional de articulación de Policías Judiciales Especializadas; Carlos Alberto Dulce Pereira, Magistrado del Tribunal Superior Militar; Claudia Rocío Saldaña Montoya, ha sido Juez de instrucción penal militar desde 1997 hasta el año pasado; Héctor Cruz Carvajal, quien ocupo importantes cargos en el Ministerio de Defensa; y Sandra Rocío Hernández Cruz, quien fue directora del Fondo de Defensa Técnica y Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública”.
El senador Alfredo Ramos Maya advirtió en su cuenta de Twitter que algunos de los magistrados elegidos han tenido millonarios contratos con el Estado. Por ello no es raro que entre los seleccionados se encuentran personas que han tomado partido y posiciones radicales en los debates y por otro lado hayan sido a la vez contratistas del Estado.
Situación similar sucedió con la elección de los integrantes de la Comisión de la Verdad, la cual quedó integrada por seis hombres y cinco mujeres: una indígena, un afrodescendiente, tres académicos, un militar, una periodista, una experta en arte y cultura, un español, y dos defensores de derechos humanos que fueron elegidos entre 208 personas que se postularon para este cargo. Esta elección generó también reacciones encontradas.
Por ejemplo, de acuerdo con el periódico digital La Otra Cara la llamada “Comisión de la Verdad” apunta hacía un solo lado: está encaminada a recordar y dejar constancia de los horrorosos crímenes de los grupos paramilitares y las fuerzas del Estado, pero no destapará, de igual manera, las atrocidades inimaginables que cometió la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) contra la población civil indefensa, que durante más de cinco décadas, fue su víctima obligada en sus áreas de influencia. Otros sectores, entre ellos el académico, consideran que puede hacer un buen papel en la búsqueda da de la verdad. Una de las críticas es que no hay una sola víctima de las Farc que defienda los derechos de los damnificados con los despropósitos de las FASC. Los más criticados fueron el sacerdote de Roux y Alfredo Molano debido a sus posiciones afines a las Farc. Por su parte, la senadora Sofía Gaviria manifestó a la FM “Muchas de las víctimas rechazamos esa comisión porque hay personas nombradas que comparten los ideales de las Farc y han defendido las luchas guerrilleras como el cura de Roux, el caso de Alfredo Molano y la doctora González, con lo cual es muy fácil que se construya una historia mentirosa”.
Los miembros del Centro de Pensamiento Libre consideran que Colombia necesita esa verdad, pero que se debe llegar a ella a través de un método objetivo y riguroso, una vez obtenida “debe esculpirse en piedra” para que no sea olvidada y no vuelva a repetirse.
El precandidato a la presidencia de la república Coronel Carlos Alfonso Velásquez Romero considera que “La perspectiva en que han trabajado los comités de escogencia se ha derivado de las siguientes preguntas: ¿Como lograr conocer al máximo la verdad de lo ocurrido? ¿Qué clase de personas inspirarían más confianza tanto a victimas como victimarios?”
Para la abogada Marta Stella Lagos, especialista en Derecho Administrativo, quien cuenta con una amplia experiencia como jefe de personal en distintas entidades del Estado, dice: “En todo proceso es fundamental que los elegidos sean escogidos por méritos, la preparación relacionada con el fin a conseguir es muy importante y hace la diferencia al momento de la consecución de los logros, independiente a la etnia, raza, religión o género al que pertenezcan.”
Toda esta falta de claridad, aunada al cinismo característico de la Farc, sigue exacerbando los ánimos de los colombianos. En palabras del gestor de la naciente Federación de la reserva activa de Colombia, Coronel Esaú Narváez Quiñonez: “Cuando hay verdaderas intenciones de hacer una paz. Esos criminales debería dejar la arrogancia. La prepotencia. La humillación. La soberbia. Cada vez su propósito es ofendernos, hacernos ver cómo ignorantes y lo peor es sentirse como víctimas y los victimarios somos la sociedad en cabeza del Estado. Eso es indignante”.
“Una de tantas ofensas es escuchar a una de sus voceras, decir que debemos agradecer a los genocidas que hayan entregado unas pocas armas, para que ya no nos asesinen, secuestren, extorsionen, etc. etc.. Y que por no delinquir producto de un acuerdo obtendrán miles de concesiones. La pregunta que se repite y se plantea es ¿debemos cerrar los ojos ante los costos que acompañan al mejor acuerdo?”
Pero todo esto no es más que la continuidad de las costumbres políticas y administrativas de estas élites que han mal gobernado nuestro País durante más de dos siglos. El proceso de desmovilización en sí mismo es bueno solo basta mirar las estadísticas que nos muestran que en lo corrido del año solo han habido 168 muertes por causa del conflicto, frente a 28.000 muertes violentas durante el año 2002, que es cuando comenzó el llamado gobierno de la seguridad democrática. Este cese de hostilidades nos ha permitido levantar esa cortina de humo que no nos permitía conocer los verdaderos problemas del país, los cuales se cimientan todos ellos en el fenómeno de la corrupción que ha carcomido nuestro futuro, sepultando de paso las principales necesidades de los Colombianos como son la educación, la salud, la infraestructura, el desarrollo del agro y la inversión social, entre otra muchas necesidades.
Pero cómo se puede materializar una paz estable y duradera, si desde el propio gobierno que se abroga este logro, se empieza incumpliendo, el trato a las comunidades indígenas y a los trabajadores es indigno, desde las toldas del uribismo y la ANIF se empieza a ambientar un aumento en las edades de pensión y lo que es peor la desaparición del único fondo de pensiones del estado COLFONDOS, asegurando que lo mejor para el país, es aumentar la edad en que las personas se pueden jubilar, es decir, las mujeres pasarían de 57 años a 62 y los hombres de 62 a 67 años; algo que los colombianos no podemos permitir.
Por todo esto es que se debe despolitizar el tema y exigir, en cambio, un manejo propio de Estado serio y transparente, como lo demanda algo tan serio como es el futuro de la paz de los colombianos.
