Esta semana presentó su renuncia uno de los más altos directivos de la señora alcaldesa Claudia López. Nada más y nada menos que el director de Diálogo y Convivencia Social. Rimbombante nombre para una entidad que debe velar, según su nombre, por la participación ciudadana y el control social a la gestión pública, pero cuyo exrepresentante parece haber hecho totalmente lo contrario.
Cabe anotar que la dimisión estuvo motivada por graves acusaciones de acoso sexual de jóvenes mujeres que buscaban una posibilidad de trabajo mediante un contrato de prestación de servicios con dicha entidad, según informaron algunos medios y la denuncia de una concejal de la ciudad.
Sea como sea, no sería la primera ni la última vez en la que se presume que un directivo público (o nominador del Estado), que tiene el poder y la discrecionalidad de contratar personas para trabajar con entidades públicas, abuse de su posición y de la necesidad de una mujer para acosarla sexualmente.
Esta es una de las aristas más indignantes de los contratos de prestación de servicios, el acoso sexual del que son víctimas las mujeres para poder obtener un contrato de estos.
La discrecionalidad de la que gozan los nominadores públicos para contratar personal en las entidades públicas, donde prima el tráfico de influencias, el pago de favores electorales y el amiguismo, muchas veces es contraproducente.
La persona que no se circunscriba a esas circunstancias para ser contratada le será imposible tener una oportunidad laboral. Y es esa la oportunidad que tiene el abusador (directivo público) para acosar y abusar de las mujeres de su interés.
De otra parte, para la continuidad del contrato nacido de esta forma lo importante no es el desempeño laboral sino el desempeño en la cama de la contratista, lo que valora el nominador para su continuidad.
Hace un tiempo un amigo psiquiatra me pidió ayuda para lograr detener y castigar el abuso sexual y psicológico del que era objeto una de sus pacientes. Este fue cometido por un concejal de una gran ciudad hacía a una mujer a la que había logrado vincular mediante un contrato de prestación de servicios con una entidad pública.
Era una mujer cabeza de familia y soltera que carecía de las influencias políticas para poder obtener un contrato hasta que conoció a este concejal y obtuvo el codiciado contrato. Pero empezó su infierno porque este político la convirtió en un objeto sexual hasta llegar a enfermarse mentalmente.
El día que no accedió a los deseos de este político abusador terminó su relación contractual y por ende su afectación mental se complicó hasta llegar a la depresión y acudir al psiquiatra.
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En Bogotá, la señora alcaldesa prometió en campaña acabar con el clientelismo de la paralaboralidad de los contratos de prestación de servicios, pero la realidad en su gestión laboral hasta el momento ha demostrado lo contrario.
Los contratistas de prestación de servicios ya casi llegan a 60.000, y casi en su totalidad son vinculados por los mecanismos tradicionales y un porcentaje menor por la plataforma Talento, no palanca, que ha generado más dudas que certezas y que nadie controla ni audita.
Esa discrecionalidad para contratar a más de 50.000 personas tiene muchos componentes que no son claros, trasparentes, públicos, ni meritocráticos, y donde los riesgos de abusos sexuales son altos como el caso en comento.
Tal vez esta será una de las razones por la que esta modalidad de trabajo con el Estado no se termine, ya que es una oportunidad de manipulación que tiene la clase política gobernante para abusar de las personas y explotarlas de todas las formas, pero especialmente en materia sexual a mujeres necesitadas.
En ese sentido, la meritocracia y la carrera administrativa son instituciones que permiten una selección de los y las mejores, sin distinción distinta a la demostración de las capacidades, habilidades y competencias para ingresar al Estado y hasta en la empresa privada, sin más miramiento que estas condiciones.
La cosificación de la mujer, el acoso sexual y su violación son otras formas de violencia silenciosa a la que se ven sometidas tanto en el sector público como privado por el poder y, de igual manera con el tufillo machista reproducido en las esferas gubernamentales.
Muchas veces se observan mujeres muy bellas trabajando en entidades de los dos sectores (público y privado), ocupando distintos niveles organizacionales, pero cuya forma de vinculación esconde el abuso, la indignidad y la explotación sexual.
Mientras no se haga realidad la vinculación meritocrática de los contratistas de prestación de servicios, como ocurrió en la Defensoría del Pueblo, para vincular contratistas de prestación de servicios, ni se amplíen las plantas de personal con los objetos contractuales de estos trabajadores y se vinculen posteriormente por mecanismos de carrera, y mientras los órganos de control no cumplan con la vigilancia y control de estas irregularidades constitucionales y legales, estos abusos no cesarán y las mujeres serán las más vulnerables (como en el caso narrado).
La historia de lucha de la mujer ha logrado importantes avances, pero esta problemática persiste y debe ser abordada no solamente desde la institucionalidad sino del movimiento social de los derechos humanos, sindical, de género y del no más.
