Ad portas de un nuevo debate electoral para elegir los nuevos representantes al Congreso de la República, así como a la Presidencia y la Vicepresidencia de la República, el país se ve envuelto en nuevos escándalos por la red de corrupción. Un ejemplo es el caso de Odebrecht, el cual no solo afecta al Congreso de la República, partidos políticos y el Alto Gobierno, sino que ha permeado al sistema judicial, incluso se ven comprometidos magistrados de las Altas Cortes. Lo anterior hace que crezca la indignación y aumente la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado y la clase política en general.
La vulnerabilidad del aparato del Estado y las colectividades políticas, que las hace permeables a la corrupción, genera en el ciudadano escepticismo en la posibilidad de un cambio estructural en el manejo del Estado. Por eso, en muchos casos optan por el camino más fácil, marginarse de los procesos democráticos, facilitando la posibilidad de que aquellos a quienes señalan de ser los responsables de la crisis ética y moral en el ejercicio de la función pública continúen beneficiándose de las mieles del poder.
La democracia colombiana ofrece mecanismos de participación política al ciudadano, como son el derecho al sufragio para elegir y ser elegido a cargos públicos de elección popular. Uno de los mayores valores del ejercicio de la democracia recae en el rol del ciudadano y la sociedad en su conjunto, en el compromiso con su fortalecimiento para darle mayor legitimidad y representatividad a quienes aspiran y alcanzan las dignidades a las que se postulan, llevando a esos cargos a las personas más idóneas, con hojas de vida transparentes y sin ningún tipo de relación con escándalos de corrupción o violatorios de la justicia y normas constitucionales que rigen en nuestro país.
Solo con la capacidad del ciudadano para tomar libre y conscientemente sus decisiones lograremos elegir un sistema de gobierno fundado en los principios de la honestidad, la transparencia y de trabajo por el bien común. De este modo, rompiendo con la cultura utilitarista de los partidos y colectividades políticas, en los que median los cálculos electorales para designar y avalar quiénes los representarán en los altos cargos del estado, lo cual limita el rol de ciudadano a depositar el voto sin ningún tipo de valoración previa de quienes van a ser elegidos como sus representantes en esas instancias de gobierno.
Creer que la lucha contra la corrupción es un tema exclusivo que está en manos del Estado, exigiéndole normas judiciales más drásticas y mayores castigos contra quienes incurren en esos delitos, denota la poca consciencia sobre la responsabilidad de la ciudadanía como parte del problema, bajo el presupuesto de que la corrupción se percibe únicamente en la institucionalidad publica, pero no en el mundo de los ciudadanos de a pie. Esto sin entender que han sido penetrados en sus principios éticos y morales, tanto en lo personal, familiar y social, al prestarse al juego de partidos y dirigentes políticos quienes lo manipulan con el ofrecimiento de prebendas a cambio de su respaldo incondicional, o limitándose a señalar a los que consideran responsables de actos de corrupción, pero absteniéndose de participar en los procesos democráticos en los cuales con su decisión y alejados de cualquier presión política puedan promover a los mejores ciudadanos para que sean los destinados a darle salida a la actual crisis, recuperando la credibilidad en las instituciones del estado, colocándolas al servicio del bienestar ciudadano y no en beneficio a los intereses de determinado grupo o individuo.
