La reforma laboral, actualmente en discusión, busca promover la justicia social a través de la creación de condiciones laborales más dignas para los trabajadores.
Tales condiciones implican estabilidad, salarios justos con prestaciones sociales, jornada racional, formación integral para el trabajo y acceso a una seguridad social efectiva, entre otros aspectos, pues de otra manera es imposible lograr que la vida laboral sea un factor de tranquilidad y buen vivir para el trabajador y de paz para la sociedad.
Además de los anteriores aspectos, debió incluirse el derecho a una adecuada participación en las utilidades empresariales derivadas del desarrollo tecnológico y la mayor productividad, pero para esto habrá que esperar a que las organizaciones de los trabajadores tengan la fuerza suficiente que les permita actuar como efectivos grupos de presión o a que las condiciones sociales adquieran tal naturaleza que las oligarquías no puedan seguir defendiendo sus privilegios.
Como era de esperar, los gremios económicos y sus representados se vienen oponiendo sistemáticamente a la reforma, pues entienden que les generará mayores desembolsos por concepto de nómina, lo cual puede derivar en una menor tasa de ganancia, aunque no necesariamente, pues bien saben que lo que les sale de un bolsillo les puede regresar por el otro, gracias a que el potencial incremento de las ventas puede generarles un mayor volumen de circulante en el mercado.
El argumento más socorrido por estos señores ha sido el de que la reforma es inconveniente para los propios trabajadores, ya que, en palabras de Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, “es un certificado de defunción para el emprendimiento”, “desincentiva la contratación” y “afecta el empleo”.
Lo curioso es que Mac Master y sus pares olviden su acervo argumental de antes contra la estabilidad laboral, y pretendan presentarse como defensores de sus víctimas, los informales de hoy, con la tesis de que ya nunca más podrán contar con un trabajo decente e, incluso, advirtiéndoles a los trabajadores activos que pueden perder sus puestos por esos mayores costos de nómina y porque la reforma no contempla ningún estímulo a la creación de empleo, como si esto último fuera tema de un código laboral. Más bien sí puede serlo en sentido contrario, como lo demostró la ley 789 de 2002, causante de que hoy el día termine a las 9 de la noche, entre otras sabias decisiones.
Lo que logre salvarse de esta reforma será un notable avance para los trabajadores, comparado con la actual legislación. Sin embargo, no sobra estarlo repitiendo, será así mientras estemos dispuestos a defenderla en las calles, como debemos hacerlo también con las demás que están en juego.
