Acceder a la justicia para pretender el amparo de un derecho fundamental se convirtió en una fila de humillados. En Medellín, es necesario estar a las cuatro de la mañana en las puertas del Edificio José Felix de Restrepo (Palacio de Justicia en La Alpujarra) para poder radicar una acción de tutela que busca la protección judicial de un derecho inherente a cada persona.
En esta fila florecen hoy las ventas de puestos, la narrativa del dolor, los desmayos, los aprovechados, la corrupción, la indiferencia ciudadana, política y judicial, en fin. En ella se conjugan todos los insumos necesarios para no creer en la ley ni en la justicia. La fila de ocho horas que cada ciudadano hace para presentar una tutela es un curso de inmersión en el escepticismo estatal.
En la fila de los humillados muchos no tienen para comprar una bolsa de agua y menos para pagar las fotocopias que les exige la administración de justicia. Es una fila de personas que buscan que se restablezca su derecho a la dignidad humana, pero, contradictoriamente, para lograrlo deben humillarse a los ojos de los jueces, fiscales y abogados. Hacer la fila de la tutela implica bajar la altivez y herir el amor propio.
Lo que la insolidaridad ignora es que, parodiando un viejo eslogan comercial de la ciudad, la fila de la tutela será una fila que tarde o temprano todo ciudadano tendrá que hacer.
Quien llega al “Palacio de Justicia”, ya ha transitado previamente por la Defensoría, la Personería o la oficina de un abogado amigo, quienes le redactan la petición con la que buscan se tutele un derecho vulnerado.
Este siniestro peregrinaje administrativo-judicial doblega a un grueso número de ciudadanos que seguramente mueren en las salas de espera de las IPS. Los sobrevivientes, si superan este nivel, podrán esperar un fallo judicial que puede ser favorable o desfavorable y que para acabar de ajustar no intimida, ni vincula realmente al ofensor, es decir, no se cumplirá en muchos casos y llevará al sobreviviente a otro nivel, como en un juego de play station, llamado desacato a una decisión judicial.
Cualquiera diría que se acerca el final, pero todavía sigue la romería, pues declarado el desacato, es posible que el funcionario vaya arrestado un breve tiempo y eso no resolverá el problema y en muchos casos lo que hará es agravarlo.
Al final, la persona muere o por arte de birlibirloque, o por cansancio administrativo consigue el tan anhelado amparo constitucional.
¿Y los responsables? El Artículo segundo de la Constitución dice que las autoridades están instituidas para garantizar los derechos de todas las personas; pero cuando se les reclama llega el festival de la evasión.
Pregunto: ¿Y es que el Consejo Seccional de la Judicatura no puede organizar mejor la atención, que debe ser prevalente, a quienes buscan proteger sus derechos fundamentales?
No puede ser que nos escandalice más la fila en una entidad financiera para retirar o consignar dinero y no nos apabulle la fila y romería eterna de quien busca salvar su vida o la de un familiar.
* Abogado y docente universitario.
