Hacer de la educación la gran prioridad del país entraña grandes desafíos y dificultades. Una de esas dificultades es el histórico enfrentamiento entre los educadores y los gobiernos de turno. El de Santos no es la excepción. Una suerte de gran acuerdo de paz por la educación se hace urgente y necesario.
Las relaciones entre Santos y los maestros no atraviesan por su mejor momento, pese a que la dirigencia de Fecode respaldó su reelección y este a su vez se comprometió a elevar el presupuesto de educación al 7 %, fortalecer la educación pública y convertir la educación en la prioridad de su gobierno. Dos paros nacionales en lo que va corrido de la actual administración así lo confirman.
Durante más de una década las relaciones entre el magisterio y el gobierno han estado marcadas por la polarización y el conflicto, cuya consecuencia ha sido un sinnúmero de paros nacionales que privaron a niños y jóvenes de cuantiosos días sin clase y el debilitamiento de la imagen y confianza en la educación pública. El establecimiento de un nuevo estatuto docente, que dejó a los maestros con dos regímenes profesionales y salariales distintos, abrió una profunda herida.
En un esfuerzo por desandar las conflictivas relaciones entre el gobierno de Uribe y Fecode, Santos abrió la posibilidad de acercamientos y aceptó discutir y acordar un estatuto único para los educadores. Sin embargo, su primer gobierno culminó sin lograr ese objetivo y sin cumplir los acuerdos firmados en materia de salud y el pago de cuantiosa deuda por concepto de ascensos y otras prestaciones legales. La polarización política de la última campaña electoral facilitó un acercamiento entre los educadores y el presidente Santos, reforzado por el anuncio de hacer de la educación la prioridad de su nuevo mandato.
Uno de los mayores lastres para la educación ha sido el predominio de una visión corporativa en el tratamiento del magisterio por parte del Estado. Las relaciones entre el Estado y los educadores, no han transcendido el plano reivindicativo y gremial. Para el Ministerio de Educación Nacional, los maestros son Fecode, un gremio más con el cual simplemente hay que negociar los asuntos salariales y prestacionales. La exclusión de los educadores de la definición de la política educativa ha sido una constante en todos los gobiernos. Los maestros son sinónimo de sindicalistas. Un incómodo interlocutor con el cual hay que lidiar. Los maestros no son vistos ni tratados como profesionales de la educación. La política educativa se diseña y piensa sin los maestros, y en no pocos casos contra ellos. En su reemplazo se ha echado mano de un enjambre de técnicos y expertos de la educación en su mayoría economistas o administradores de empresa.
Por su parte Fecode sigue cargando el lastre de ser visto como un sindicato preocupado primordialmente por sus intereses salariales y prestacionales, sin grandes propuestas en materia pedagógica y educativa de cara al país. No puede seguir reduciendo su defensa de la educación pública a la defesa de sus particulares intereses. Fecode se debate entre la opción de seguir siendo un poderoso sindicato en lo gremial o una fuerza intelectual y pedagógica con capacidad de incidir de manera significativa en las trasformaciones educativas del momento, con todo lo que ello implica, incluido sacrificar algunos intereses propios en favor de la educación y la niñez del país. Fecode está en mora de volver por los fueros de la época en que impulsó de manera decidida el Movimiento Pedagógico como un gran movimiento intelectual y educativo en favor de una reforma profunda de la educación y la enseñanza.
La educación es quizá el único propósito en el cual están de acuerdo todos los colombianos. Ni la paz con toda su importancia tiene tal consenso. Pero para lograr que Colombia sea la más educada de América Latina y conseguir que todos los niños tengan igualdad y equidad en la educación se requiere el concurso de los maestros. Sin los educadores no es posible cambiar profundamente nuestra educación. Su experiencia profesional y su participación son insustituibles. El éxito educativo de Finlandia y estudios como el realizado por la Fundación Compartir demuestran fehacientemente la importancia de los maestros en la transformación educativa.
Una política que no cuente con la participación activa del magisterio en su formulación y ejecución está condenada al fracaso. La política se puede decretar, se puede imponer, pero no tendrá éxito. Reformas como los indicadores de logro y la educación por competencias se impusieron de manera autoritaria y su resultado fue una amplia resistencia y en no pocos casos un manifiesto rechazo por parte de los educadores.
Iniciativas como la jornada escolar completa de ocho horas y mejorar de manera sustancial la calidad y resultados de nuestra adecuación, debe ser el fruto de la participación activa de los educadores y los rectores de los colegios públicos. Experimentar y decretar desde los despachos del Ministerio de Educación corre el riesgo de convertirse en una nueva frustración y la repetición de lo ocurrido con otras reformas inconsultas: se acatan pero no se cumplen.
Por supuesto que la educación no es un asunto que competa solo a la ministra y a Fecode. No se trata de un pacto corporativo. La educación es un asunto de todos, pero resultaría equivocado desconocer que el magisterio es la fuerza decisiva de cualquier pacto o gran acuerdo por la educación. La reconciliación, el diálogo y la construcción conjunta de una política educativa entre Fecode y el gobierno nacional es una condición para que la educación pueda ser efectivamente la gran herramienta en la construcción de la paz.
