En Cali la Sociedad de Activos Especiales (SAE) sale bastante mal librada ante los criterios y miradas de los habitantes del sur de la ciudad, a raíz de dos establecimientos pertenecientes a un mismo personaje, quien desde hace mucho rato viene haciendo y deshaciendo entre las dependencias del actual gobernante, supuestamente es el mismo que venía tratando de impulsar una revocatoria en contra del mandatario, la cual de un momento a otro se suspendió y dicen las malas lenguas que fue por un acuerdo entre las partes que traía facilitar el uso de los respectivos bienes.
Por un lado está el caso de una carpa para eventos ubicada en la carrera 50 entre calles 5a y 4a sur, que sigue funcionando a pesar de dos fallos jurídicos dictados por parte del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, que exige su cerramiento, aún así la siguen utilizando para eventos de toda índole, en estos momentos está sirviendo de sede para una convocatoria política de la conocida dirigente regional Dilian Francisca Toro, quien busca repetir como gobernadora del departamento.
Por el otro extremo está lo que viene acaeciendo con otro establecimiento similar, identificada como Carpa de la 66, en donde se realizan eventos masivos musicales en medio de una zona exclusivamente de uso residencial, afectando en ambos casos a comunidades que hicieron sus inversiones para hogares familiares, y no para estar sometidos a los problemas de seguridad, ruidos, acumulación de basuras, ventas ambulantes, consumo de sustancias ilícitas, además de todos los inconvenientes que este tipo de actividades generan y presentan, las cuales se derivan de que estos establecimientos, con la aquiescencia de la SAE siguen desarrollando actividades totalmente contrarias a lo que los residentes creían obtener por sus inversiones familiares.
Los habitantes de estos sectores residenciales, barrios el Lido, Capri, Santa Anita y Bosques del Limonar han hecho todo lo que la ley les faculta y permite, desde derechos de peticiones ante el municipio, el Concejo y en la propia SAE, hasta acciones populares, tutelas y cuantas herramientas legales disponen, sin hasta la fecha obtener la atención requerida, mientras tanto el tiempo sigue su curso y son cada vez más las propiedades que se ve son puestas en venta alrededor de estos montajes para eventos masivos que no tienen ninguna lógica para que existan en medio de unidades, barrios, conjuntos y casas residenciales.
Las preguntas que sus habitantes se hacen están bien cargadas de suspicacias en contra de los funcionarios municipales, ¿acaso es que reciben beneficios no santos para permitir el funcionamiento de las mismas?.
