Para que usted pueda leerme en estos momentos, tuvieron que pasar varias cosas, en primer lugar se necesitó de años de investigación para que se pudieran trasformar ciertos códigos en un lenguaje y darle sentido a lo que escribo, para esto se requirió, procesadores, circuitos, el hardware y software de un equipo tecnológico además de esto se necesitó a una conexión internet que permitiera el flujo de información. Desde ese lado se necesitó lo mismo, tal vez usted no sea consciente que el tener una pantalla frente a usted, lo hace un privilegiado.
Este año se cumplen 9 años desde que la ONU declaró el acceso a internet como un derecho humano, la declaración Conjunta Sobre la Libertad de Expresión en Internet, de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión del 1° junio 2011, manifiesta entre otras cosas que los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet para garantizar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresión y que el acceso a Internet también es necesario para asegurar el respeto de otros derechos, como el derecho a la educación, la atención de la salud y el trabajo, el derecho de reunión y asociación, y el derecho a elecciones libres.
Esta declaración que buscaba fortalecer la libertad de expresión y el acceso a la información en los países de la organización, no puede ser aplicada de manera efectiva en países como el nuestro, por condiciones sociodemográficas o simplemente por voluntad política.
En Colombia cerca de 21,7 millones de personas tienen acceso a internet y cerca de 23,8 millones de colombianos no cuentan con este beneficio. Esta brecha digital es enorme y aunque en esta relatoría de las Naciones Unidas se sugiere tomar medidas para garantizar este derecho, pareciera que esta no es una prioridad del gobierno.
Ante las recientes medidas tomadas por el gobierno Duque, para frenar la expansión del covid-19 esta brecha digital se puso en evidencia, las instituciones de educación públicas y privadas del país debieron adoptar medidas de contingencia para darle continuidad a los procesos académicos de miles de niños y jóvenes en Colombia, sin embargo, esto evidenció una vez más la relación del nivel socioeconómico y el uso de la tecnología y es que acceder a la información terminó siendo un privilegio que pocos tienen y a muchos niños se les vulneró el derecho a la educación.
Acceder a información de otros países en tiempo real, conocer otras culturas, con un solo clic o comunicarse con su familia, es algo tan común para usted y para mí, pero tan lejano para millones de colombianos en regiones apartadas o incluso dentro de las mismas ciudades, pues su condición económica no les permite acceder a este “derecho”.
Es necesario que el Estado adopte medidas reales para reducir esta brecha, la meta del gobierno para el 2022 según el plan de desarrollo PND es que al menos el 70% de la población, es decir, 31.8 millones tenga acceso a banda ancha de calidad, esperemos esta no sea solo una promesa del papel y que para el año propuesto, muchos colombianos mejoren su calidad de vida al acceder a este derecho y en un futuro no muy lejano, esta brecha sea reducida al máximo y esta declaración de la ONU, sea una realidad para Colombia. Por lo pronto a usted y a mí, nos corresponde velar para que esto ocurra y no solo siga siendo un privilegio de pocos.
