AFINIA es una empresa de servicios públicos mixta cuyo capital está dividido en acciones, siendo accionista mayoritario y controlador directo Empresas Públicas de Medellín EPM, al adquirir participación del 85 % y EPM LATAM con 15 %.
El 20 de marzo de 2020, el grupo EPM resultó adjudicatario de uno de los procesos de subasta en los que fue separado el mercado eléctrico de la Electrificadora del Caribe por el gobierno nacional.
Su filial AFINIA tiene domicilio establecido en Cartagena y matrícula mercantil en Cámara de Comercio de Cartagena, registra como objeto social principal la prestación de servicios públicos de distribución y comercialización de energía eléctrica. El mercado de AFINIA representa aproximadamente el 12 % de participación del mercado energético nacional.
Al ser comercializadora, hace parte del mercado eléctrico y funciona como operador del servicio domiciliario de electricidad. Al comprar y vender energía frente a un Estado que poco regula y controla, se tiende a unas tarifas abusivas propias de un mercado oligopólico en el que participa AFINIA.
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En efecto, en la actualidad se presentan incrementos y abusos en la facturación mensual de los recibos de luz que dada su frecuencia y descontento están a la orden del día por aspectos que se discriminan como: precios de tarifa por Resolución; financiación y recuperación de inversión (en duda su nivel de cumplimiento); la Región Caribe debe ayudar a superar la crisis que nos dejó Electricaribe; dizque cambio de medidores (lo pagan los usuarios); altas ganancias; desigual liquidación de la tarifa con el índice de precios al consumidor; socialización de pérdidas, que terminan cargándose a las facturas; oficinas de PQR como falacia.
Al asumir el negocio del mercado eléctrico, el control político desde y sobre EPM también está a la orden del día y genera para los accionistas preocupaciones como: incumplimiento en las metas de recaudo; afectación negativa en los resultados financieros del negocio.
Altos costos en operación y mantenimiento (en no pocos casos los racionamientos de energía eléctrica o suspensión o apagones de luz se disfrazan de “mantenimiento”), pérdidas técnicas y físicas; cultura de no pago; territorios con escasa población pero en los cuales debe garantizarse la cobertura.
Al final, la estructura tarifaria es un saqueo certero a los bolsillos de los usuarios y un fraude al interés público. Y las ganancias también se miden en favores a intereses políticos y económicos de los que ofertaron en su momento para adquirir Electricaribe.
De forma paralela se presenta una discusión y protesta de la comunidad en diferentes departamentos y ciudades frente a los abusos de las tarifas que cobra AFINIA.
Tal discusión entre otras, se enmarca en la relación desigual entre: los ingresos y capacidad de pago de las familias, el consumo real de energía, y el valor mensual e injusto de la factura, por una parte. Y una empresa que genera utilidades sobre un negocio en que el gobierno es pasivo (no regula).
Discusión que se torna en forma de alerta, por la forma generalizada en que la protesta adquiere un llamado de atención a los alcaldes que son garantes y gestores de los servicios públicos.
Desde la misma comisión reguladora CREG, se establece una metodología y aumento que apunta a socializar las pérdidas. Resolución 010 de 2020 artículo 13 parágrafo 1°: “Los comercializadores de energía eléctrica deben trasladar a sus usuarios el reconocimiento de pérdidas calculado según…”.
Valores que deben ser trasladados a los OP (operadores de redes). De acuerdo a la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica AFINIA, el componente de pérdidas se paga entre todos.
En cambio, se privatizan e individualizan las ganancias, encuadrándose la tarifa de los servicios públicos en la lógica de un mercado eléctrico insensible que abusa de los usuarios. Socializar las pérdidas es trasladar al usuario a través de facturas la ineficiencia y corrupción de la empresa.
Como típica lección aplicada por la CREG con enfoque neoliberal se desregula el mercado actuando de forma pasiva frente al clamor de la comunidad.
Frente a un Estado que no regula ni controla, surge la mano invisible del mercado (eléctrico) que, en caso de pérdidas, solicita el auxilio de la mano visible del Estado (Fondos para subsidiar las tarifas altas). Las pérdidas tienen repercusión en las tarifas, en los usuarios. Y las ganancias tienen como epicentro la voracidad financiera de sus dueños en un mercado eléctrico desregulado o regulado en apariencia.
En lo que respecta a las pérdidas, para que no afecten tan directamente las facturas de luz habrá tela por cortar sobre los alcances de la propuesta de crear Fondos de Estabilización de Precios para subsidiar a los usuarios (Presupuesto Nacional, según propuesta).
Importante también, que generadores de energía y transmisores también aporten a la solución del problema de altas e injustas tarifas frente a sus considerables ganancias.
Igualmente, en un Estado Social de Derecho y de función social de la propiedad es dable involucrar en las utilidades de la empresa AFINIA un porcentaje para inversión social en la comunidad y se alivien tareas sociales para compensar componentes abusivos en que se monopolizan y liquidan las tarifas.
Es acá donde el Estado debe intervenir o retomar el control de las empresas eléctricas y promover más soluciones y menos problemas. AFINIA está diseñada para operar un negocio alejado de rentabilidad social. En cambio, obtiene beneficios a costa de sobretarifas que impactan negativamente la calidad de vida de la gente.
En el entretanto, el país avanza hacia la transición energética, la autogeneración de energía, la energía eólica, y la energía solar. En las que se plantean alternativas de servicio eficiente de energía a menos costos.
