El caos vehicular que se está viviendo en la mayoría de las ciudades colombianas no tiene antecedentes. Las congestiones se han hecho insoportables, trayendo costos sumergidos en materia de combustibles y productividad. Frente a esta circunstancia muchas autoridades vienen adoptando medidas con frecuencia erráticas, que no representan solución alguna.
En este contexto debe interpretarse de manera positiva la ley que regula las fotomultas vehiculares, asunto que venía salido de madre y estaba prestándose para toda suerte de abusos y corruptelas. La aprobación de la norma, sin embargo, no puede dejar de lado la pregunta sobre por qué tardó tanto el trámite de la iniciativa en el Congreso. Y es que estábamos frente a una situación que no daba espera. Ya desde el 2011 los municipios actuaban en la materia, permitiendo un negocio multimillonario bueno para proveedores y contratistas pero bastante dudoso para los fiscos locales.
Al efecto es oportuno mencionar que las fotomultas generaron en sus cinco primeros años comparendos por más de dos billones de pesos. Si consideramos que la participación de los contratistas operadores fluctúa entre el 30 % y el 60 % del recaudado, es fácil concluir que ellos se echaron al bolsillo durante ese tiempo una suma que fluctúa entre seiscientos mil millones y 1,2 billones de pesos. ¿Sería acaso que aquellos contratistas “aceitaron” a los politiqueros regionales para que hicieran valer sus influencias con el fin de dilatar la expedición de una regulación necesaria?
Las acciones de las ciudades principales con relación al tránsito son ajenas al meollo del problema. El desperdicio de esfuerzos y recursos parece general. Hace unos días el periodista Diego Martínez Lloreda, director de información del el periódico El País de Cali, fue interceptado, multado y su auto inmovilizado por haber cometido una infracción considerada “grave” por un guarda de tránsito. La supuesta gravedad consistía en que bajo su placa vehicular colombiana se insinuaba la silueta decorativa de una enseña correspondiente a la Unión Europea.
Afortunadamente en este caso el posible abuso de autoridad esta siendo investigado por la Personería caleña, pero lo imperdonable es que a estos incidentes baladíes dediquen su tiempo los funcionarios de tránsito en ciudades como Cali, Medellín o Bogotá cuya circulación vehicular es un pandemonio, y donde se deberían orientar los esfuerzos a solucionar aspectos más importantes de la problemática.
La manía de ignorar los problemas reales en materia de circulación, la incapacidad de centrar la atención en lo relevante, la tendencia a descargar la responsabilidad de todos los problemas en los conductores se refleja en otra sarta de disposiciones tan inútiles como asombrosas.
Un amigo tramitó recientemente la renovación de su pase de conducir. Al hacerlo debió entregar información sobre el estado de su salud, asunto que abordo con la honestidad debida. A la pregunta sobre intervenciones quirúrgicas anteriores indicó que hace años había sido operado de cáncer de próstata. ¡Quién dio lío! Aunque su enfermedad había quedado curada con la cirugía exigieron la certificación expedida por un hematólogo oncólogo sobre los tratamientos en materia de quimioterapia, radioterapia y evolución de la enfermedad. Una prueba imposible en este caso porque tales recursos terapéuticos no habían sido necesarios. Hasta donde supe el amigo se enfrentaba a la posibilidad de perder el pase o comprar una historia clínica chimba para satisfacer la letra de una reglamentación absurda e inoficiosa, acaso diseñada intencionalmente para propiciar las maturrangas.
En asuntos de estupidez y facilitación de los torcidos
nada tan diciente como lo relacionado con el equipo exigido
para transitar por las carreteras
Pero en asuntos de estupidez y facilitación de los torcidos quizá nada sea tan diciente como lo relacionado con el equipo exigido para transitar por las carreteras. En este caso la sarta de reglas y exigencias, muchas de ellas ambiguas, parece interminable. Cada una de esas disposiciones se presta para que guardas y policías de tránsito abusen de conductores y viandantes, caigan en la tentación de “arreglar por las buenas”.
La reglamentación que comentamos tiene varias perlas. Por ejemplo, aunque se esté de día se exige llevar linterna y chaleco refractivo. Además esos elementos tienen que ser portados en la guantera; el extintor de incendios debe ser mínimo de cinco libras y cargarse dentro de la cabina; también se exigen conos de señalización, guantes, herramientas completas y botiquín. Y lo peor es que en cada circunstancia particular el guarda o agente se sentirá con autoridad para calificar discrecionalmente la calidad de esos enseres inútiles.
Mientras tanto en los centros urbanos la anarquía en la movilidad crece. No hay política de chatarrización para los particulares; el mototaxismo y los piratas tienen quebrados los sistemas de transporte masivo; no se ha querido regular el trafico de motocicletas que inunda las vías de desorden y produce mortandad.
Doctor Jorge Eduardo Rojas, ministro del Transporte: los fenómenos aquí registrados acontecen porque la administración del tránsito en el país se ha ido poniendo al servicio de intereses particulares. Los que hacen botiquines, chalecos, guantes o conos; al igual que ciertos grupos profesionales, en connivencia con los guardas y agentes se están aprovechando. Aunque los politiqueros tan influyentes en el sector oficial prefieran la pasividad, llegó la hora de revisar los reglamentos existentes. Todo en la perspectiva de evitar las corruptelas y proveer un sistema eficaz y confiable en el ámbito vial.
