En recientes semanas, representantes de un sector político me contactaron con la idea de apoyar desde mis publicaciones en Las2Orillas y otros portales de opinión una intentona de agitación social para ambientar una eventual revocatoria a Daniel Quintero. Inmediatamente rehúse a sumarme lo que considero es una estrategia maniquea que en nada contribuye a mejorar los niveles de control ciudadano o veeduría a la gestión del alcalde. Sobre las acciones de Quintero he publicado en este portal aproximadamente 30 notas ciudadanas (algunas han llegado a ser muy visualizadas y compartidas), y en junio promoví el plantón de las gafas donde le exigimos cumplir algunas de sus promesas de campaña y pronunciarse frente a los cuestionamientos que recaían sobre elementos de su gabinete. Tal vez, por esas acciones algunos sectores me han “perfilado” como un opositor enconado y creyeron que me podría adherir sin problema a su estrategia de agitación social.
A nivel personal, tomé distancia de Quintero cuando autorizó la militarización de la Universidad de Antioquia en febrero. En campaña, fui cercano a su equipo programático y marqué línea en algunos componentes de su plan de gobierno. Sin embargo, la decisión errática e innecesaria de autorizar el ingreso de una fuerza de choque como el Esmad al campus principal de la universidad, amparado en un inconsulto y supuesto protocolo, fue suficiente para tomar distancia y cuestionar su falta de mesura al momento de tomar decisiones. Tras ese episodio asumí (como buena parte de la base social que lo apoyó durante la campaña) una actitud más crítica y escéptica, posición que reafirme en los espacios de opinión donde comparto análisis y reflexiones. Retomé y analicé denuncias sobre manejos cuestiónales; cercanía con sectores tradicionales de la clase política (echando por el suelo el leitmotiv de “sin partidos o jefes políticos”) e incumplimiento de promesas.
A eso se sumó el hostigamiento de su secretario de Hacienda, el excongresista liberal Oscar Hurtado, quien tras ser cuestionado por un supuesto conflicto de interés en Metrosalud (en una denuncia que analicé en este portal), prefirió escribirme con tono insultante para amedrentar mi libertad de expresión y no responder ante los medios como se le exigía. Por varias semanas fui tildado desde las redes sociales como colaborador de Alfredo Ramos; integrante de una bodega uribista o un resentido. En realidad, el interés en ejercer un control más exhaustivo y exigir transparencia obedeció a una posición ética en el sentido de que apoyé a Daniel en campaña y eso me otorga mayor autoridad para exigir coherencia. Todo eso llevó a un plantón que se movió más en redes sociales y donde le exigimos: cumplir con sus promesas de campaña, la reducción en la tarifa de servicios públicos, retomar su posición como activista en el tema de EPM y mayor transparencia.
En los últimos meses la agenda de ciudad en Medellín se ha movido y puedo afirmar que Quintero ha cumplido, va cumpliendo y algunos temas se han aclarado. Se creó la Secretaria de No Violencia; tras concluir un proceso la Contraloría desestimó sobrecostos en contratos suscritos en medio de la pandemia; se retomó la posición del Quintero activista frente a las irregularidades en la contingencia de Hidroituango y siguió adelante con una demanda que sacudió al establishment antioqueño y tocó fibras sensibles entre los poderosos del departamento. Posición que reventó su gobernabilidad en el Concejo y que de paso lo enemistó con Fico Gutiérrez. Aunque sigo cuestionando su cercanía con la clase política tradicional; el hecho de que todavía no se aclara del todo lo referente a contratistas amigos; las “gafas” que se puso con Hurtado y su visión represiva de la protesta social, lo percibo en aspectos cruciales más cercanos al Quintero activista y eso hay que reconocerlo. Una revocatoria es una insensatez.
La propuesta de agitación social a la cual se me invitó a participar solo es una estrategia que busca desestabilizar a Quintero a raíz de sus acciones en relación con la contingencia en Hidroituango y su batalla con el empresariado representado en el GEA, el principal financiador de la derecha paisa, especialmente del fajardismo y el uribismo. Se busca mezclar cierto descontento social con intereses específicos con la finalidad de desgastar en opinión al alcalde y promover plataformas electorales. Además, una revocatoria como figura de participación debe ser motivada por el incumplimiento del plan de desarrollo y hasta el momento y tras las dificultades generadas por la pandemia se puede afirmar que se va cumpliendo con lo que el Concejo aprobó (incluyendo la bancada uribista) en Medellín Futuro. Desde la ética pública es reprochable que la revocatoria sea utilizada como una figura de agitación y manipulación. La que se le quiere adelantar a Quintero está condena al fracaso y afianza su sentencia: “Para hacer lo correcto no hay que pedir permiso”.
