Mientras el sistema económico sirva “para gastar personas”, haciéndoles creer, subjetivamente, que son ciudadanos autónomos y libres, los cuerpos “gastables” estarán al servicio de los “gastadores”, paralizándoles todas las oportunidades de obtener independencia, dignidad y bienestar.
Los “gastables” son los cortados de, separados de y aislados del bienestar.
En teoría, “las personas gastables”, para los “gastadores”, no son sujetos que puedan hacer historia, progreso y proyectos, equivalen a la esclerosis del cuerpo social de una nación y merecen vivir por fuera de la sociedad; impedidos para ingresar a su brillante constelación social constituyen una carga social que debería ser absorbida por un agujero gravitacional.
Ante tal premisa conviene preguntarnos: ¿Qué ha legitimado que las elites gobernantes, al contrario, si hayan podido gastar y consumir durante siglos los recursos de la nación?
Desde tiempos libertarios los modelos societales, constituidos por relaciones económicas restringidas, políticamente limitadas y culturalmente hegemónicas, la equidad social ha sido bloqueada, sellada, taponada y legalmente acorralada.
Las movilizaciones nacionales, desde la Masacre de las Bananeras, para exigir el desbloqueo así lo confirman.
¿Por qué, si las evidencias son incontestables, al establecimiento le perturba someter a debate las luchas populares contra las variadas formas de exclusión?
Vale afirmar, en momentos como los actuales, que el diálogo es un imperativo ético para las partes, que los ciudadanos excluidos no rechazan el sistema político y profesan creencias en el mercado electoral que oferta la institucionalidad, mediante el cual presentan exigencias sociales, formulan expectativas y exponen intereses.
Si el modelo participativo entra en crisis, si los reclamantes no encuentran respuestas democráticas, los conflictos serán inevitablemente más cruciales.
Desentrañar el motivo de las movilizaciones por una vida digna no es accidental, Francia, Argentina y Venezuela nos dan ejemplos y obligan a repensar que la forma como está distribuida la prosperidad produce desesperanza en los grupos sociales más vulnerables de la sociedad.
No está en juego el modelo político, solo tenemos que admitir que el Estado colombiano es un aparato que produce marginalidad y exclusión, que sus detentadores han elaborado un libreto para ser leído como si fuera una institución imparcial, pero que, muy a pesar de las prerrogativas y franquicias que disfrutan sus dirigentes y mentores, las clases subalternas han logrado valiosas conquistas sociales que deben cumplirse, hoy amenazadas, seriamente, como sucede con los recursos naturales, el amparo pensional, la salud y la educación.
Modificar la naturaleza soberbia del Estado es una exigencia inaplazable.
Si todos los “ismos” y “logías” se refugian en declaraciones retóricas, debates estériles y meros repartos burocráticos y presupuestales, se glorifica el asistencialismo populista, se fortalece el rentismo financiero y, por esa vía, se desestimula la producción doméstica.
Adoptar posturas pacíficas para solucionar la conflictividad de esta época y distribuir el bienestar, incrementar la paz, la equidad, privilegiar la no violencia, inventar fórmulas para lograr el desarrollo verosímil, pactar y proveer la seguridad humana para todos los miembros de la sociedad, es considerar que los otros, los marginados, no pueden ser “gastables”, ni mucho menos borradas de la geografía nacional.
Salam aleikum.
