El pasado 18 de octubre, Adriana Villegas, columnista del diario La Patria, relató con horror los versos con los cuales los soldados del Batallón Ayacucho del Ejército, ubicado en Manizales, motivaban su entrenamiento. La misoginia, la sed de sangre y la violencia verbal y psicológica exacerbada fueron las reales compositoras de cada una de las oraciones que recitaban al ritmo de su trote. La misma declaración fue realizada por Daniel Carvalho Mejia, concejal de Medellín, quien relató con tristeza ante sus colegas aquello que le hacían cantar en sus días de entrenamiento como soldado raso en el Ejército.
Ante la denuncia presentada por la periodista, la respuesta de dicho batallón fue una citación para que, bajo juramento, relate aquello que atestiguó. La citación quedó agendada para el próximo 14 de enero, luego de que la periodista pidiera acompañamiento de la Procuraduría e intervención por parte de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) como medidas de protección. Esta última no podrá acompañar la audiencia, puesto que por ahora dicho proceso está en "etapa de reserva".
De manera similar quedó registrado el caso en donde la Fiscalía General de la Nación citó a Diana Díaz, experiodista de RTVC, quien denunció en su momento la manera en la cual Juan Pablo Bieri intentó “matar” el programa de Santiago Rivas llamado Los puros criollos, debido a las supuestas críticas que hacía al gobierno nacional. Dicha citación prevé una imputación de cargos por presunta “violación de clausura de confidencialidad”. Sin embargo, la actuación de este órgano autónomo no acabó allí, pues pidió a la antes mencionada FLIP que violara la reserva de la fuente para dar con dicha periodista y además, según narró Jonathan Bock Ruíz (su director ejecutivo), solicitó los videos de seguridad de la fundación, en donde se mostrara con claridad quiénes habían ingresado a sus instalaciones por un periodo aproximado de mes y medio.
Los casos anteriormente mencionados son solo algunos de los cientos que hay de acoso judicial que sufren los periodistas de nuestro país día a día. Desde hace más de 25 años organismos como la FLIP han realizado acciones heroicas para velar por la seguridad de las personas que han decidido ejercer el periodismo en Colombia. De hecho, en su página web existe en efecto un apartado específico para el acoso judicial, pues es una estrategia frecuente para silenciar a los periodistas que manejan información sensible o que involucra a organismos o a funcionarios del Estado.
Otro caso que suscita interés en esta materia es aquel que involucra a Gonzalo Guillén, columnista de la Nueva Prensa e investigador que develó la popularmente llamada neñepolítica. El juez 44 civil del Circuito de Bogotá ordenó el arresto del periodista por no acatar un fallo judicial en el cual debía ratificar un trino realizado a inicios del año 2019. En dicho tuit él declaró que Carlos Barros Corrales era uno de los testaferros de Marquitos Figueroa, cosa que no era cierta puesto que no había, hasta la fecha, decisión judicial que así lo constatase. Lo curioso del fallo es la manera en la cual se le pidió que realizara dicha ratificación, pues lo obligaban a escribir una columna en dos periódicos, El Tiempo y EL Espectador, los cuales nada tenían que ver con el caso ni con Guillén, por lo cual realizar dicha ratificación era casi imposible. Además de tres días de cárcel, Guillén fue condenado a pagar una multa de diez millones de pesos.
Ser periodista en nuestro país nunca ha sido tarea fácil, sobre todo cuando se entiende que este es un ejercicio que debe encargarse de cuestionar y poner en duda las estructuras de poder y aquellos que las manejan. Para muchos periodistas, este es un ejercicio político contrapoder per sé, de lo contrario no es más que propaganda. Tristemente el acoso judicial, la persecución e incluso el asesinato de periodistas es una realidad que ha sido invisibilizada durante décadas debido a los altos índices de violencia. En los últimos cuatro años más de seiscientos periodistas han sido asesinados a lo largo y ancho del territorio nacional.
Lo cierto es que los ataques a los periodistas vienen de todos lados y los enemigos del periodismo libre e independiente se encuentran tanto en las filas de los grupos armados como en los altos mandos del poder estatal. Ya no es secreto que el mismo Ejército ha chuzado periodistas, como tampoco lo es que tanto la Fiscalía como la rama judicial han usado ciertos medios para intimidar a quienes ejercen este oficio. Cabe mencionar que según un estudio realizado por la FLIP, la misma Unidad Nacional de Protección habría ocultado de manera sistemática información importante sobre la seguridad de los periodistas y habría cometido diferentes tipos de irregularidades en cuanto a sus procedimientos, impidiendo principalmente la participación de la sociedad civil.
Dicho lo anterior, solo queda preguntarse: ¿quién, sino el Estado, está allí para velar por la garantía de nuestros derechos como periodistas? Y si la respuesta es La FLIP, ¿qué hacer cuando esta también termina en medio de hostigamientos judiciales?
