La persecución policial contra las personas que se movilizan en moto no cesa. Por el contrario, se ha incrementado cada vez más y más, sobre todo en estos tiempos de pandemia, cuando la gente está asustada, con hambre y desprotegida como un niño perdido en la intemperie.
La hostilidad y el desprecio hacia los moteros (personas grises, humildes, olvidadas, ninguneadas) son constantes, particularmente en ciudades del Caribe, tales como Santa Marta, Montería o Barranquilla, donde el mototaxismo es una válvula de escape a la vulnerabilidad y desprotección estatal. Hay personas que han culminado una carrera universitaria y no han encontrado una opción laboral diferente a ganarse la vida transportando a sus vecinos.
En fin, algunas personas que cuentan con todos los documentos al día para transportarse en moto me han asegurado que no pasan ni por equivocación por donde esté un puesto de control de tránsito. Si bien es cierto que hay que revisar y sancionar a los moteros que no quieren cumplir las normas, también es cierto que hay que practicar la justicia y hacer lo propio con los agentes de tránsito y de policía que cometen abusos de autoridad.
Ninguna autoridad civil, ningún uniformado, ningún funcionario público debe desconocer que la Constitución Política garantiza que Colombia es un Estado social de derecho, en el que hay que respetar el debido proceso y el principio de presunción de inocencia. Los agentes de tránsito y de policía no son jueces de la república.
El Estado y sus operadores no deben hacer aparición en la actual coyuntura de pandemia del COVID-19 solamente para realizar comparendos o retener motos. No deben tampoco aparecer únicamente para hacer cumplir las normas y a la vez violar los derechos fundamentales cuando la ciudadanía está desprotegida y vulnerable.
