En un par de horas las directivas de Alianza Verde y el núcleo que integra la denominada Coalición de la Esperanza (la refundación de la fallida Coalición Colombia) desecharon el acuerdo con el cual habían sellado el punto de partida de la carrera por el aval verde a la presidencia. Sin consultar a las bases y a puerta cerrada, Angélica Lozano y Antonio Sanguino decidieron descartar el mecanismo de encuesta interna acordado para mayo con los cinco precandidatos y suspender la presentación de las precandidaturas que ya se venía anunciando con expectativa para el primero de marzo. Al parecer, entre los cinco precandidatos que ya tenían lista la plataforma de lanzamiento de su precandidatura al que más le incomodó la sorpresiva decisión fue a Camilo Romero. El exgobernador manifestó su inconformidad en Twitter donde afirmó que se cambiaron las “reglas previamente acordadas” y de paso exigió “garantías democráticas”. ¿Qué pasó que los verdes desecharon un mecanismo concertado para tener candidato propio a casi un año de la primera vuelta?
La versión oficial se relaciona con la posición del exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien se encuentra estudiando en Europa y manifestó interés en sumarse a la baraja de precandidatos. Al considerar que Amaya sería de facto excluido si se adelantaba la encuesta interna en dos meses, se decidió alterar el mecanismo previamente acordado (de ahí el reclamo de Romero), para permitir su participación en la consulta del 2022, es decir, el partido optó por no ambientar la carrera por el aval verde desde marzo y decidió esperar a Amaya (quien integra el sector verde de Boyacá que ya tiene dos precandidatos: Sandra Ortiz y Jorge Londoño). Esa posición resulta desacertada porque exagera el rol que Amaya podría tener como precandidato (sin desmeritar sus cualidades) y deja con los “crespos hechos” a los precandidatos que ya venían trabajando en su aspiración, bueno, al menos, al único que sí ha asumido en serio la precandidatura y que no la ve como un trampolín para luego bajarse al Senado o a una Gobernación, me refiero a Camilo Romero.
La decisión del verde dejó un sinsabor y se interpretó de dos formas: una jugada a favor de Fajardo quien es el núcleo de la Coalición de la Esperanza que orienta Angélica Lozano (y donde aterrizaron los liberales Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán y De la Calle) y una zancadilla a Camilo Romero, quien es el más opcionado entre los cinco precandidatos en la carrera por el aval verde. Los demás precandidatos no alcanzan la figuración o el relacionamiento con las bases que sí ha venido cultivando Romero a lo largo del último año; por ejemplo, a principios de 2020 promovió con intensidad una serie de giras regionales que lo llevaron por todo el país con gran éxito de convocatoria; tras la llegada de la pandemia se adaptó y empezó a coordinar diálogos virtuales y una estrategia formativa desde la Escuela de Innovación Política. Todo este trabajo le ha permitido afianzar su cercanía con las bases del partido que sí lo identifican como un aspirante realmente verde (a diferencia de Fajardo que ni es un militante) y a las cuales convocó en su trino cuando afirmó: “seguiremos de mano de las bases, de la gente, quienes deben ser escuchadas”.
Al ser el único precandidato que se ha tomado en serio su aspiración, Romero ya tenía preparado el lanzamiento de su plataforma de campaña desde el Páramo de Santurbán; asimismo, en diciembre activó una estrategia que llamó Sumemos (lo cual le ha permitido ambientar su aspiración) y desde ya cuenta con el despliegue de un conjunto de equipo territoriales, algo que quedó en evidencia en su última reunión por Zoom en la cual convocó a más de 500 personas de todo el país. En ninguno de los otros cuatro precandidatos se ha visto tan empeño y antes parecen más interesados en que el aval le sea otorgado a Fajardo. A Romero no se le ha visto en las reuniones de la Coalición de la Esperanza y se ha enfocado en fortalecer su relación con las bases, en su gran mayoría, en desacuerdo con la imposición de un candidato como Fajardo. Algo elemental porque el “crespo” no es del verde y solo lo utiliza cuando necesita un aval. En contraste, Romero era el más opcionado para ganar la encuesta de mayo y asumir a ocho meses de las elecciones legislativa una candidatura en propiedad. ¿Volverá a pasar lo mismo del 2018 cuando Fajardo se impuso sin consultarle a las bases?
Esa decisión sin duda afecta a Romero porque lo obliga a continuar como precandidato hasta marzo de 2022, es decir, no le da la oportunidad de medirse en una encuesta interna (la cual podría haber ganado sin mayor dificultad), asumir la candidatura y convertirse en un fenómeno de opinión antes de las elecciones legislativas (algo que igual podría lograr, pero como precandidato). Si las otras cinco aspiraciones se mantienen hasta esa fecha entonces el verde llegaría dividido y no con un candidato único que represente a todas sus tendencias. Esto sí podría favorecer a Fajardo porque se mediría con un partido dividido, ya que la votación del verde se dispersaría. Por eso, con la suspensión de la encuesta sí se le hace una zancadilla a Camilo Romero.
